El pasado jueves 5 de marzo, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, un grupo élite integrado por unidades del DAS, Ejército, Policía y CTI llegó al predio Verdum, ubicado en la vereda Iraca del municipio de San Martín (Meta), para iniciar el trámite de extinción de dominio. En medio de la diligencia, el administrador de la finca recibió una llamada telefónica para indagar qué sucedía. Eran las 2 y 30 de la tarde y la sorpresa fue saber que al otro lado de la línea estaba el hombre más buscado del país.
Ni más ni menos, quien llamaba a interesarse por la acción judicial era Daniel Barrera Barrera, más conocido como El Loco, el avezado narcotraficante que en dos ocasiones ha llevado al presidente Uribe a reclamar públicamente por qué no ha podido ser capturado. Ante su súbita aparición, los jefes superiores del operativo pidieron apoyo y llegaron a reunirse casi medio centenar de vehículos blindados para finiquitar la acción judicial sobre el predio de 979 hectáreas con más de mil cabezas de ganado.
No era la única acción. Ese mismo día las autoridades emprendieron un operativo en serie contra el emporio económico de El Loco Barrera, en procura de ir desarticulando su organización hasta llegar a su refugio. Un despliegue judicial que silenciosamente se ha venido cumpliendo en la última semana y que incluye 43 bienes inmuebles, seis sociedades y ocho establecimientos de comercio ubicados en los municipios de San Martín, Acacías, Fuente de Oro, Restrepo, Puerto Lleras, Mapiripán y Villavicencio, en el Meta, y en Bogotá.
Aunque las autoridades tienen un prontuario de El Loco que ha venido registrando su andanzas delincuenciales desde finales de los años 80, el mayor interés por el sujeto deriva de constatar que uno de sus principales socios es Génner García Molina, más conocido como John 40, jefe del frente 43 de las Farc. En otras palabras, hoy por hoy, El Loco Barrera es no sólo el narcotraficante más poderoso del país, sino el individuo que prueba cómo la guerrilla se lucra de las multimillonarias utilidades del tráfico de estupefacientes.
En particular, esta ilícita sociedad ha venido siendo documentada por las Fuerzas Militares, y producto de sus labores de inteligencia es el cerco judicial que comenzó la semana pasada. Un voluminoso expediente con un inédito punto de partida: descubrir que presuntamente la persona que despliega labores como principal testaferro de Barrera y de hecho aparece como el titular de muchos de sus bienes y capitales en la región de los Llanos Orientales, es un individuo identificado como Wílmer Ospina Murillo.
Un desconocido que, según la Fiscalía, “ha contratado en varias oportunidades con estamentos municipales y gubernamentales, en especial las corporaciones públicas, con el ánimo de obtener provechos políticos y económicos y así financiar actos terroristas, los cuales son invertidos en bienes y servicios, creando así una economía ficticia y subterránea que debilita la economía legal del país y pone en riesgo la paz y tranquilidad social por el desempleo que genera y la violencia que engendra, donde la libertad y la vida están en juego”.
A partir del seguimiento a los negocios de Ospina Murillo, entre otras fuentes con los aportes del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales, se han venido descubriendo algunas perlas. Por ejemplo, el ex diputado liberal del Meta Jesús Antonio Londoño Zapata actualmente tiene un crédito con el Banco Agrario de San Martín, Meta, y como garantía a favor del banco presentó el predio Verdum, pero las cuotas del crédito realmente las ha cancelado Wílber Ospina Murillo.
Este es apenas uno de los bienes incautados en el cerco judicial a El Loco Barrera y su red de testaferros. Independientemente de esta situación, las autoridades le han venido haciendo seguimiento al inexplicable aumento económico de Londoño Zapata, para descubrir, por ejemplo, que “desde el año 2003 muestra un incremento patrimonial en forma acelerada, teniendo en cuenta que para los años anteriores no declaraba renta por concepto alguno y, sin embargo, inició el año con un patrimonio líquido de $614 millones.
De Londoño hay que decir que en noviembre de 2003 resultó electo como diputado del Meta por el Partido Liberal y ganó su curul con 15.387 votos que sumó su lista. El 18 junio de 2008, el ex diputado Londoño fue condenado a tres años de prisión por el delito de peculado, en un caso asociado a anomalías en la contratación de empleados que, en calidad de supernumerarios, debían trabajar en la unidad de apoyo a la Asamblea. Es decir, de Londoño Zapata ya existe historia en el Meta. Ahora aparece relacionado con el supuesto testaferro principal de El Loco Barrera.
No es el único individuo relacionado en las pesquisas judiciales. La lista parcial la completan Uberney Ospina Murillo, Arnoldo Barrera Barrera, Armando Gutiérrez Garavito, Juan Carlos Rojas Castro, Jesús Antonio Bernal Londoño, Abel Antonio Ospina Murillo y Diego Armando Gutiérrez Molina. Contra ellos y sus grupos familiares es que la Fiscalía ha decidido emprenderla, sobre la base de demostrar que su incremento patrimonial es injustificado y que, al parecer, hacen parte de la red de testaferros del narcotraficante más perseguido de Colombia.
No son bienes de poca monta. Son cinco significativos predios agrícolas y ganaderos en San Martín, 24 en el municipio de Fuente de Oro, tres en Villavicencio, cuatro en Acacías, uno en Restrepo, otro en Puerto Lleras, uno más en Mapiripán y tres en Bogotá, entre ellos una compraventa donde aparece Armando Gutiérrez Garavito y también el extraditado narcotraficante José María Ortiz Pinilla, quien en su momento fue uno de los principales accionistas del exitoso juego de suerte y azar conocido como Superastro Millonario.
Los operativos apenas comienzan, pero las autoridades saben que empiezan a cerrarle el cerco al actual capo de capos: El Loco Barrera. Un personaje que a finales de los años 80 llegó al Guaviare en busca de fortuna, y desde entonces encontró el negocio para ascender rápidamente: el narcotráfico, primero como cocinero en los laboratorios de las selvas del Guaviare, después como negociante de pasta de coca y, con el correr de los años, socio en embarques de droga con Rasguño o Cuco Vanoy, y también con la gente de la guerrilla.
De hecho, existe documentación que demuestra cómo Daniel Barrera sostuvo relaciones económicas permanentes con Tomás Molina Caracas, alias El Negro Acacio, abatido por el Ejército el año pasado, y que sus negocios, no sólo en un momento le permitieron unir a los paramilitares con la guerrilla en negocios de droga, como lo hizo con los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, Los Mellizos, que les compraban droga a las Farc, sino que sigue asociado con Génner García Molina, alias John 40, líder del frente 43 de esta guerrilla.
En otras palabras, las autoridades han entendido que la amenaza de El Loco urge neutralizarla. Tan preocupante como el desafío de Daniel Rendón Henao, alias Don Mario, en el norte del país. Detrás de ambos se sitúa Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, el ex jefe paramilitar del Guaviare y Vichada que hoy secunda el imperio criminal de Daniel Barrera. Todos son narcotraficantes con más de 20 años en el ilícito negocio, sólo que apenas ahora empieza a entenderse la dimensión de su poder y el alcance de sus tentáculos.
Esta semana el Gobierno aumentó el monto de las recompensas para quienes quieran colaborar en su captura. Entre tanto, el Poder Judicial, a riesgo de la vida de sus funcionarios y lo que significa llegarle a su imperio económico, hace lo suyo: estrechar el cerco alrededor del más poderoso: El Loco Barrera, el delincuente que circula a sus anchas por los Llanos Orientales, Cundinamarca y Guaviare, que tenía entrada libre al Caguán en tiempos de negociación entre el gobierno Pastrana y las Farc, y que hoy se da el lujo de llamar molesto para preguntar por qué están allanando las propiedades de sus testaferros.