La masacre de Bojayá y la Operación Génesis son dos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano, los cuales fueron perpetrados por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual era dirigido en los años noventa por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán”. El primer hecho ocurrió en mayo de 2002, en medio de un enfrentamiento entre los paras y las Farc, que dejó 80 personas asesinadas. El segundo hecho fue ejecutado en febrero de 1997 por el Ejército junto con los paramilitares, con el pretexto de expulsar a la guerrilla de Riosucio, Chocó. Sin embargo, terminaron desplazando forzosamente a 3.500 personas y asesinando a un campesino: Mario López Mena.
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El Centro Nacional de Memoria Histórica ha dicho que parte de esa estructura criminal fue financiada por empresarios de distinta índole, como ganaderos, palmeros y madereros. Sobre este último gremio, la justicia acaba de tomar una decisión de fondo contra cuatro miembros de una compañía sobre la cual, desde hace décadas, había serios indicios de que colaboró con el proyecto paramilitar de la casa Castaño. En primera instancia, un juzgado especializado de Antioquia condenó a seis años de prisión domiciliaria a cuatro altos directivos de Maderas del Darién, una filial de la desaparecida empresa Triplex Pizano S. A., y una de las más grandes en el Urabá durante los años en que las AUC controlaban la región.
Los cuatro condenados por el delito de concierto para delinquir agravado son: Jorge Amézquita García, gerente; Saúl Buriticá Cifuentes, jefe de producción; Jaime Guillermo Hernández Truten, jefe de recursos humanos; y Ronal Palacios Romaña, asesor del administrador y enlace de la empresa con las comunidades. El ente investigador presentó extensos informes periciales elaborados por investigadores del CTI, que dan cuenta de cómo, entre 2001 y 2005, Maderas del Darién entregó COP 733 millones al grupo criminal, lo que equivaldría a unos COP 1.900 millones actualmente. Ese dinero primero era entregado a un contratista, Néstor Cayetano Victoria, que, a su vez, los entregaba a los paras.
La justicia tenía en la mira a Maderas del Darién desde 1998. Ese año, la Fiscalía encontró el nombre de la maderera en un documento en una oficina en el centro de Medellín donde operaba el centro financiero de los paramilitares: el denominado parqueadero Padilla. Junto a Maderas del Darién estaban otros supuestos financiadores del grupo criminal. Un episodio que hoy todavía resuena en los pasillos judiciales porque dio las primeras pistas de cómo ese grupo criminal en Antioquia. Incluso, un exparamilitar declaró en el proceso contra los cuatro directivos de la compañía que alias Lucas, el cerebro financiero de los hermanos Castaño, era el que enviaba dinero al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.
La sentencia recoge los testimonios de cuatro exparamilitares, incluido el de El Alemán, quienes aseguran que se reunieron en varias ocasiones para coordinar la financiación al Bloque Elmer Cárdenas, la cual, según las autoridades judiciales, no fue una extorsión, sino una “colaboración voluntaria”.El Alemán dijo en varias versiones libres ante la Fiscalía: “Sobre el río Atrato y sus afluentes se tenía control sobre todo lo que se transportaba, sobre todo con la madera, que era el principal medio legal (...) Si me reuní una o dos veces en compañía de un subalterno del Bloque, que era el que manejaba esa relación con ellos (Maderas del Darién) (...) Es cierto que ellos nos daban aportes financieros por mucho tiempo… los aportes económicos fueron acordados con ellos y fue de manera voluntaria”.
La financiación y el escenario de conflicto
Para reunir el dinero que financió a los paramilitares, Maderas del Darién recurrió a un método que, según la justicia, le fue “impuesto” a las comunidades negras y campesinas de donde extraía la madera la compañía. Los líderes de las comunidades afrodescendientes de Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó le contaron a la Fiscalía que se les descontaba un porcentaje del dinero que ganaban de esa madera con el fin de “asegurar la continuidad de las operaciones empresariales en la región del Bajo Atrato, donde las comunidades fueron sometidas a desplazamiento y despojo por parte del Bloque paramilitar Elmer Cárdenas (...) hubo un beneficio recíproco entre el sector privado y la estructura paramilitar”.
Un informe de la Fiscalía logró rastrear la ruta y el manejo contable de los fondos de la empresa. “Un dictamen pericial contable exhaustivo puso de manifiesto graves irregularidades contables, la utilización ‘creativa’ de asientos en las cuentas bancarias, el uso de rubros para girar recursos a terceros distintos al proveedor real, la simulación de proveedores/contratistas y la identificación de 17 terceros naturales y cinco personas jurídicas que habrían servido de pantalla para los desembolsos, todo ello con la finalidad de desviar recursos a favor del Bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares”, dice el documento conocido por este diario.
El dictamen pericial determinó que Cayetano Victoria, el enlace entre los hombres de El Alemán y Maderas del Darién, recibió de la compañía la suma de COP 937 millones, de los cuales solo COP 207 millones correspondían a bienes o servicios efectivamente prestados por él. “La cifra restante de COP 730 millones habría sido desviada mediante obligaciones registradas a nombre de terceros y cobradas por el contratista con destino al grupo armado ilegal. Dineros que fueron descontados a las comunidades afro, lo que agrava la lesión patrimonial y el carácter de victimización colectiva de los consejos comunitarios de Urabá”, señala el documento.
Previo a la Operación Génesis del Ejército y los paramilitares, ejecutada en 1997, el frente 57 de las Farc y el Eln tenían una fuerte presencia en el Urabá. Un empleado de Maderas del Darién entre 1986 y 1996 contó que, en 1991, las Farc dinamitaron dos remolcadores y dos tractores forestales de la empresa. “Yo supongo que el motivo fue para presionar a la empresa por algo”. El fallo también dice que, a partir de la expansión de las AUC en el Urabá, aumentaron los enfrentamientos con la guerrilla, lo cual generó un complejo escenario de orden público para la población civil, que incluyó asesinatos, desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades, despojo de tierras, amenazas, entre otros hechos.
La Fiscalía también presentó como pruebas correos e interceptaciones de llamadas en las que los cuatro condenados “discutían la búsqueda de testigos, la manipulación de documentos y la preparación de estrategias para justificar pagos irregulares, lo que evidencia una conciencia plena de la ilicitud y una conducta orientada a la obstrucción de la investigación (...) Estas llamadas dejan entrever que los sindicados empezaron a localizar al antiguo representante legal de Pizano, Enrique Camacho Matamoros, para que hablara con un empleado, quien se había autodenominado ‘una piedra en el zapato’ por negarse a realizar actividades que no le correspondían”.
Camacho Matamoros, quien es presidente de Millonarios F. C. desde 2014, dijo durante el proceso que jamás habló con ese empleado con tal propósito: obstruir la justicia. Además, sobre Camacho actualmente no existe ningún requerimiento judicial relacionado con la financiación de los paramilitares.
Lo cierto es que tres de los cuatro directivos de Maderas del Darién (Buriticá Cifuentes, Amézquita García y Hernández Truten) cumplirán su pena en detención domiciliaria, ya que, dice el juzgado de primera instancia, las condiciones personales, edades y comportamientos de los condenados durante el proceso penal, “no resulta necesario que cumplan la pena en una cárcel”. En cambio, Palacios Romaña sí tendrá que hacerlo tras las rejas, en un lugar que determinará el INPEC.
El Espectador conoció que, hasta el momento, la defensa de los condenados no han presentado la apelación del fallo de primera instancia, pero está cantado que lo harán sosteniendo los argumentos que sostuvo en el juicio para pedir la absolución de sus clientes: que no existe una prueba contundente que demuestre la acusación de la Fiscalía pues, a su parecer, los informes periciales de la Fiscalía “carecen de rigor” y contradicción de los testigos.
Por su parte, fuentes del ente investigador señalan que: “Este fallo representa el primer pronunciamiento de la justicia colombiana sobre una Maderas El Darién. Ya había sentencias contra palmeros y ganaderos que se aliaron con los paramilitares para consolidar el proyecto de los hermanos Castaño Gil”. Hoy, en primera instancia, la justicia confirmó que la empresa maderera también hizo parte de ese plan.
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Por David Escobar Moreno
