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“Pacto de caballeros”, así se llamó el acuerdo ilegal entre los presidentes de 16 clubes y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para vetar a ciertos futbolistas que, por distintas razones, decidieron poner fin a sus contratos. Una investigación de la Superindentencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que los “caballeros” del fútbol se intercambiaron comunicaciones entre sí pidiendo no contratar a esos futbolistas de la “lista negra”, con el fin de que ellos se quedaran en los equipos que les ofrecían malas condiciones laborales o que los clubes pudieran sacar una gran tajada por sus “pases”. El expediente es inédito en Colombia, aunque ya tiene un antecedente en México, y se investigó en tiempo récord. (Estos son los clubes y personas investigadas por la SIC)
El nuevo capítulo de la corrupción en el fútbol empezó el pasado 23 de abril, cuando el único sindicato de futbolistas en el país, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), radicó una denuncia ante la Superindustria, en contra de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Dimayor y los clubes del fútbol profesional. Lo que ahí se expuso fue la existencia de un supuesto “cartel” que pactaba no contratar a ciertos jugadores, especialmente aquellos que decidían terminar sus contratos laborales con los clubes de forma unilateral. Dicho documento llegó firmado por el apoderado de Acolfutpro, Jairo Rubio Escobar, reconocido abogado que conoce bien el tema, pues fue superintendente de Industria y Comercio. (La lupa de la SIC a los contratos del fútbol colombiano)
Para ejemplificar sus alegatos ante el organismo de control, los denunciantes aportaron tres comunicaciones suscritas por los presidentes José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo; Ricardo Hoyos, del Boyacá Chicó; y José María Campo Alzamora, del Unión Magdalena. En dichas comunicaciones, palabras más palabras menos, los dirigentes pedían al resto de los clubes profesionales de fútbol vetar y no contratar a los futbolistas Luis Fernando Miranda, Harrison Mancilla Mulato, Nelino Tapia Gil, Hernán Luna Gómez y Jermein Peña Maiguel. (SIC investigará a la Dimayor por presuntos actos anticompetitivos)
El expediente se volvió prioridad en la Superindustria, donde hace menos de un año sancionaron por primera vez a las máximas directivas del fútbol en Colombia, las de la Federación Colombiana de Fútbol, por el sonado escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. La denuncia sustentada de Acolfutpro con los casos ahí expuestos sirvió para arrancar a investigar. Así que, casi tres meses después, se programaron las visitas e inspecciones sorpresas a algunos de los equipos mencionados en distintas ciudades y, finalmente, a la Dimayor, en Bogotá, por ser la entidad que regula los torneos de los 35 equipos del fútbol profesional colombiano y que, al parecer, estaba enterada del acuerdo ilegal, según la SIC.
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Durante las visitas a las instalaciones de los clubes, la SIC confiscó la información electrónica de varios celulares y computadores, así como tomó declaraciones a los presidentes de los equipos, quienes admitieron la existencia de las comunicaciones en las que se buscaba vetar a los futbolistas, aunque negaron el verdadero propósito de esta práctica. Una de las cabezas del fútbol le contó a este diario que, durante las visitas del organismo de control, ninguno de los presidentes se negó a dar su declaración ni a entregar información de sus dispositivos, lo que sin duda ayudó mucho a recaudar la mayor cantidad de pruebas.
De hecho, los correos intercambiados entre los presidentes de clubes y sus conversaciones en Whatsapp se convirtieron en el corazón de la investigación. Tras analizarlos, la SIC concluyó que las 23 comunicaciones buscaban impedir la contratación de futbolistas que renunciaban con justa o sin justa causa a sus contratos con los equipos o que, seis meses antes de que terminaran los contratos laborales, anunciaban que no los renovarían. La ilegalidad del asunto es que los jugadores, como cualquier otro trabajador en Colombia, son autónomos de elegir con quién trabajan y en qué condiciones. Y el hecho de renunciar a un contrato laboral no tendría por qué generar su inclusión en una lista negra para impedir una nueva contratación.
El acuerdo, considerado anticompetitivo, operaba de esta forma: un jugador le anunciaba al club su decisión de terminar su contrato laboral porque, por ejemplo, le adeudaban hasta tres meses de salario; luego, el empleador (el club) ignoraba la renuncia del futbolista y se rehusaba a aceptarla. Sin embargo, de inmediato, éste le avisaba a los demás presidentes de los equipos sobre la situación de ese jugador, para que ningún otro lo contratara o para autodenominarse como intermediario y de esta manera negociar el “pase” con otro equipo, lo que significaba recibir un porcentaje por indemnización.
Esto último es ilegal, porque una vez se termina el contrato laboral, el club deja de ser el dueño de los derechos deportivos y no tiene por qué negociar el pase del jugador, que debe quedar libre para tomar sus decisiones. Pero los réditos económicos que los clubes sacan de los derechos deportivos son atractivos, así que éstos buscan retener a los jugadores a toda costa. Solo en 2019, la venta de derechos deportivos representó el 26,1% de los ingresos operacionales de los clubes y en el caso del Club Atlético Nacional, por ejemplo, se reportó una variación de $36.4 mil millones obtenidos de las transferencias de jugadores.
El club que más intentó censurar a sus futbolistas, según la SIC, es Águilas Doradas, de Rionegro (Antioquia). El 1° de febrero de 2019, su presidenta, Paola Salazar Olano, envió un correo a los demás equipos informando que uno de sus jugadores había terminado su vínculo laboral de forma unilateral alegando justa causa. Por eso apeló a la “solidaridad del gremio” y al “pacto de caballeros” que existe entre los clubes en este tipo de situaciones. Además, el presidente de Deportivo Pasto, Óscar Casabón Rodríguez, admitió que Águilas Doradas suele enviar con frecuencia este tipo de mensajes.
En el mismo sentido, Gabriel Camargo Salamanca, presidente de Deportes Tolima, respondió ante la SIC: “Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas, Salazar. Ese sí hacía esas prácticas de mandar y que no contrataran a los futbolistas. A Vuletich, por ejemplo”. El dirigente se refiere a la carta que mandó Paola Salazar el 12 de junio de 2018 informando que el contrato entre el jugador argentino Agustín Vuletich y Águilas Doradas estaba próximo a terminar y que el futbolista no quería renovarlo, por lo que pidió a sus colegas que le informaran “sobre cualquier contacto con el jugador o su empresario”.
El argentino Agustín Vuletich es el único deportista extranjero mencionado en el caso del “pacto de caballeros”. Tras su salida del equipo Águilas Doradas, jugó en la segunda división italiana en US Salaretiana 1919 y en Potenza Calcilo, entre 2018 y 2020. A comienzos del año pasado, retornó a Colombia y firmó contrato con el Cúcuta Deportivo. Desde el pasado mes de enero presta sus servicios en el Independiente Medellín.
Otro de los casos críticos es el de Cúcuta Deportivo, actualmente en liquidación judicial, sin reconocimiento deportivo por el Ministerio del Deportes y desafiliado de la Dimayor, por no pagar a sus jugadores. Por estas razones el equipo ya no compite en torneos. El 9 de diciembre de 2019, José Cadena Mora, presidente del equipo, remitió una comunicación a la asistente de la presidencia de la Dimayor, informando que los jugadores Hárrison Mancilla y Luis Miranda habían terminado su contrato de forma unilateral, pero que el Cúcuta no consideraba que hubiera justa causa. Por ende, solicitó a los demás clubes abstenerse de negociar con los futbolistas, pues según ellos buscaban “sacar ventaja siempre de nosotros, los clubes”.
El mensaje fue reenviado desde el correo de la asistente de la Dimayor al resto de presidentes. Mancilla empezaría en enero de 2020 a jugar con el club Gimnasia y Esgrima de la Plata, en Argentina; al igual que Miranda en Deportes Tolima. Ambos se fueron del Cúcuta porque no les pagaban su salario. Pero Cadena se opuso y trató de evitarlo. El gerente de Deportes Tolima le dijo a la SIC que el propósito de la comunicación de Cadena era “amarrar los perros”, intentando “salvar los jugadores”. “A Miranda el último pago se lo habían hecho los primeros días de octubre, entonces ya habían pasado 60 días y no le habían vuelto a pagar (…) Este man no quería perder los jugadores”, afirmó el directivo.
Un caso similar se documentó en el Boyacá Chicó con el jugador Nelino Tapia Gil. El 5 de diciembre de 2020, el presidente del club, Ricardo Hoyos Ángel, advirtió en un correo que Tapia estaba vinculado hasta diciembre de 2022. Ese mensaje, a su vez, fue reenviado por el presidente del club Atlético, Gustavo Moreno Arango, a un grupo de Whatsapp llamado G-36, del que hacen las demás cabezas de los equipos, con esta anotación: “Mencionar el club que está perjudicando el FPC (Fútbol Profesional Colombiano) y violando los acuerdos”. Acolfutpro denunció públicamente que el equipo Boyacá Chicó eludía sus obligaciones laborales e impedía que sus jugadores fueran contratados por otros clubes.
Desde entonces, Boyacá Chicó se convirtió en la piedra en el zapato de Nelino Tapia, quien pese a terminar su contrato el 1° de diciembre de 2020, tuvo que prestar sus servicios al club hasta siete meses después, cuando finalmente pudo ingresar a Jaguares de Córdoba. Parecía casi imposible que Tapia terminara su contrato, y de eso quedó constancia en una conversación de Whatsapp entre una persona que parecía ser su representante y el presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón Rodríguez.
“Le tengo el jugador Nelino Tapia”, escribió el supuesto representante. “Pero ahí Pimentel (dueño de Boyacá Chicó) mandó una carta que tenía contrato”, replicó Casabón. “Esas son mentiras, el pelao no quiere continuar allá, el contrato se venció y él no quiere renovar”, explicó la contraparte. “Son acuerdos de los equipos”, respondió Óscar Casabón, dando a entender que definitivamente no contrataría a Tapia.
El Unión Magdalena tampoco escapó a está perversa práctica. El 6 de enero de 2021, su presidente, José Campo Alzamora, envió un correo con el asunto “Carta abierta a presidentes de clubes FPC”, en la que advirtió que los jugadores Hernán Luna Gómez y Jermein Peña Maiguel tenían contrato vigente con el club. Luna es jugador del Ilves Tampere, en Finlandia, desde abril de 2021; y, aunque Peña fue presentado como jugador de Magallanes en febrero de 2020, tuvo que regresar al Unión Magdalena, porque allí no lo dejaron terminar su contrato. El Ministerio del Trabajo adelanta una investigación contra este club samario por “adoptar el sistema de lista negra”.
Al igual que Peña, el jugador Jeison Medina también tuvo que lidiar con el Deportivo Pasto cuando renunció porque no le pagaban su salario y le salió una oportunidad en el extranjero. El 2 de julio de 2021, el presidente del club, Óscar Casabón, envió un correo a los equipos de la Dimayor informando que Jeison Medina había terminado su contrato sin tener en cuenta “la inversión económica que hemos realizado” y les solicitó “abstenerse de realizar cualquier tipo de vinculación directa o de servir de intermediario de Jeison Medina”.
Un día después, como Medina tenía la posibilidad de vincularse con el Gimnasia y Esgrima de la Plata, en Argentina, Casabón se comunicó con el representante de ese club argentino. “Creo que tienes que insistirle que el negocio es con Pasto (…) porque el jugador no es libre y queremos mantener las buenas relaciones”, se lee en el mensaje enviado por Casabón, quien también le escribió directamente a Medina. “En la mañana de hoy tenemos un diálogo con la gente de Gimnasia, ellos ya saben que quisiste liberarte de manera inadecuada y llegar como jugador libre y no lo van a aceptar (…) Piénsalo… reflexiona”, afirmó el presidente de Pasto.
Minutos después, Casabón capturó un pantallazo de la conversación con el club argentino y lo reenvío a un grupo de Whatsapp llamado “Comité Ejecutivo 18-22″, del que forman parte otras directivas del Pasto. “Miren el mensaje de Gimnasia Esgrima de la Plata respetando el club (…) Ahí puedes ver cómo actuamos, bloquearlo en Colombia y se le dañó el negocio en Argentina, mientras pretenda llegar libre va a ser muy difícil”, escribió Casabón a sus interlocutores.
Para la época de estas conversaciones, Deportivo Pasto llevaba cerca de tres meses sin pagar a sus jugadores el salario ni la seguridad social, y por eso los futbolistas dejaron de jugar un partido en la Liga Betplay. Ese hecho ameritó también una investigación sancionatoria por parte del Ministerio del Deporte.
Todas estas actuaciones de los clubes fueron consideradas como ilegales por la SIC que, además, llamó la atención sobre el hecho de que los presidentes fueran conscientes de la ilegalidad de su “pacto de caballeros”. En uno de los correos, Carlos Zuluaga Pérez, presidente de la Equidad, escribió: “Espero que estos correos sean verdaderamente privados y no salgan a la luz pública como desafortunadamente han salido algunos conceptos emitidos en el wasap. Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de… Eso puede ser interpretado jurídicamente a una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás”.
El “pacto de caballeros” fue tan nocivo para los jugadores en Colombia, que incluso uno de ellos nunca volvió a jugar con un equipo profesional, tras ser vetado por el Envigado. En palabras de la SIC, este acuerdo ilegal puso en riesgo el ingreso de subsistencia de los deportistas y la continuidad de sus carreras deportivas. “Se han identificado conductas anticompetitivas por parte de los clubes de fútbol, cuyo principal objetivo es asegurar la obtención de ingresos por concepto de transferencias temporales y definitivas de los jugadores (…) Es gracias a la colusión entre directivos de los clubes, plasmada de las comunicaciones analizadas, que el objeto de las actuaciones investigadas se habría materializado”, concluye la SIC en su investigación.
Los jugadores continúan con miedo a hablar con nombre propio sobre el veto implementado por los clubes. Solo dos de ellos, que no son parte de la denuncia inicial, hablaron ante la SIC para exponer sus casos ocurridos antes de 2016, que sirvieron de contexto a la pesquisa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno de ellos fue Rafael Pérez Almeida, quien terminó su contrato con el Real Cartagena en enero de 2012, antes de que se venciera el plazo, porque no le pagaba su salario. Como no encontró posibilidades de jugar en otro equipo en Colombia, tuvo que irse al Chongqing, en China.
Al volver a Colombia para negociar con el Independiente Medellín, Real Cartagena se atravesó en el camino alegando que el contrato estaba vigente, y Pérez tuvo que pagar $100 millones como indemnización, para quedar libre. “Las consecuencias hubieran sido las mismas del año 2012 y fue nuevamente jugar en el exterior, porque si no hubiera aceptado las condiciones, no hubiera podido volver a Colombia en algún momento”, contestó Pérez a los investigadores. Así mismo, Cléider Alzáte contó que, cuando no quiso renovar su contrato en 2015 con Águilas Doradas, el club se inventó un documento para extender la relación laboral sin su consentimiento. Este caso fue presentado incluso ante la justicia penal por el delito de falsedad en documento privado.
Este “pacto de caballeros”, sin embargo, no nació en Colombia. Ya tiene un antecedente documentado en México, donde hace un mes la Comisión Federal de Competencia Económica (el equivalente a la Superindustria) sancionó a 17 clubes de la Liga MX por el mismo “pacto de caballeros”, que busca controlar el mercado de fichaje de las y los futbolistas, y retenerlos cuando terminan sus contratos. Ahora, ese acuerdo ilegal mexicano tiene una versión colombiana, que se diferencia del primero por haberse pactado, pero de forma encubierta entre los presidentes de los clubes, y no de una forma pública.
Como consecuencia, la SIC asegura que 16 clubes y sus presidentes, así como la Dimayor, deben responder por este acuerdo ilegal y ya formuló pliego de cargos. El Espectador se comunicó con las cabezas de siete de esos equipos y ninguno quiso dar su versión. Por lo pronto, el paso siguiente en el expediente de la Superindustria es que los acusados se defiendan y controviertan las pruebas, para que, más adelante, se dé una primera decisión de fondo.
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