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Sin mucho ruido, el pasado 17 de enero se instaló la Misión Electoral Especial, una comisión autónoma de carácter consultivo que a finales de este mes deberá presentarle al país recomendaciones para reformar el régimen y la organización electoral en Colombia, de conformidad con los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana. Una misión que tiene alborotado el avispero en el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, con un protagonista de fondo en el debate: Alberto Yepes Barreiro.
Desde marzo de 2011, este abogado huilense, de 59 años, es magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que justamente se encarga de fallar demandas contra funcionarios elegidos. El presidente Juan Manuel Santos solicitó a la corporación que uno de sus integrantes se sumara a la Misión Electoral Especial y fue así como Yepes Barreiro terminó en la comisión. Ahora se dice en el Consejo de Estado que está apoyando ideas contrarias al criterio mayoritario de la corporación, pero él afirma que actúa a título personal y académico.
La piedra de escándalo es el rumor de que la Misión Electoral Especial podría proponer la creación de una cuarta rama del poder público o poder electoral, incluso fusionando la Sección Quinta del Consejo de Estado con el Consejo Nacional Electoral, a través de un organismo del nivel de la Corte Constitucional. Una propuesta que algunos magistrados del alto tribunal han calificado de “dictadura constitucional”, mientras otros reclaman qué hace un magistrado de la Sección Quinta en una comisión que quiere acabar con esta misma sala.
Es tal el nivel de preocupación en el Consejo de Estado, que sus dignatarios, el presidente Jorge Octavio Ramírez y el vicepresidente Germán Bula Escobar, han salido públicamente a expresar sus inquietudes respecto a la eventualidad de que se concrete la propuesta del poder electoral o la reformulación de la Sección Quinta, y mucho más que dicha reforma trate de concretarse a través del mecanismo del fast track. En su opinión, crear por esta vía un cuarto poder público no pasaría un estricto examen de constitucionalidad.
El magistrado Alberto Yepes Barreiro niega que se hayan propuesto estas fórmulas en la Misión Electoral Especial y agrega que mucho menos él ha planteado la eliminación de la Sección Quinta del Consejo de Estado o de cualquier otra entidad. “Se están estudiando propuestas de todas las instituciones y partidos y, según el consenso al que se pueda llegar, se formularán las recomendaciones pertinentes sobre el sistema electoral y su organización”, añadió Yepes, quien insistió que no actúa en representación del Consejo de Estado.
Como lo ha explicado el magistrado Jorge Octavio Ramírez, el Consejo de Estado le permitió a Yepes hacer uso de una licencia de tres meses para intervenir en la Misión Electoral Especial, por tres criterios básicos: Que todos los magistrados deben apoyar la paz, que la ley permite que integren este tipo de comisiones de asesoría al gobierno y que Yepes dejó claro hacerlo a título personal y sin comprometer al Consejo de Estado. Lo que nunca imaginaron fue que su colega se iba a apartar de la visión que tienen los demás magistrados.
Sus detractores manifiestan que desde hace muchos años el consejero Yepes Barreiro tiene unas consideraciones de tipo académico que ellos no comparten y que, más allá de sus opiniones personales, lo claro es que la posición oficial del Consejo de Estado es que no se debe modificar la actual estructura y competencias de la justicia administrativa. Una postura refrendada en al menos tres documentos de estudio interno en los que concluyen que sustituir el actual sistema de control electoral complicaría la justicia y la seguridad jurídica.
En los documentos se argumenta que desde 1920 se le asignó el conocimiento de las acciones electorales a la justicia administrativa y que a pesar de las múltiples reformas a lo largo del siglo XX, nunca se afectó esta competencia. Ni siquiera en la Constitución de 1991, que alcanzó a estudiar la opción de la rama electoral, se cuestionaron las labores de control electoral del Consejo de Estado. Incluso, este deber evolucionó hacia nuevas figuras, como la pérdida de investidura, sin que se sustituyera el ejercicio de la justicia administrativa.
Las mayorías del Consejo de Estado creen que si bien el segundo acuerdo de La Habana sobre participación en política plantea el fortalecimiento de los movimientos sociales, la constitución de nuevos partidos, garantías para el ejercicio de la oposición o la revisión integral del régimen electoral, “el control judicial electoral, en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no fue objeto del acuerdo final por parte del Gobierno y las Farc”. Y mucho menos si se pretende realizar estos cambios a través del polémico fast track.
La alarma del Consejo de Estado es tal que sostienen que asignar el ejercicio del control judicial electoral a una entidad externa afecta la independencia de la justicia y la imparcialidad en los temas electorales. Además, que la reforma podría convertirse en una sustitución a la Carta Política, desconociendo el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos, agravando el choque de trenes al incluir una nueva instancia judicial. El magistrado César Palomino incluso lo calificó como entregarles de facto a las autoridades administrativas el carácter de justicia.
Más allá de los resquemores en el Consejo de Estado o en otras corporaciones del poder judicial, por ahora el malestar tiene nombre propio: Alberto Yepes Barreiro. Algunas fuentes consultadas afirman que es un funcionario muy cercano al presidente del Directorio Nacional Conservador, el senador Hernán Andrade, que éste es quien lo ha acercado con el gobierno Santos y que entre los dos han sido apoyo clave para las aspiraciones del exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Los tres son amigos y proceden del departamento del Huila.
Aunque Alberto Yepes nació y estudió en Bogotá, su ascendencia es huilense. Su padre fue congresista y dirigente del Partido Liberal. Su madre fue contralora del departamento. Él fue asesor del senador huilense Jaime Ucrós en Bogotá, pero después se radicó en Neiva, donde ejerció como abogado por 25 años, asesorando entidades del Estado y empresas del sector petrolero. De manera simultánea, ha sido catedrático universitario en varias instituciones y gestor de la Facultad de Derecho de la universidad Surcolombiana de Neiva.
En 2011, cuando llegó al Consejo de Estado para reemplazar al magistrado Filemón Jiménez, después de estar en lista de elegibles en múltiples procesos, protagonizó una pelea voto a voto con el candidato que quería poner el procurador Alejandro Ordóñez, su delegado Édgar Sanabria. Lo paradójico es que ya elegido, Yepes y Ordóñez establecieron una buena amistad que, como lo documentó el periódico La Nación de Neiva, se formalizó en varios encuentros sociales e invitaciones, incluso a la casa de campo de Alberto Yepes en Rivera (Huila).
Una amistad profesional que comenzó a estropearse cuando empezó a tomar forma en el Consejo de Estado la demanda contra la reelección del procurador Ordóñez en 2012, y después de varios tumbos, el caso llegó al despacho del magistrado Yepes. Entonces se dio un giro de 180 grados en el criterio del jurista. A finales de abril de 2014 presentó una ponencia planteando que Ordóñez siguiera en el cargo, pero en julio de ese mismo año la cambió y radicó otra proponiendo la nulidad de la elección. Al final, la tesis de Yepes fue determinante para que Ordóñez cayera.
En septiembre de 2016, por 14 votos contra 6, la reelección de Ordóñez fue declarada nula, al salir avante una ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La jurista llegó al alto tribunal respaldada por Yepes, tanto que ella fue la abogada que recibió algunos de los procesos de su mentor cuando este logró acceder al contencioso administrativo. Algunas fuentes sostienen que los consejeros de Estado Alberto Yepes y Rocío Araújo ya no tienen tanta amistad, aunque comparten magistraturas en la Sección Quinta.
Se afirma que con el vicepresidente del Consejo de Estado, Germán Bula, sucede algo similar. El magistrado Alberto Yepes apoyó su ingreso al alto tribunal y hoy están distanciados, al punto de que Bula es uno de los principales críticos de Yepes y su participación en la Misión Electoral Especial que se apresta a entregar sus conclusiones sobre la forma de ajustar los organismos electorales a los términos del acuerdo de participación en política suscrito por el gobierno Santos y las Farc en La Habana. Incluso ha reconocido el malestar que existe en el Consejo de Estado.
Según programación de la secretaría técnica de la Misión Electoral Especial, los próximos días 24 y 25 de marzo, en Cartagena, el organismo entregará sus recomendaciones. La expectativa crece porque muchos magistrados del Consejo de Estado creen que pueden sugerir la sustitución de su función del control electoral, incluso a través de la vía rápida o fast track. A su vez, el magistrado Alberto Yepes, a quien se le termina su período como integrante de la Sección Quinta en marzo de 2018, insiste en que no representa a nadie y que actúa en cumplimiento de un mandato.
Los otros miembros de la Misión
Pese a la polémica que generó en el interior de la Rama Judicial la decisión del presidente Juan Manuel Santos de designar al magistrado Alberto Yepes como integrante de la Misión Electoral Especial, esta comisión autónoma cuenta con otros cinco expertos en el tema electoral de reconocida trayectoria profesional, que tienen el acompañamiento del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Los expertos (ver infografía) pertenecen a los entes más especializados en la materia. Entre ellos están representantes de la Misión de Observación Electoral, de Transparencia por Colombia y del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Según la convocatoria, la Misión tiene como propósito hacer las recomendaciones de reforma electoral.
Las indagaciones contra Alberto Yepes
El pasado 21 de junio de 2016, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes expidió un auto mediante el cual ordenó apertura formal de investigación contra los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo, Danilo Rojas y Alberto Yepes, al responder a una denuncia que entabló su colega y entonces compañero del Consejo de Estado, el magistrado Marco Antonio Velilla Moreno. El caso tuvo origen en las presuntas irregularidades que se observaron durante el trámite y procedimiento, mediante el cual se solicitó la nulidad de la elección del entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
En el caso de Yepes, el auto señala que: “En el proceso contra el acto de reelección del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador no hubo el debido registro ni de la primera ni de la segunda ponencia, así como que ellas eran presuntamente contradictorias”. Según el auto, se estableció que Yepes habría filtrado información frente al trámite del proceso en Sala Plena.
