Uno de los grandes dolores de cabeza de los usuarios del sistema de salud y del Estado es el alto precio de los medicamentos. Por eso, a mediados de esta semana, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos estableció un nuevo sistema para optimizar el costo. Una decisión del organismo oficial que prendió las alarmas en la industria farmacéutica que considera que se van a reducir significativamente sus ingresos y que el nuevo sistema podría no garantizar la reducción de los precios en pequeñas farmacias.
En 28 artículos, la circular estableció un nuevo esquema de intervención de precios. Desde el pasado 21 de mayo y en 30 días se fijarán los precios máximos que se aplicarán con base en la comparación de precios de una lista de 17 países. En otras palabras, si el medicamento tiene un precio promedio de referencia superior al internacional, de inmediato la Comisión fijará un precio tope de venta. Según el Ministerio de Salud, se hará énfasis en los medicamentos de mayor impacto sobre el sistema hasta llevarlos a precios razonables. El Gobierno espera con la medida una reducción de gasto anual del 37%.
Sin embargo, no es la primera vez que el Estado intenta controlar los precios. En los años 70, con el desaparecido Instituto de Seguros Sociales, se adoptó un listado de medicamentos y un modelo de compras centralizadas que no funcionó. Una década después, en los 80, se buscó la reducción de precios a través del fomento de los denominados genéricos. Ya en los 90, con la Ley 100, aparecieron los medicamentos esenciales en el Plan Obligatorio de Salud.
En 2003 se creó la Política Farmacéutica Nacional y más recientemente, en 2011, se reformó la Ley 100 buscando optimizar la utilización, garantizar su calidad y evitar las inequidades en el acceso. Al igual, el vigente Plan Nacional de Desarrollo definió la necesidad de regular el uso de los medicamentos. Fueron más de cuatro décadas con un resultado similar: precios de medicamentos altos, ausencia de sistemas de información confiables y un mercado que facturó el año pasado cerca de $8 billones.
Paradójicamente, según cifras a marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por solicitud de la Comisión Nacional de Medicamentos, ha iniciado 5.832 procesos de investigación contra actores del sistema (laboratorios, clínicas y hospitales) por presunto incumplimiento del envío de los reportes de información sobre compras y ventas de medicinas en los años 2010 y 2011, y a la fecha ha impuesto 2.727 sanciones.
Pero fue la Corte Constitucional, en la Sentencia T -760 de 2008 y en el Auto 263 de octubre de 2012, la que ordenó al Ministerio de Salud expedir la regulación requerida para conjurar la crítica situación de sobrecostos de precios de medicamentos POS y No POS del sistema de salud. A partir de la advertencia de la Corte, el Ministerio agilizó el nuevo esquema de intervención de precios.
Y fue justamente desde febrero que la Comisión Nacional de Precios, integrada por Catalina Crane, delegada del presidente de la República; Alejandro Gaviria, ministro de Salud, y Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, a través de su grupo técnico asesor, puso a consideración de los actores de la industria farmacéutica el borrador de la circular. Fue el 19 de marzo Afidro, tres días después la Andi, lo propio hicieron Asinfar, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y, hace pocas semanas, el grupo Socofar-Cruz Verde, que hicieron numerosas observaciones a la iniciativa.
Su sorpresa fue mayor esta semana cuando comprobaron que entre el borrador que fue puesto a disposición de la industria y la circular definitiva expedida no hay diferencias de fondo. De allí que los laboratorios prendieron las alarmas al considerar que ninguna de las observaciones en los canales institucional y comercial fueron tenidas en cuenta.
En el caso de algunos laboratorios multinacionales agremiados en Afidro, al igual que los hospitales y clínicas, no fueron aceptadas ninguna de sus diez observaciones. Frente a los nacionales agrupados en Asinfar la falta de diferenciación frente a los extranjeros no se modificó. En cuanto a la Andi no hubo aceptación de una matriz para trabajar la metodología de precios. Frente a los distribuidores, dicen que no se consideraron todos los costos de operación del negocio. Y en las farmacias, las que recibirán medicamentos a menor costo, hay indicios de que no se puede controlar fácilmente que los vendan al precio justo.
Al respecto, Nancy Huertas, directora de medicamentos del Ministerio de Salud respondió: “La medida la hemos construido durante varios meses. Y, por supuesto, la industria participó en esa discusión pública. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto”. El nuevo esquema de intervención de precios de medicamentos ya está en marcha, una medida de choque que busca reducir gastos, pero que tiene con fuerte jaqueca a la industria farmacéutica.