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Este miércoles la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) expidió un comunicado ene el que señala que está revisando el tema. "La Junta Directiva ordenó hoy una nueva revisión del proceso y les solicitó a las autoridades competentes en materia judicial, informar si existe algún indicio o prueba de hechos que inhabiliten a Elite Entertainment Television o a sus socios para explotar título habilitante", dijo el comunicado.
. En diálogo con La W, la señora Hoyos aseguró que la CNTV contrató un equipo jurídico para deshacer el contrato en el que resultó favorecida la firma Elite como concesionaria por diez años para ofrecer el servicio de televisión por satélite.
"Nosotros no podemos salir a responder por acuerdos privados que hagan terceros, pero sabiendo eso lo responsable como representante del Estado es entrar a revisarlo, por eso hemos contratado al doctor Gabriel de Vega para mirar qué acciones podemos tomar", dijo en diálogo con la emisora.
Sin embargo, la funcionaria señaló que no se han encontrado indicios que exista una relación entre la firma DMG y la CNTV y que por eso cree que se debe revisar la legalidad de los términos en que se hizo la adjudicación.
El informe confidencial de la Superintendencia de Sociedades, conocido por El Espectador, ratifica que Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A. le desembolsó a la sociedad Elite Entertainment Televisión S.A., durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, la suma de $1.680 millones, en cinco giros fraccionados.
Allí, aparece vinculado el señor José Fernando Grisales, asesor clave de Elite Entertainment Televisión S.A., quien recibió cinco giros en efectivo y cheques por la suma antes mencionada.
A través de esta operación, Elite recibió la licencia estatal para prestar el servicio de televisión satelital para lograr la capitalización de la empresa satelital, que busca prestar el servicio ofreciendo una parrilla de programación de 120 canales para estratos uno, dos y tres.
El asunto no pasaría de ser un crédito más entre empresas de no ser porque los recursos salieron de Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A., la empresa intervenida por el Gobierno en razón a que allí se manejó parte de los millonarios recursos que los ahorradores depositaron en DMG.