El pasado 3 de septiembre de 2008, el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, remitió al Consejo Nacional Electoral el informe contable que presentaron a su despacho los promotores del referendo constitucional que busca una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
En el referido informe se hizo una relación detallada de los aportantes que financiaron la iniciativa. Dentro del listado se registraron los nombres de 39 reconocidas empresas, entre ellas Mayagüez S.A. y Manuelita S.A., dos compañías de amplia trayectoria en el país dedicadas a la producción de azúcar.
Casi cuatro meses y medio después, el 19 de enero de 2009, el Ministerio de Agricultura efectuó una convocatoria pública con el propósito de cofinanciar proyectos de infraestructura de riego y drenaje dentro del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Luego de un proceso de evaluación de los proyectos, a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el pasado 21 de agosto se hicieron públicos los resultados de la convocatoria.
Ese día fueron declarados elegibles proyectos en dos categorías. En los denominados como tipo 1 fueron escogidos 55 planes por $63.570 millones. En cuanto al segundo grupo, denominado tipo dos, fueron elegidos 45 por un valor total de $8.947 millones.
Este último grupo fue el que generó un amplio debate en el país, en razón a que resultaron beneficiarios de subsidios no reembolsables la ex reina Valerie Domínguez Tarud y las cuatro familias Dávila, del departamento del Magdalena, quienes recibieron cerca de $2.500 millones.
En ese mismo grupo aparecieron también como beneficiarias de subsidios para desarrollar proyectos en los municipios de Candelaria y Puerto Tejada (Valle del Cauca) las compañías Mayagüez S.A. y Manuelita S.A., que el año anterior hicieron aportes a la Asociación Primero Colombia, que manejó el referendo constitucional.
En el caso de la compañía Mayagüez S.A., ésta recibió cinco subsidios correspondientes a igual número de proyectos por un valor total de $1.107 millones. Casualmente, la empresa había hecho una donación de $25 millones al referendo.
En cuanto a Manuelita S.A., recibió un subsidio de $258 millones. En un proyecto de formulación de cargos por la financiación del referendo aparece relacionada como donante a la iniciativa, con un aporte de $5 millones.
De igual manera, en la página 21 del citado documento se señala frente a una declaración que entregó Carlos Alberto Jaramillo, gerente de la iniciativa al Consejo Electoral: “Documentos como el que usted me exhibe fueron entregados no solamente al señor Dávila en Santa Marta, sino a una multitud de personas a lo largo y ancho del país”. Entre tanto, las autoridades siguen investigando el caso AIS pare determinar si hubo o no favorecimiento alguno.
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