La noticia conmocionó a Valledupar y le dio la vuelta a Colombia. Una anciana de 80 años que llevaba cuatro meses padeciendo por las lesiones que le dejó la caída de una pared encima en el patio de su casa, entre las vueltas para atenderla en entidades de salud, la tuvieron por 24 horas en un sitio que hasta hace poco era un concurrido motel de la capital del Cesar. Hoy la Superintendencia de Salud tiene en la mira a todas las instituciones que tuvieron que ver con el caso, pero este apenas refleja la eterna crisis en los servicios asistenciales en el país.
El suceso que desnudó el caos del sector se originó el pasado 28 de abril en el corregimiento de La Junta, del municipio de San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. Ese día, hacia las once de la mañana, cuando la abuela María Mercedes Mendoza descansaba en una silla donde siempre lo hacía, una pared del patio que estaba endeble le cayó encima. Sufrió un politraumatismo que la tuvo 63 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Rafael de San Juan del Cesar. A finales de junio fue dada de alta pero se ordenó atención domiciliaria.
Según la historia clínica, su cuadro inicial era crítico. Presentaba fractura en ambas clavículas, tibia izquierda, húmero y peroné derecho, además de traumas en la parte izquierda del rostro. Durante los tres meses que estuvo hospitalizada tuvo que permanecer con ventilación mecánica asistida e incluso fue necesario hacerle traqueotomía. Cuando salió del hospital, la EPS Asmed Salud, a la que estaba afiliada, contactó a una hija para que fuera remitida a su casa, pero ella manifestó que no podía recibirla pues no tenía condiciones.
Después de cinco días de espera por un lugar a dónde remitirla, como lo ordenan las normas, la paciente fue declarada en abandono social. De tal modo que el 28 de julio fue trasladada a la IPS Ambulancias Proyectar SAS, proveedor del servicio Home Care (atención domiciliaria en salud especializada), que hasta el 2 de agosto la tuvo en un albergue. No obstante, como el primer prestador de salud era transitorio y ya se advertía que ella requería una estancia prolongada y nuevo respirador, se buscaron los servicios de la IPS Vital Medic.
En espera de que la familia definiera el lugar de residencia para el servicio de Home Care, la IPS Vital Medic arrendó un sitio en Valledupar para que estuviera de manera temporal. El problema es que la envió a la habitación tres de un establecimiento ubicado en el barrio Las Manuelitas, que hasta el día del traslado todavía ostentaba un letrero en el que se leía: Hostal Passion. Según gente del sector, hasta hace poco se llamaba Residencias Pasión. De cualquier manera, ese domingo 2 de agosto la envió a un motel para encuentros amorosos.
Fue en ese momento cuando una de sus 16 nietas, Yolima Maestre, al percatarse de lo sucedido, decidió acudir a los medios de comunicación para denunciar lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, en medio del escándalo, la Secretaría de Salud de Valledupar inspeccionó el lugar, y al detectar que había una paciente ventilada en una habitación sin requisitos mínimos, ordenó el sellamiento del sitio para la prestación de este tipo de servicios. De inmediato, Asmet Salud ubicó a María Mercedes Mendoza en una clínica de primer nivel.
A pesar de que la paciente no contaba con servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como una forma de resarcir lo sucedido, Asmet Salud la envió a la Clínica Santo Tomás, de Valledupar. En dicha institución se ratificó que la paciente debía recibir servicios de atención médica en casa, pero la familia no definía el lugar a donde tenía que ser trasladada. En esas condiciones, con ventilación artificial, insuficiencia renal crónica, anemia y úlceras que requerían atención especial, la anciana permaneció hospitalizada.
Hacia las cuatro de la tarde del pasado lunes 10 de agosto, por un paro cardiorrespiratorio, María Mercedes Mendoza falleció en la Clínica Santo Tomás. Su deceso reactivó el escándalo, puso a la Superintendencia Nacional de Salud a extremar su vigilancia en el caso y Asmet Salud canceló el contrato que tenía con la IPS que cometió el craso error de enviar a la paciente a un sitio con antecedentes inapropiados. En el corregimiento de La Junta, durante el sepelio de la anciana, se oyeron muchas voces de protesta por el capítulo del motel.
Mientras los organismos y autoridades involucradas en el caso se han cruzado señalamientos y acusaciones, y la familia de María Mercedes Mendoza no descarta presentar demandas contra la EPS Asmet Salud y la IPS Vital Medic, la Superintendencia Nacional de Salud indaga los pormenores de lo sucedido para aplicar sanciones. Por eso, ofició misivas a los responsables de entidades públicas y privadas, para establecer en qué circunstancias y por qué razones, la adulta mayor recibió el tratamiento inadecuado que motivó rechazo social.
Asmet Salud, por ejemplo, fue requerida para explicar qué procesos, procedimientos y actividades administrativas permiten garantizar el alojamiento de pacientes que son dados de alta en las IPS y por qué no se realizó el traslado de la señora Mendoza a un albergue o lugar de paso habilitado para la prestación de servicios médicos. El Espectador conoció que la respuesta de la EPS fue que el servicio de albergue no necesita estándares de calidad sino las condiciones mínimas de un lugar de habitación con acceso a servicios públicos.
La Asociación Mutual La Esperanza de El Tambo o Asmet Salud ESS, es una entidad de derecho privado creada desde julio de 1995 por líderes del municipio de El Tambo (Cauca). Para el año 2001, ya se habían incorporado a ella 13 empresas solidarias de salud y tenía presencia en 14 departamentos y 133 municipios. En 2007 fue reconocida como la primera EPS del régimen subsidiado. Hoy continúa su expansión pero también este año es el segundo caso de escándalo. En enero, en Cali, murió un paciente frente a una clínica mientras esperaba que lo atendieran.
Sin embargo, Asmet Salud no es el único organismo requerido por la Superintendencia. Vital Medic también está en el ojo del huracán. Por eso deberá explicar su comportamiento en el caso. Se trata de una empresa de transporte local con depósito creada en 2008 en Valledupar, que hoy tiene 14 empleados y el liderazgo de su especialidad en la región. Las averiguaciones del organismo de vigilancia, incluyen a la Clínica Santo Tomás para conocer la atención que se le dio a la paciente, y la Secretaría de Salud de Valledupar para saber su proceder.
Consultado el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, sobre este y otros casos irregulares de atención médica por parte de EPS e IPS, manifestó que desde que asumió el cargo ha querido darle énfasis a la voz de los usuarios, y que por eso, una o dos veces al mes visita diferentes ciudades para dialogar con la gente y entender dónde se debe extremar la vigilancia. Producto de esas aproximaciones constató que uno de los principales defectos del sistema de salud colombiano es precisamente la inadecuada atención de los adultos mayores.
En consecuencia, el pasado 20 de marzo expidió una circular a todas las EPS e IPS del país para instruir sobre el cuidado especial que debe tenerse con esta población, estimada en cinco millones de personas. La norma señala que las personas de 60 años de edad o más “son sujetos de protección constitucional reforzada, que demandan del Estado y de los actores del sistema, una atención en salud prioritaria y especial, sin que sea posible limitar su acceso a los servicios de salud por cuenta de trámites administrativos o cuestiones económicas”.
De esta manera, la circular plantea que las entidades vigiladas deben tener agendas abiertas todos los días del año y asignar citas de medicina general y especializada o atención odontológica para los afiliados de más de 60 años, dentro de las 48 horas siguientes a sus solicitudes. Esta misma exigencia y plazo operan para la entrega oportuna de medicamentos. La norma recalca que para materializar el trato digno de los adultos mayores, deben adecuarse las instalaciones para garantizar la atención preferencial exigida por la ley.
A pesar de esta y otras disposiciones similares para mejorar la prestación de los servicios de salud, sigue siendo exagerado el número de quejas, reclamos o denuncias formuladas por los usuarios. El Espectador constató, con estadísticas de la propia Superintendencia de Salud, que en el primer semestre de este año 2015, se han radicado 141.590 quejas, la mayor parte de las cuales por restricción en el acceso a los servicios de salud o insatisfacción de los usuarios con los procesos administrativos. Sesenta y siete entidades han sido intervenidas.
La situación es tan crítica que en lo que va corrido del año, el organismo de control ha impuesto 930 sanciones por valor superior a los $40.000 millones. De igual modo, las sanciones por fallas relacionadas con prestación de servicios de salud llega a 49 casos, por valor de $11.183 millones. Como puede evidenciarse, lo sucedido en Valledupar, si bien es escandaloso, no es distinto a lo que sigue pasando en muchas otras regiones. Si se calcula en 250 millones al año el número de atenciones en salud para 44 millones de colombianos, el reto es de enormes proporciones.
“Ya le cancelamos el contrato”: gerente de EPS
“Fue un hecho desafortunado que se le prestara atención médica domiciliaria a la señora María Mercedes Mendoza en un motel. Sin embargo, hay que precisar que la paciente siempre tuvo atención médica, pero si no hubiese tenido el antecedente de haber pasado por ese sitio este asunto no sería tan cuestionado, porque eso socialmente no queda bien”. Con estas palabras el médico Gustavo Adolfo Aguilar, representante legal de la EPS Asmed Salud, se refirió al caso. El directivo explicó que quien cometió la irregularidad fue la IPS Vital Medic, porque trasladó a la paciente al motel, un sitio no habilitado por las autoridades sanitarias, en fin de semana, y no dio aviso a Asmed Salud, como le correspondía. “Ellos estaban en un proceso de negociar el predio para utilizarlo como home care (atención en casa) y nunca nos notificaron de esa situación. Ya le cancelamos el contrato”, señaló Aguilar. El representante legal de la EPS indicó además que la Superintendencia de Salud les hizo un requerimiento que ya respondieron.
“El caso está en investigación”: Supersalud
Desde el día en que se conoció el incidente de la paciente María Mercedes Mendoza, la Superintendencia de Salud inició la investigación del caso, que está en etapa preliminar. Norman Julio Muñoz, superintendente del ramo, señaló que lo que está sucediendo en el sector es que se tienen avances muy importantes en cobertura, sin embargo, el Gobierno está ejecutando una política para que las instituciones hagan énfasis en la oportunidad y la calidad. Para ello, el directivo indicó que desde el año pasado se creó en la Supersalud el grupo SIS, que funciona todos los días de la semana con el propósito de monitorear los casos en los cuales hay compromiso de vida. “El número de quejas es importante, hay algunos abusos con el sistema, los recursos son insuficientes, pero el Gobierno está empeñado en reducir costos, generar nuevas fuentes de ingresos, controlar los precios de medicamentos y prestar un servicio integral. Estamos diseñando un nuevo modelo de seguimiento a las quejas de los usuarios”, indicó Muñoz.