David Murcia, propietario de la intervenida comercializadora DMG, le planteó al presidente Álvaro Uribe y al Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz, una nueva fórmula a fin de resarcir a los cerca de 500 mil personas que tienen embolatados los recursos que invirtieron en la compañía.
Desde la cárcel La Picota, en donde se encuentra recluido desde el pasado 21 de noviembre y es procesado por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dinero en concurso con lavado de activos, Murcia remitió una comunicación al Primer Mandatario y al Superintendente en la que propone que en vez de devolverle a cada tarjetahabiente entre $100.000 a $190.000 producto de la reclamación, como se tiene estimado, se les entreguen acciones de una nueva empresa que se crearía con aportes simbólicos de los socios.
Según Murcia, el procedimiento a seguir sería vincular a todos los afectados a un Holding Empresarial Sociedad Anónima, entregándoles acciones con un valor simbólico de $1.000. “Por ejemplo, una persona que tenía $10 millones se le entrega un paquete de 10.000 acciones, en escrituras cada acción realmente tendría un valor de un centavo”.
Posteriormente, explica Murcia, cuando todos los clientes de DMG sean socios de las empresas se valorizarán las acciones y en este momento se transpasarán los activos incautados por el Gobierno. Con este capital, dice el cerebro de DMG, las compañías podrían empezar a funcionar nuevamente, previos estudios de viabilidad financiera. En su comunicación dice también que ,una vez culmine esta etapa, el Gobierno podría ayudar con créditos a bajo interés para consolidar la operación, que sería vigilada por las superintendencias.
En la carta indica que: “Mi plan no es complicado, sin embargo estoy dispuesto a que nos podamos reunir personalmente para discutirlo y ultimar detalles si es de su interés, pues parte de la familia DMG si lo es, ya tenemos firmas de apoyo; todos quieren esa opción y se supone que en un país democrático se hace lo que las personas pidan, pues a la final es el dinero de la gente. El Gobierno no les va a regalar nada y si así quedan más tranquilos pues bienvenido sea, es mi humilde opinión”.
Con una petición final: “le pido un año de plazo al gobierno para que las personas recuperen el total de la carga de las tarjetas, a los empleados sus sueldos y liquidaciones, y a los proveedores sus mercancías, pero necesito estar afuera de esta cárcel para poder trabajar con un grupo de profesionales e inversionistas, y además que no tengan encerrados a ninguno de mis familiares, comenzando por mi señora madre y mi esposa, así como yo realicé el plan de desmonte cuando la Superfinanciera en el año 2007 me ordenó hacerlo y lo cumplí. Les aseguro que al cabo del tiempo para que yo realice este nuevo plan desmonte, tendré la aprobación de todos los afectados y ustedes no tendrán ni una queja o demanda de ninguna persona hacía mi”.