Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A mediados de la semana pasada fue radicada en la Corte Constitucional una solicitud que tiene inquietos a los nueve magistrados que componen el alto tribunal y a 27 de sus magistrados auxiliares. Se trata de una petición que envió el congresista del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, quien, argumentando facultades de información y control del parlamento, solicitó documentos que buscan demostrar que algunos miembros del alto tribunal se reunieron con servidores del Ejecutivo para gestionar asuntos relacionados con el plebiscito. El requerimiento ya se tramita en la Corte; sin embargo, ha generado revuelo porque la instrucción es que cada uno de los 36 magistrados respondan, a su libre albedrío la petición.
En la solicitud de información del congresista Ramos, requiere que la Corte Constitucional le indique las reuniones que han tenido tanto magistrados titulares como magistrados auxiliares con funcionarios o contratistas del Estado, desde el pasado primero de junio a la fecha. Al respecto, el parlamentario solicitó el nombre, si fue así, de la persona con la que se reunió o se reunieron los altos togados, identificando su nombre y cargo, el lugar, fecha y duración de la reunión, así como los temas que allí se trataron.
En la misma solicitud, el parlamentario les pregunta a los magistrados si han recibido algún tipo de “insinuación, promesa o presión de servidores públicos, contratistas del Estado o particulares, respecto del trámite de acciones jurídicas relacionadas con el plebiscito sobre la negociación entre el Gobierno nacional y el grupo terrorista Farc”. En este sentido, Ramos Maya ha solicitado a la Corte Constitucional que le indiquen nombre de la persona, cargo del servidor, fecha y tipo de la actuación y respuesta entregada por los magistrados.
El Espectador conoció que, una vez la Corte Constitucional recibió la petición, el magistrado Luis Ernesto Vargas, quien está próximo a cumplir su periodo de ocho años en el alto tribunal, convocó una reunión con la mayoría de los magistrados auxiliares. Uno de los funcionarios que estuvo en la cita manifestó que fue evidente la preocupación de Vargas y, una vez revisada y analizada jurídicamente la respuesta, se propuso que se argumentaría en una respuesta común: que el Congreso no tiene competencia para requerirla y que el caso se llevaría a la Sala Plena de Corte Constitucional para discutirla con los nueve magistrados que integran la corporación.
Al respecto, luego de la sesión de la Corte de ayer, se conoció que se debatió la posición inicial de la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, quien señaló que lo que se pensaba era una respuesta general a la petición; en otras palabras, una postura similar a la del magistrado Vargas.
Contrario a lo que piensan los magistrados, otro señaló: “Por transparencia, se debe responder la petición. No entiendo por qué algunos magistrados se han sentido ofendidos por la petición. Aunque es claro que el Congreso no nos puede hacer control y hay independencia judicial, pero no veo por qué la Corte no puede responder a la solicitud tranquilamente”. Al cierre de esta edición, la postura no era unificada y se decidió dejar en libertad a cada magistrado para responder.
Frente a esta posición, el senador Ramos ha fundamentado la petición de la información, en el Reglamento del Congreso, Ley 5 de 1992, que señala que los senadores y representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al legislativo. De la misma forma, argumenta Ramos que se considera falta gravísima obstaculizar las investigaciones o no suministrar oportunamente a los miembros del Congreso las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.
La petición de Ramos se conoce en momentos en que la Corte Constitucional debe decidir cuál será el futuro del plebiscito, producto del limbo jurídico que se generó el pasado 2 de octubre cuando ganó el No. El alto tribunal también debe resolver cinco demandas que se presentaron contra el Acto Legislativo para la Paz, aprobado por el Congreso en julio, por medio del cual se establecieron los mecanismos jurídicos para implementar el acuerdo de paz.
