En asuntos de política se aplica a diario la manida frase de “vivir para ver”. La última evidencia es la pelea que libra el uribismo purasangre contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes en un momento reciente del devenir colombiano llegaron a ser del círculo íntimo del expresidente Álvaro Uribe. Una confrontación que esta semana alcanzó su clímax cuando nueve congresistas del Centro Democrático las denunciaron ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la adición de un contrato para un tramo conexo del proyecto vial Ruta del Sol hasta el municipio de Gamarra (Cesar), que se autorizó en el año 2013. (Lea: Caso Odebrecht: Uribistas denunciarán a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody).
El tema ha sido tan intenso que ni los denunciantes ni las exministras han ahorrado palabras para el tono caliente de sus comentarios. Desde el mismo día que el uribismo se fue lanza en ristre contra Gina Parody y Cecilia Álvarez, ellas han manifestado que se trata de una persecución que se inició en el mismo momento en que denunciaron el paramilitarismo que permeó el gobierno de Álvaro Uribe. El propio presidente Juan Manuel Santos salió este viernes en defensa de sus excolaboradoras y en un mensaje de Twitter resumió su postura política: “Qué tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí impolutas”.
Al margen del contexto político que rodea la disputa, la denuncia estructurada por el abogado Jaime Lombana, pero firmada por los nueve congresistas, está basada en que en todo el proceso para la aprobación y construcción del tramo Ocaña-Gamarra, Gina Parody y Cecilia Álvarez debieron haberse declarado impedidas porque el punto de llegada de la vía quedaba a pocos kilómetros del lugar en que la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena planeaba construir un terminal fluvial. Como es sabido, la familia de Gina Parody es accionista de dicha sociedad portuaria y en 2014 las exministras hicieron pública su relación afectiva.
En otras palabras, lo que pretenden los congresistas del Centro Democrático es que se determine si hubo conflicto de intereses para favorecer los negocios privados de la familia Parody en el Cesar, lo que podría derivar en un proceso por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de servidores públicos. Según el documento radicado en la Fiscalía, cuando se adicionó el contrato para el corredor Ocaña-Gamarra, las ministras sabían del proyecto Terminal Fluvial Andalucía de la Sociedad Portuaria de Cartagena.
Esta historia tiene su origen en el documento Conpes 3571 de marzo de 2009, a través del cual el gobierno Uribe puso en marcha el proyecto vial Autopista Ruta del Sol, dividido en tres sectores, cada uno con contrato aparte. El segundo de ellos, para el tramo Puerto Salgar-San Roque, fue adjudicado en diciembre de 2009 a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (Consol S.A.S.), con mayoritaria participación de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. Dos años después, Consol S.A.S. le propuso al Gobierno extender una vía entre Puerto Berrío y Cisneros, en Antioquia. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se negó a autorizarlo.
La ANI argumentó que esa vía ya estaba incluida en el proyecto Autopista de La Prosperidad, pero a cambio le planteó a Consol S.A.S. su disposición a evaluar una iniciativa para rehabilitar la carretera entre Ocaña y Gamarra. De esta manera, el 15 de julio de 2013, ya en el gobierno Santos y oficiando como ministra de Transporte Cecilia Álvarez, se firmó un otrosí para la elaboración de estudios y diseños en el proyecto hasta Gamarra. En marzo de 2014 se aprobó un nuevo otrosí para la construcción de la obra. Los denunciantes sostienen que en ese momento ya se sabía que la Sociedad Portuaria de Cartagena iba a hacer su terminal fluvial en Gamarra.
Como los nuevos trabajos implicaban un cambio de vigencias futuras, en octubre de 2014, el gobierno Santos, en su segundo mandato, aprobó el documento Conpes 3817, declarando la importancia estratégica del corredor Ocaña-Gamarra. La denuncia de los congresistas del Centro Democrático recalca que las ministras de Educación, Gina Parody, y de Transporte, Cecilia Álvarez, debieron declararse impedidas para participar en la aprobación de este documento porque desde enero de 2013 la Sociedad Portuaria de Cartagena había solicitado licencia ambiental para su proyecto de terminal fluvial en el municipio de Gamarra.
Los denunciantes manifestaron que en la época de los hechos ya era pública la relación afectiva entre las ministras Parody y Álvarez, y que esa convivencia, así como genera efectos jurídicos civiles y de familia, para el ejercicio de la función pública deriva en impedimentos frente a actos que eventualmente puedan favorecer el patrimonio de cada una de ellas o de sus respectivos núcleos familiares. Por eso su pretensión es que se establezca si se debieron declarar impedidas en el caso o ejecutaron lo contemplado en los documentos Conpes en los que participaron, favoreciendo así los intereses de la familia de Gina Parody d’Echeona.
“Me duele mucho que por hacerme daño quieran perseguir a gente inocente y a sus familias. Si la pelea es conmigo, acá estoy”, escribió la exministra de Educación en uno de varios trinos para referirse a la acción emprendida en su contra por los congresistas del Centro Democrático. A su vez, la exministra Cecilia Álvarez escribió: “No he recibido oficialmente comunicación de entrevista ante la Fiscalía, pero he ofrecido toda mi colaboración cuando se requiera”. Como quiera que Cecilia Álvarez era ministra cuando se tomaron importantes decisiones para la Ruta del Sol, la Procuraduría que estrena Fernando Carrillo ya ordenó escucharla en declaración.
Al margen del escenario político y jurídico del caso, El Espectador quiso conocer las respuestas de las exministras a la denuncia. El círculo de personas que las asesoran hicieron saber que ambas exfuncionarias pueden dar explicaciones para demostrar la legalidad de sus actuaciones. Luego de revisar la denuncia, uno de esos asesores, quien pidió reserva de fuente, observó que los proyectos de la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena “estaban priorizados desde el gobierno Uribe e iniciaron sus trámites en la administración Santos”, mucho antes de la llegada de Cecilia Álvarez al Ministerio de Transporte, y se continuaron después de su salida.
En cuanto a la adición del contrato original para extender la obra hasta Gamarra, la ministra Álvarez no intervino porque fue una función de la ANI a través de una figura jurídica permitida por la Ley de Contratación. Además, existe evidencia de que Cecilia Álvarez se declaró impedida para los temas de puertos en Barranquilla y Cartagena y tanto la jurisprudencia como la Oficina Jurídica de la Presidencia han sido claros en que, salvo la existencia de un interés particular, concreto y directo, los impedimentos no se pueden extender a otros asuntos. En consecuencia, no se configura para la aprobación de un Conpes sobre una política pública general.
“Considerar que hay un impedimento en estos casos equivaldría a que un ministro con un familiar que quiera comprar una casa o crear una empresa tenga que declararse impedido cuando se discutan Conpes de política pública de fomento a la industria nacional o de trámite presupuestal para un programa de vivienda”, agregó la fuente. “Se cae de su peso cualquier intento por concluir que Cecilia Álvarez asignó a dedo el contrato para el tramo Ocaña-Gamarra, como pretenden hacerlo ver los denunciantes del Centro Democrático, a través de un documento en el que se reitera que la veracidad de la información deberá ser corroborada por la Fiscalía”.
Paradójicamente, la proyección profesional pública de las exministras Parody y Álvarez tuvo su punto de partida en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Después de trabajar como asesora de la congresista María Isabel Rueda entre 1998 y 2000, Gina Parody se vinculó a la campaña de Álvaro Uribe y fue electa representante a la Cámara en 2002, en las listas de Cambio Radical, el partido del vicepresidente, Germán Vargas Lleras. En 2006, esta vez desde el Partido de la U, en el proyecto reeleccionista de Uribe, fue electa senadora. En 2009 se distanció de Uribe y en 2011 aspiró a la Alcaldía de Bogotá. Luego se vinculó al gobierno Santos.
Entre febrero de 2013 y junio de 2014 fue directora general del Sena, y entre agosto de 2014 y octubre de 2016 ofició como ministra de Educación. Desde el gobierno Santos libró varias peleas públicas contra el expresidente Álvaro Uribe y su guardia pretoriana. Uno de los más intensos se dio el año pasado, cuando se conocieron los contenidos de unas cartillas de orientación sexual que se planeaba difundir en los planteles educativos. En su pugna aparte con el Centro Democrático, la exministra Parody no ha dejado de insistir en comentarios como afirmar que “los vínculos entre los paramilitares y el uribismo fueron evidentes siempre”.
Por su parte, la ingeniera industrial Cecilia Álvarez Correa, después de varios cargos en el sector privado y 14 años en la empresa Bavaria, en 2002 se vinculó al primer gobierno Uribe como asesora de la Alta Consejería en Asuntos Económicos. En mayo de 2007, ya en el segundo mandato, asumió la titularidad de esa consejería y allí se mantuvo hasta noviembre de 2008. Dos años después, el gobierno Santos la llamó para que dirigiera el Fondo de Adaptación que se creó para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la tragedia invernal. En 2012 pasó a ser ministra de Transporte y luego, en 2014, lo hizo como ministra de Comercio.
Gina Parody y Cecilia Álvarez se conocieron cuando la primera era senadora y la segunda consejera del gobierno Uribe. En 2008 coincidieron en Harvard. Gina Parody para hacer un máster en administración pública y Cecilia Álvarez en matemáticas, según lo relató la revista Hola Colombia. Seis años después, en agosto de 2014, hicieron pública su relación de pareja. Hoy están enfrentadas a un adversario común: el círculo de su mentor, Álvaro Uribe, que ahora pretende demostrar que en un capítulo de la Ruta del Sol pudo existir favorecimiento al conglomerado económico de la familia Parody, asociado al transporte marítimo y las sociedades portuarias.
Un puerto clave sobre el río Magdalena
El puerto que ha generado las denuncias de los nueve congresistas del Centro Democrático está ubicado en Gamarra (Cesar). Se llama Terminal Fluvial Andalucía. El pasado 23 de enero de 2015, con la asistencia del vicepresidente Germán Vargas Lleras y de la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, se firmó el contrato de concesión de ese nuevo puerto fluvial sobre el río Magdalena.
Fue el primer puerto que se concesionó luego de la suscripción del acta de inicio del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y se constituyó en el segundo puerto de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Justamente, ese proyecto de navegabilidad del río Magdalena es otro de los contratos que está en el ojo del huracán y en la mira de las autoridades porque le fue adjudicado a la empresa Navelena, que tiene la mayoría accionaria de Odebrecht. El puerto en construcción actualmente es clave, porque se tiene previsto que moverá 1,2 millones de toneladas anuales de carga.