"Lo que se hizo conmigo fue una injusticia. Después de 19 años y 10 meses de estar trabajando con el Estado, corriendo todos los riesgos personales, pero convencida del valor de mis labores de investigación, me acabaron profesionalmente y, sin explicación alguna, lesionaron mi dignidad. Hace seis meses, desde el pasado 7 de abril en que fui declarada insubsistente, formo parte de los altos funcionarios de la justicia que se la jugaron contra la corrupción y hoy estamos tirados al andén. Terminé convertida en un trofeo para los ilegales".
Son palabras de la ex fiscal delegada ante Justicia y Paz y ex procuradora delegada para la Vigilancia Judicial, Ana María Garzón Botero, quien después de liderar importantes investigaciones en el Ministerio Público en la administración de Alejandro Ordóñez, fue retirada abruptamente. Hoy sostiene que la sacaron por las decisiones que estaba adoptando en el caso conocido como la red de corrupción en el Consejo de Estado, donde llegó a detectar los cabos sueltos de una compleja telaraña de funcionarios, abogados o lobistas traficando decisiones de la justicia.
Convencida de que siempre obró con honradez y que no quiere “ingresar al túnel del olvido”, optó por romper su silencio y contar su historia. A finales de 2008, cuando documentaba en la Fiscalía el recuento delictivo de los postulados del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, en aplicación de la ley de Justicia y Paz, fue contactada por Alejandro Ordóñez, quien se aprestaba a asumir como Procurador General de la Nación. “Él me dijo que necesitaba investigadores de organizaciones criminales y me convenció de acompañarlo”.
Con la seguridad y experiencia de haber participado en procesos como el computador de Jorge 40, las defraudaciones en Cajanal y el Seguro Social o el desmantelamiento de la banda secuestradora de ‘Los Calvos’, Ana María Garzón asumió como procuradora delegada para la Vigilancia Judicial el 9 de febrero de 2009. Y casi desde el primer día le empezaron a llegar procesos. La farcpolítica con el caso Piedad Córdoba, el expediente de la pirámide DMG o el computador de Raúl Reyes. Y como fueron llegando los procesos, así fueron evacuados.
Destituyó e inhabilitó a un gobernador del Putumayo y a un alcalde de Barranquilla; abrió investigación contra 14 integrantes de la Policía por su presunta colaboración con la banda criminal de Daniel Rendón, alias Don Mario; sustentó la acción de revisión que apoyó la reapertura de investigaciones contra el general Rito Alejo del Río; por encargo de sus superiores representó a la Procuraduría en procesos contra congresistas en la Corte Suprema de Justicia. “A cada aporte el procurador Ordóñez me decía: Ana María, muy bien”.
A mediados de julio de 2009, los medios de comunicación reportaron que, sin mayor claridad, la Fiscalía llevaba tres años interceptando las líneas telefónicas de varios funcionarios del Consejo de Estado, para esclarecer una red de tráfico de influencias. Por petición de algunos magistrados de la Sección Quinta del alto tribunal, la Procuraduría entró a investigar y Alejandro Ordóñez entregó el caso a Ana María Garzón. Y bastó un análisis preliminar de la información para que ella abriera pesquisas contra cinco servidores judiciales.
No fue tarea fácil. En la primera etapa, la Fiscalía no fue receptiva con el Ministerio Público y hubo choque de trenes entre investigadores. Pero en manos de Ana María Garzón quedó un voluminoso expediente con escasas decisiones y al menos 30 mil llamadas telefónicas o extractos de éstas, clasificadas de acuerdo con el criterio aleatorio de funcionarios del CTI. El material direccionaba conversaciones con servidores del Consejo de Estado, Procuraduría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Congreso, Registraduría, DAS, entre otros.
Surgió de una manera inesperada. La Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía investigaba al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, extraditado y hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, y detectó una conversación con su abogado en la cual hablaban de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. La Fiscalía siguió la pista y descubrió una red que negociaba con expedientes, cuadraba decisiones o asesoraba desde dentro a demandantes o demandados. Entre 2006 y 2009 quedó un sospechoso rastro de enormes proporciones.
Con su experiencia en investigación a organizaciones, Ana María Garzón empezó a clasificar escenarios y personas. Ella sostiene que definió a cerca de 100 contactos y que diariamente informaba al procurador Ordóñez lo que estaba pasando. “Explíqueme esto, acláreme este punto, me insistía y después de mis razones, él ordenaba practicar más pruebas. Jamás me dijo que no investigara a alguien y la instrucción fue que quien fuera flotando había que tocarlo”. La prueba es que en pocos días, el Ministerio Público reportaba avances a la Fiscalía.
Por eso el procurador Ordóñez compulsó copias de todas sus actuaciones a la Fiscalía para que se abrieran procesos por concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Un menú de delitos con cinco investigados iniciales: el auxiliar del Consejo de Estado Carlos Arturo Fernández, el magistrado auxiliar Mayfren Padilla Téllez, el escribiente Edilberto Samuel Casas, el secretario Virgilio Almanza Ocampo y la funcionaria de la Procuraduría Esmeralda Muñoz Collazos.
A partir de estos cinco funcionarios y a través de una paciente labor, Ana María Garzón fue elaborando una especie de mapa con fechas y nombres para entender las dimensiones de la red (ver fotografía). Una hoja de ruta en la que fueron apareciendo gobernadores, magistrados, ex magistrados, procuradores, alcaldes, congresistas, abogados, políticos o servidores judiciales. Un complejo organigrama que conoció Ordóñez, pero que terminó sellando la suerte de Garzón en la Procuraduría porque se convirtió en piedra de escándalo.
La razón: en el pliego de cargos de 241 folios que Ana María Garzón profirió el 7 de diciembre de 2009 contra los cinco funcionarios y que fue publicitado por la propia Procuraduría, fue incluido como anexo el polémico organigrama. Y desde entonces fue Troya. Esa misma semana, durante una reunión informal en la finca de uno de los procuradores delegados, se le escuchó decir a uno de los invitados que el procurador Ordóñez estaba chuzando a los altos funcionarios y que la delegada Garzón estaba obrando a sus anchas.
El 9 de febrero de 2010, días después de que Ana María Garzón rechazara las acciones de nulidad de los pliegos de cargos contra los cinco funcionarios, argumentando que sus pruebas demostraban que ellos formaban parte de una organización delictiva con división de funciones, concurrencia de voluntades e información compartimentada, vino el desenlace. Ordóñez le dijo que ese organigrama había sido innecesario y que para evitar problemas lo mejor era trasladar el proceso a otro despacho.
De nada sirvió que Ana María Garzón argumentara que ella había hablado con los consejeros de Estado para explicarles la estructura del organigrama, con el propósito de que tomaran medidas administrativas de control, y ninguno de ellos se había incomodado. Otra cosa expresó el Procurador, quien le reiteró que su hoja de ruta había generado malestar entre los magistrados, sin decirle cuáles. Lo cierto es que ese mismo día, en idéntica fecha en que cumplía un año en la Procuraduría, a Garzón se le ordenó entregar el proceso a la delegada María Eugenia Carreño.
El 15 de febrero, el expediente salió de las manos de Ana María Garzón, pero el problema no terminó. Al día siguiente, durante un desayuno de trabajo de los delegados, más de uno se fue lanza en ristre contra Garzón. La señalaron de desinstitucionalizar a la entidad y de hacerle daño al Procurador.
La suerte de Ana María Garzón estaba echada. En dos semanas, le dieron la orden de entregar otros casos. Uno contra Hermán Arias, otro contra oficiales de la Policía por no haber entregado recompensas en la ‘Operación Fenix’ que dio de baja al guerrillero Raúl Reyes. Una más por presunta corrupción en el Seguro Social. Su situación era desesperada. “Traté de hablar con el Procurador, pero su secretaria siempre me dijo que estaba ocupado. Sólo quería advertirle que el enemigo grande era la prescripción, pero no fue posible decirlo”.
Al regreso de Semana Santa, el 7 de abril de 2010, sin llamado de atención o requerimiento previo, una secretaria notificó a Ana María Garzón de su insubsistencia. Pocos días después, en una providencia de 11 páginas, la procuradora delegada María Eugenia Carreño Gómez por presunto desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, anuló todo lo actuado por Ana María Garzón. Según sus explicaciones, era necesario indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habían concretado las conductas anómalas.
Por un incómodo organigrama con muchos nombres, producto del análisis de más de 30 mil llamadas telefónicas interceptadas legalmente, calificado por María Eugenia Carreño como irrelevante, innecesario, imprudente, desproporcionado y riesgoso para “las garantías fundamentales que misionalmente protege la Procuraduría”, la investigación contra Carlos Arturo Fernández y otros volvió a su punto de partida. Lo paradójico es que para la época ya el mentado Fernández había sido condenado por la justicia a 48 meses de prisión.
En efecto, el 30 de noviembre de 2209, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a Carlos Arturo Fernández por el delito de concusión. Y lo hizo porque probó que le exigió a un educador $30 millones por acelerar un litigio planteado por la negativa de Cajanal a reconocerle la pensión gracia. El mismo caso que Ana María Garzón documentó en su pliego de cargos con la respectiva transcripción de las llamadas telefónicas y la evidencia de que el personaje cobró el dinero en Cartagena, adonde viajó con su familia.
El destino del que se proyectaba como uno de los casos más delicados de corrupción a alto nivel hoy es incierto. En la Fiscalía nada ha vuelto a saberse. Este diario consultó en la Procuraduría por el estado del expediente y no obtuvo respuesta. Todo apuntaba a que se iban a descubrir compras de fallos, repartos direccionados, acciones para detener o acelerar procesos, oficinas de abogados para manejar expedientes, y otras cuantas anomalías cruzadas en medio de conversaciones sobre parapolítica, elecciones, procesos judiciales y demandas contra periodistas.
En cambio quedan las reflexiones de una funcionaria con 19 años de experiencia, hoy a la deriva. “Yo me pregunto si el Procurador, en calidad de ex consejero de Estado, no debió declararse impedido. Y si María Eugenia Carreño, su auxiliar en el Contencioso y hoy su mano derecha, no debió hacer lo mismo. Necesariamente tuvo que darse cuenta de que muchos de los mencionados fueron sus compañeros de corporación. Pero igual, ellos siguen en la Procuraduría y yo en el asfalto. El asunto es de supervivencia y lo duro es tener que entender que a veces hay que quedarse quieto. No temo lo que me pueda pasar porque el daño moral, que es peor, ya está hecho”.
El fallo disciplinario contra Piedad Córdoba
Esta semana el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado produjo una de las primeras decisiones en el escándalo de la farcpolítica. Destituyó e inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba por sus presuntos vínculos con el grupo guerrillero. Además, le pidió a la Corte que la juzgue por delitos de lesa humanidad.
Según el fallo del Ministerio Público, entre 2007 y 2010 hubo una relación continuada entre la congresista y las Farc, y los correos encontrados en los archivos de los computadores de Raúl Reyes evidencian que cuando el líder guerrillero hablaba de Teodora, Dorotea o La Negra, estaba refiriéndose a Piedad Córdoba.
La decisión del Procurador causó todo tipo de reacciones. Las de aquellos que la consideraron justificada y la de quienes la han criticado con vehemencia. La senadora Córdoba la calificó como persecución y añadió que es el precio que tienen que pagar quienes se empeñan en la búsqueda de una solución política al conflicto.
Tres escenarios de polarización y polémica
Las posiciones del procurador Alejandro Ordóñez siguen polarizando. Desde hace varios meses, su oposición a la sentencia que ordenó la despenalización del aborto en ciertos casos ha generado controversia pública. Ahora busca radicar un proyecto de ley para que los ciudadanos puedan argumentar objeción de conciencia en casos y abstenerse de practicar los abortos.
También ha sido pública su posición en contra del matrimonio para parejas del mismo sexo. En diversos foros y publicaciones, Alejandro Ordóñez ha defendido su rechazo, lo cual lo ha convertido también en un personaje que suscita adhesiones y repudios.
El pasado jueves volvió a plantear controversia cuando su delegado, el procurador Jorge González, pidió en audiencia pública a la Corte Suprema absolver al senador Mario Uribe por el presunto delito de concierto para delinquir. Su razón: no hay pruebas para condenarlo y los testimonios en su contra no son válidos.
Más decisiones en el ojo del huracán
El 15 de enero de 2009 tomó posesión como Procurador el abogado santandereano Alejandro Ordóñez. Casi desde el inicio de su gestión suscitó controversia por absolver a los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por el denominado escándalo de la yidispolítica.
No obstante, en fecha reciente sancionó al primero de los ministros citados por presuntas anomalías en la ausencia del congresista Teodolindo Avendaño durante la jornada que permitió la reelección del ex presidente Álvaro Uribe.
También causó división su decisión de destituir del cargo como gobernador del Valle al abogado Juan Carlos Abadía. En la actualidad, la Corte adelanta una investigación en su contra por su decisión en el caso de la yidispolítica.