"Llevo diez años cargando una cruz ajena, no he cometido delitos, jamás he tenido una sanción disciplinaria, hace 22 años soy una calificada servidora pública, pero cada que surge una noticia del mayor César Maldonado tengo que sufrir a solas injustamente".
Son palabras de la abogada Irma Trujillo Ardila, quien hace una década sostenía una relación amorosa con el exoficial del Ejército cuando éste se vio envuelto en el atentado contra el sindicalista Wilson Borja y hoy trata de huir de su pasado resumiendo en una frase su presente: “Estoy pagando un karma”.
Natural de Pitalito (Huila), de 47 años de edad, egresada de la Universidad Libre de Bogotá, Irma Trujillo debutó como profesional en el Ministerio de Justicia en 1988, durante la gestión de su coterráneo Guillermo Plazas Alcid, en una época en que el narcoterrorismo de Pablo Escobar había convertido en blanco móvil a los jueces. Dos años después pasó a la Procuraduría, donde aprendió a escudriñar los vericuetos de la contratación administrativa, y después pasó al Ministerio de Defensa, donde trabajó durante 17 años, desde que esta cartera volvió a manos civiles.
Empezó durante la gestión del hoy jefe del Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda, y pocos años después, en calidad de jefe de Contratos, le tocó capotear el llamado escándalo de la mona Rolla Jaller, llamado así porque fue protagonizado por una hermosa rubia y su hermana de origen libanés, que defraudaron al Estado en un contrato para adquisición de equipos de campaña, con una mercancía que nunca se recibió. Hubo sanciones disciplinarias y penales, pero la abogada Irma Trujillo salió bien librada de las investigaciones que se hicieron y nunca la afectaron.
Laboró con los cuatro ministros de Defensa de la era Samper, los tres del gobierno Pastrana y cuatro de los cinco que acompañaron en sus dos gobiernos a Álvaro Uribe. Pero su “karma”, como ella lo califica, comenzó cuando se enamoró del entonces capitán del Ejército César Maldonado, quien para la época era un condecorado oficial en curso para mayor que estudiaba Derecho en la Universidad de los Andes, becado por la institución castrense. “Aunque feo, era inteligente y sociable. Es de mi misma edad y me atrajo”, admite la abogada Irma Trujillo.
Nacido en Barrancabermeja (Santander) en enero de 1964, César Maldonado ya había afrontado un proceso disciplinario y penal del cual había salido indemne. El 2 de noviembre de 1993, cuando oficiaba como teniente del Grupo de Caballería Mecanizado N° 5 Maza, participó en un operativo antisecuestro en que fue capturado un presunto insurgente identificado como Gerardo Liévano, cuyo cadáver fue hallado calcinado, con signos de tortura, en un corregimiento cercano a Cúcuta. A Maldonado le abrieron proceso en la Procuraduría y en la Justicia Penal Militar.
Aunque en abril de 1998 la Procuraduría ordenó la separación absoluta de Maldonado de las Fuerzas Militares por los hechos referidos, apeló el caso y en octubre del mismo año el Ministerio Público modificó la sanción por “reprensión severa”. Esta decisión le permitió seguir adelante en su carrera, sobre todo porque a pesar de que la Fiscalía alcanzó a proferir resolución acusatoria en su contra en 1996 por el mismo caso, el expediente pasó a la Justicia Penal Militar que, años después, tanto a Maldonado como a otros comprometidos, terminó absolviéndolos.
Es decir, cuando el mayor Maldonado y la abogada Trujillo iniciaron su relación, el oficial estaba a salvo de pesquisas y era muy respetado entre la oficialidad. Ella dice que nunca se enteró de este escabroso capítulo, como tampoco le dijo que estaba casado. Ella sabía que tenía dos hijas de su matrimonio, pero asegura que creyó que estaba separado porque vivía en un sector donde habitualmente residen solteros o solos. Mucho tiempo después supo de sus conflictos, pero igual, estaba enamorada de un hombre en cuya hoja de vida no había sino exaltaciones.
Entonces empezó el infierno. El 15 de diciembre de 2000, hacia las seis y treinta de la mañana, cuando salía de su residencia ubicada en el barrio Bochica, al occidente de Bogotá, el entonces presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Wilson Borja, fue blanco de un atentado en el que sobrevivió milagrosamente, pero perdió la vida una vendedora de tintos que estaba cerca del lugar. En el cruce de disparos resultó herido uno de los sicarios, identificado como Élmer Horacio Rueda, quien fue hallado muerto en un sitio próximo, en posesión de un celular.
Este móvil fue la clave para llegar al grupo criminal. Cuando se verificó el registro de llamadas a este teléfono, se detectó que entre noviembre y diciembre de 2000, un grupo de personas había sostenido una permanente comunicación, y luego se constató que los interlocutores o pertenecían a las Fuerzas Militares o tenían antecedentes de militancia con las autodefensas. El problema para el mayor Maldonado fue que el número 2340781, asignado a la abogada Irma Trujillo Ardila, estaba en la lista. Él después admitió ante la justicia que lo utilizó sin que ella lo supiera.
La investigación probó que los celulares de donde salieron las llamadas conectadas con el móvil del sicario que murió el día del atentado a Borja, estaban a nombre de terceros. El de Maldonado no fue la excepción. Irma Trujillo nunca fue investigada, pero empezó a pagar las consecuencias. Además del conflicto por su relación con un hombre casado y padre de dos hijas, a finales de 2001, cuando estaba embarazada, Maldonado fue detenido y después acusado como copartícipe del delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa y concierto para delinquir.
El 19 de diciembre de 2003 el mayor Maldonado fue condenado a 28 años de prisión y ya para entonces la vida de Irma Trujillo Ardila era un drama. “Yo le creí por lealtad, porque siempre ha sido un buen padre, porque sabía que nuestro hijo tenía que confiar en él. Mucha gente cercana me decía, ‘no se tire al abismo, siga adelante con su carrera’, pero tenía que apoyarlo y, aguantando el dolor y las murmuraciones, lo visité en la penitenciaría de La Picota, y también lo hice en la Brigada Militar N° 13. No sé si fui estúpida, pero siempre puse la cara”, sostiene resuelta.
Sin embargo, en el interior de las Fuerzas Militares el ambiente cambió. Sobre todo después de que el mayor César Maldonado se fugó de la unidad militar en noviembre de 2004. Irma Trujillo Ardila, quien había llegado a ser jefe de Contratos del Ministerio de Defensa y asesora de la Secretaría General de la misma cartera, de la noche a la mañana amaneció desvinculada de la institución en 2006. Ella sólo refiere que, con o sin razón, el entonces congresista Wilson Borja no se cansó de decir públicamente que en el Ministerio de Defensa trabajaba la esposa de su asesino.
“Yo no fui esposa del mayor Maldonado, tampoco ante la ley fui su compañera permanente, como quedó escrito en su expediente. Conviví con él un año y tuvimos un hijo, y tengo el deber de que crezca con una figura paterna que lo fortalezca”, insiste Irma Trujillo. Por eso interpuso tutela para buscar su reintegro al Ministerio de Defensa alegando falsa motivación para su salida. En 2008 ganó la pelea, pero después de haber llegado incluso a ser catedrática de la Escuela Superior de Guerra, regresó como asesora de la oficina de Atención de Quejas y Reclamos.
Elude admitirlo y se niega a decir quién era el ministro cuando la corrieron, pero reconoce que era incómoda. “Todavía recuerdo al congresista Borja increpando al entonces ministro Juan Manuel Santos porque supuestamente tenía de asesora a la esposa de su asesino, y yo puedo decir que trabajé 17 años en el Ministerio de Defensa no por palancas políticas, sino a punta de trabajo”, y mucho antes de que llegara a su vida el mayor Maldonado, con cinco medallas por aportes al orden público y uno de los primeros puestos en su línea de ascenso en el escalafón militar.
Un día no aguantó más, aceptó que debía buscar otro destino y sus colegas en el examen de la contratación administrativa la pusieron en contacto con el Ministerio Público. Ella dice que lo primero que le advirtió al procurador Alejandro Ordóñez fue quién era el padre de su segundo hijo. En marzo de 2009 fue nombrada procuradora 12 judicial, II administrativa. Sin las relaciones anteriores, pero lejos de las habladurías, con la libertad de reconstruir su vida preservando la relación de su hijo con las hijas mayores de Maldonado y con él mismo en la cárcel.
De hecho, lo visitó en la cárcel de Cuatro Bolas, en la base militar de Tolemaida en la Semana Santa de 2010. “Pueden verificar en la hoja de ingresos que allá estuve y que me acompañó mi hijo, entonces de nueve años, porque él tiene derecho a seguir vinculado con su padre”, reitera al tiempo que admite que su relación con el mayor Maldonado se acabó. “Es mi vida privada, no tengo por qué entrar en detalles, pero ya no somos nada. Él tiene una nueva relación sentimental y otro hijo. No es justo que siga cargando con el destino de un hombre que decidió seguir otra historia”.
Irma Trujillo no quiere que le pregunten por su pasado y, a riesgo del sigilo que implican sus expedientes, expresa que defendió a la Nación en el millonario pleito entre Etesa y Balotto; que fue autora de la acción popular con la que piensa devolverle a Valledupar dominio en el Parque de la Leyenda Vallenata; que ha resuelto dilemas de Cajanal, aportado en investigaciones por el presunto carrusel de la contratación de Bogotá; y está empecinada en que los dineros para atenuar los efectos de la ola invernal lleguen a buen puerto.
Pero volvió a sufrir esta semana. Cuando corrió el rumor de que el mayor Maldonado se había fugado de Tolemaida, optó por no ver televisión ni oír radio ni mirar periódicos. No quería que su hijo se asomara siquiera al computador para que no oyera hablar de su padre. “No he hecho nada, tampoco mi hijo, no tenemos por qué cargar un Inri que no nos pertenece. Soy una madre cabeza de familia con 22 años de estudio y experiencia. No es justo que todo lo que haga o diga, mis relaciones de amistad, mi aporte actual, pasen por el juicio social al mayor César Maldonado Vidales”.
El controvertido oficial regresó a La Picota. Por el atentado a Wilson Borja y la muerte de la vendedora de tintos María del Pilar Bolaños está condenado a 27 años y nueve meses de prisión. El expediente por desaparición forzada revivió en la Fiscalía y suma otra condena de 29 años. Por fugarse de la Brigada Militar N° 13 en 2004 y el reciente intento de huida en Tolemaida acumula dos causas más. El reputado oficial de ayer es hoy un mal ejemplo. Pero la abogada Irma Trujillo sólo aspira a que su hijo crezca libre y que a ella nadie vuelva a decirle: “Allá va la mujer del asesino”.
La solicitud de un general
Por solicitud del brigadier general Javier Fernández Leal, entonces jefe de Desarrollo Humano del Ejército, en noviembre de 2009 fue trasladado al Centro de Reclusión de Tolemaida el mayor retirado César Alonso Maldonado Vidales. El 19 de octubre de ese año, en comunicación enviada por el alto oficial a la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, el general Leal autorizó cinco cupos en la base militar para Maldonado y otros cuatro militares condenados por los denominados falsos positivos: el teniente coronel Francisco Javier Galeano, el capitán Lesiomar Sánchez Mejía, el sargento Juan Carlos Bonilla Betancurt y el soldado profesional Víctor Alonso León Mesa.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, advirtió esta semana que se iba a investigar por qué el general Fernández Leal pidió el traslado del mayor retirado Maldonado, un delincuente que en el año 2004 ya había protagonizado una fuga de un centro de reclusión militar en Bogotá.