En dos meses, el Consejo de Estado resolvió dos acciones de repetición contra excontralores generales de la República. En aplicación de esta figura jurídica, se buscaba que ayudaran a pagar de su propio bolsillo condenas al organismo de control por la desvinculación irregular de funcionarios a su cargo. Lo paradójico es que mientras a los herederos del excontralor Rodolfo González García los conminaron a pagar $800 millones por desvío de poder, al excontralor Julio César Turbay lo dejaron a salvo por una causa parecida.
La primera historia se originó hace 29 años, en agosto de 1987. En ese tiempo, la señora Isabel Bitar de Montes se desempeñaba como auditora III ante la Fuerza Aérea de Colombia en Miami (Estados Unidos), cuando fue declarada insubsistente por el entonces contralor Rodolfo González García. Alegando que se había tratado de una desviación de poder aprovechando la facultad del libre nombramiento y remoción, la auditora demandó la resolución con que la sacaron del cargo, manifestando además que su reemplazo no llenaba los requisitos legales.
En marzo de 1998, casi once años después de los hechos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de Isabel Bitar. Sin embargo, en segunda instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión, ordenó el reintegro de la demandante a un empleo de igual o superior categoría y dispuso que le pagaran los salarios y prestaciones dejadas de devengar desde 1987. En su decisión, el alto tribunal concluyó que la persona que reemplazó a Bitar era una recomendada del contralor general González.
La conclusión del Consejo de Estado es que todo se hizo para impedir, a como diera lugar, que Isabel Bitar cumpliera dos años de servicio en esa auditoría, lo cual le permitía algunos privilegios. En octubre de 2000, la exfuncionaria fue reintegrada en el departamento del Magdalena, aunque se tramitó también una acción de tutela para garantizar que se cumpliera la orden de que fuera reintegrada a un cargo similar o superior al que tenía cuando fue despedida. Según la decisión, la Contraloría canceló $752 millones a la demandante.
En octubre de 2001, durante la gestión del excontralor Carlos Ossa Escobar, el organismo de control decidió emprender una acción de repetición contra Rodolfo González García por los perjuicios causados con ocasión del pago al que se vio obligada la Contraloría por la condena del Consejo de Estado. El proceso duró catorce años y cuando se falló, el pasado 26 de junio de 2015, ya habían transcurrido tres décadas de ocurridos los hechos. Fue tan largo el recorrido del caso que ni siquiera el excontralor González esta vivo para defenderse.
Durante el tiempo que pasó, la vida de Rodolfo González cambió radicalmente. Del poder que tuvo como contralor por ocho años, entre 1982 y 1990, sumando sus años como dirigente político hasta aparecer en el sonajero de los presidenciables, pasó a la picota porque cayó en la redada del proceso 8.000. Estuvo preso casi dos años, pero la Fiscalía tuvo que dejarlo en libertad porque no pudo probar su responsabilidad. Rodolfo González demandó al Estado, pero no alcanzó a conocer el desenlace porque falleció en julio de 2003.
Aunque en 2006 el Tribunal Administrativo de Bogotá condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad de González y ordenó pagarle $600 millones como reparación, en 2015 el Consejo de Estado confirmó la sentencia, pero dispuso que no se debía cancelar un peso a los sucesores del excontralor por los 21 meses en que estuvo detenido por orden de la Fiscalía. En contraste, ese mismo 2015, la Sección Tercera del alto tribunal condenó a los sucesores de González a cancelar $800 millones por el caso de la auditora Isabel Bitar.
Consultada la familia del excontralor sobre lo sucedido, observó que lo que no se dijo en el proceso de la señora Bitar es que ella buscaba obtener el beneficio de llevar un carro de Miami a Bogotá sin pagar impuestos y que González ejerció su potestad del libre nombramiento y remoción. A lo largo del litigio no se vinculó ni al excontralor ni a su equipo al proceso. Cuando el organismo de control fue condenado se inició la acción de repetición, justo en el momento en el que González comenzaba su pelea contra la Fiscalía y contra el cáncer.
La segunda historia es parecida pero más rápida. El señor Timoleón Jaimes fue auditor ante la Administración de Aduanas de Cúcuta en 1991, dos años después ocupó el cargo de jefe de unidad seccional en Norte de Santander y en 1995, durante la gestión de David Turbay, fue declarado insubsistente. Demandó al Estado, ganó el proceso y en octubre de 2002 regresó como auditor ante varios organismos del Estado. Cinco años después, cuando el contralor era Julio César Turbay Quintero, volvió a ser declarado insubsistente.
Entonces Timoleón Jaimes volvió a demandar. Entre 2011 y 2012, en dos instancias la justicia administrativa le dio la razón y el argumento fue desviación de poder por parte de la Contraloría. El organismo tuvo que pagar $469 millones para indemnizarlo. En enero de 2013, durante la gestión de Sandra Morelli, la Contraloría inició acción de repetición contra Julio César Turbay. La pelea estaba centrada en que, según Timoleón Jaimes, su salida había obedecido a una desviación de poder revestida de la facultad del libre nombramiento y remoción.
El Consejo de Estado determinó que la designación de Marlene Benavides no fue irregular y que si bien ella no poseía en el momento de su nombramiento los títulos de formación avanzada exigidos, sí contaba con 17 años de experiencia. El alto tribunal aclaró que lo que hizo Turbay fue atender a un criterio de mejoramiento del servicio. Por eso no se configuró dolo en la actuación del excontralor, ni se probó elemento alguno que permitiera demostrar irregularidades del exfuncionario, como para endilgarle responsabilidad patrimonial.
En su decisión, el Consejo de Estado resaltó la falta de diligencia y cuidado de algunas entidades del Estado para interponer la acción de repetición y agregó que ésta no puede fundarse en una equivocación simple o leve, sino que tiene que revestirse de tal envergadura que pueda catalogarse de dolosa o gravemente culposa. En consecuencia, observó el Consejo de Estado, la acción de repetición no puede convertirse en un formalismo legal o en una forma de salvar responsabilidades a la hora de preservar los recursos públicos.
El alto tribunal recalcó la importancia de la acción de repetición para salvaguardar el erario, pero formuló un llamado a los Comités de Defensa Judicial y Conciliación para que revisen de manera minuciosa si realmente se configuran los suficientes elementos para apelar a este recurso. La idea es que no se ponga en movimiento el aparato judicial sin justificación alguna y más bien se examine con cuidado si amerita una demanda que garantice eficiencia y eficacia en el momento de fortalecer la función pública.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, no prosperó la acción de repetición contra el excontralor Julio César Turbay, aunque Timoleón Jaimes sí obtuvo del Estado, a título de nulidad y restablecimiento de derechos, la suma de $469 millones por haber sido removido en el momento en que cumplía funciones como auditor de once entidades financieras en liquidación, fiduciarias y compañías de seguros, así como una misión de control excepcional en el municipio de Rionegro, en el departamento de Santander.
Facsímil del fallo del Consejo de Estado sobre el caso de Julio César Turbay.