La reconstrucción del estadio Pascual Guerrero de Cali, para que la ciudad fuera sede del Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011, sólo ha dejado líos y denuncias por posible corrupción. Sin embargo, pese a la cantidad de posibles irregularidades que han descubierto los organismos de control de la capital del Valle, hasta la fecha no hay ni un sancionado. Los procesos en Fiscalía, Contraloría y Procuraduría parecen congelados.
El haber contratado la obra con el Fondo Mixto, que no tenía capacidad para desarrollarla y la tuvo que subcontratar; el incremento exagerado del presupuesto; los sobrecostos en suministros y trabajos; la realización de obras que no estaban incluidas en el proyecto inicial; los pagos sin tener los certificados de disponibilidad presupuestal; falta de planeación y, especialmente, el haber hecho una inversión de casi $100 mil millones en una propiedad que no es de la Alcaldía de Cali son algunas de las posibles irregularidades que se han detectado detrás de la construcción del escenario deportivo.
Ante todos los señalamientos, la actual administración pidió a las autoridades acelerar las investigaciones, para que aclaren qué hay detrás de las obras. En palabras del propio alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, lo que encontró fue un gran desorden de contratación y administrativo que tratan de solucionar.
Por su parte, pese a que todos los señalamientos apuntan directamente al exalcalde Jorge Iván Ospina, el exmandatario le dijo a El Espectador que no quería entrar en polémica con la actual administración en un tema que está claro. “Entiéndame, prefiero no hablar al respecto”, insistió.
El último capítulo de las irregularidades detrás de la polémica obra ocurrió la semana pasada. Por un lado, apareció un grupo de proveedores de la obra de reconstrucción del Estadio, que dicen que no les han pagado y que es la Alcaldía la que debe hacerlo. La deuda asciende a casi $4.000 millones y sigue en aumento, si se tiene en cuenta que a este capital se deben sumar intereses por cada mes de demora en los pagos. El pasado viernes hicieron una protesta pública, pidiendo que les reconozcan su trabajo.
Por el otro lado, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) envió una carta al alcalde Rodrigo Guerrero indicando que el pasado 30 de junio se le venció el plazo a la administración para pagar el préstamo de $15.000 millones que le hizo a través del Fondo Mixto para continuar con las obras del escenario deportivo.
En la misiva se le indica al mandatario que en intereses deben casi $1.000 millones y que de ahora en adelante se causarán casi $250 millones mensuales por mora. La deuda con Infivalle corresponde a un crédito que le otorgó al Fondo Mixto de Cali, respaldado en vigencias futuras autorizadas por el Concejo Municipal a la administración pasada. El compromiso de pago estaba para el 30 de junio. Sin embargo, el plazo ya pasó y la actual administración no ha desembolsado.
Es un desorden
Frente a los últimos casos relacionados con la construcción del Pascual, el actual alcalde, Rodrigo Guerrero, explicó que todo es producto del desorden de la administración pasada. Sobre el crédito de Infivalle dijo que la alcaldía de Ospina hizo un convenio con el Fondo Mixto para adelantar otras obras en el estadio por $15.000 millones. “Luego el Fondo Mixto le vendió la factura a Infivalle y es por eso que la Alcaldía tiene que pagarle a esta entidad financiera”, aseveró Guerrero.
“Sabemos de la deuda y hemos sido claros en señalar que con mucho gusto vamos a pagar cuando estén todas las obras terminadas. Aún falta algo de la pista atlética y los techos. Llegamos a un acuerdo y la próxima semana pagaremos la mitad. El resto se hará cuando se entreguen las obras. El dinero para pagar ya lo tenemos hace una semana, pero debemos asegurarnos de hacer las cosas bien”, agregó el mandatario.
Y frente al caso de los acreedores, el alcalde agregó que recientemente aparecieron esas personas diciendo haber hecho obras para el municipio, pero que no tienen documentos que demuestren que les tenga que pagar la Alcaldía. “Dicen que el exalcalde Ospina les dio órdenes verbales y la Alcaldía no puede pagar nada sin sustento. Les dijimos que arreglen la situación con el Fondo Mixto. La solución es con una conciliación, pero es un procedimiento que tomará tiempo”, agregó el mandatario.
Guerrero concluyó que espera que las investigaciones que se adelantan actualmente avancen para saber si detrás de las irregularidades hay algún responsable. “Por ahora, lo que estamos haciendo es cerciorándonos de que lo que vayamos a pagar sean hechos ciertos y obras que se hayan terminado, porque encontramos mucho desorden de la anterior administración. Lo otro es tarea de los entes de control”.
Un gran estadio
Un funcionario de la anterior administración, que pidió que no se publicara su nombre para evitar señalamientos, defendió la obra y dijo que todo quedó bien planeado, que los gastos se dejaron autorizados, pero que es la actual administración la que no quiere pagar. “Esto para poder generar la crisis que hoy se está dando. En el caso del crédito de Infivalle, muchos de los que hoy están en la administración fueron concejales que le aprobaron al alcalde Ospina las vigencias. Sin embargo, al final de las investigaciones se podrá demostrar que todo se hizo bien”.
Sobre los cuestionamientos del paso de un presupuesto inicial de casi $30.000 millones a $100.000 millones, señaló que es falso que el estadio costara la cifra inicial. “Desde que la Universidad del Valle hizo el estudio estaba claro que el Estadio había que reconstruirlo todo, por las serias deficiencias que tenía y que ponía en riesgo a la gente que iba al escenario. Desde el principio se sabía que las obras iban a costar $100.000 millones”, puntualizó.
Para justificar la multimillonaria inversión, en un escenario que sólo se usaba los fines de semana para partidos de fútbol, explicó que fue por este motivo que se adicionó a la obra la construcción de otros espacios públicos, como el museo, la biblioteca, sitios para que ensayaran los bailarines de salsa, academias de deportes y los locales comerciales. “Teníamos que tener una mayor intensidad de uso”.
Concluyeron que la plata que se invirtió en el estadio no es sólo del municipio, sino del Gobierno Nacional. “Muchos critican el convenio de obra con el Fondo Mixto, pero hay documentos que demuestran que ese convenio fue sugerido por el propio Coldeportes. Por eso, hablar de irregularidades en el Pascual Guerrero es más un mito. Los que trabajamos en la administración del exalcalde Ospina no tenemos preocupaciones, porque lo que se dejó fue un estadio maravilloso”, concluyó el exfuncionario.
“Reabriremos el proceso”
Ante el reclamo de la falta de acciones de los entes de control, el actual personero de Cali, Andrés Santamaría Garrido, señaló que a pesar de que su antecesor archivó la investigación, está haciendo lo posible por reabrir el proceso. Él tiene claro que detrás de las obras en el Pascual Guerrero hubo irregularidades al ser una obra mal planificada, que generó sobrecostos y que alguien debe responder.
“Fue un estadio que no tuvo una planeación. Hay sobrecostos identificados por la Personería en insumos, silletería, la pantalla, entre otros. El caso del ascensor es increíble, ya que compraron el aparato sin tener el hueco para instalarlo. Hoy el ascensor está en una bodega. No hubo una licitación, en la que concursaran expertos, sino que la obra se contrató a través del Fondo Mixto y entregaron las obras a dedo. El Estado y el municipio no tuvieron interventores, sino que los contrataba el propio Fondo Mixto”, afirmó el personero.
Y agregó: “Nos han metido la mentira de que es el mejor estadio del país, pero considero que fue un engaño para tapar una malversación de fondos. Hay cosas tan absurdas como la construcción de una biblioteca y un museo, que pese a ser una muy buena intención, no planearon quién los iba a operar. A todo esto se suma el problema con los proveedores y el del crédito de Infivalle. Todas son cosas que se deben investigar. El Pascual Guerrero se convirtió en un barril sin fondo”, concluyó el personero.
Frente a la reciente protesta de los proveedores que están cobrando casi $4.000 millones, un informe de la Personería señala que algunos de ellos, posiblemente, tendrían relación con las empresas de los mismos contratistas que construyeron el Estadio, que hoy pretenden seguir cobrando dinero de una obra multimillonaria.
No han entregado las obras
En todas las auditorías que ha hecho la Contraloría en el Valle, la conclusión es la misma: “Se evidenciaron deficiencias en la planeación de las obras, lo que generó incremento de obras, ya que se incluyeron actividades que se tuvieron que evaluar cuando se efectuaron los estudios técnicos que determinaron la viabilidad del proyecto”.
De igual forma, señalan que la Alcaldía de Cali no analizó la conveniencia y beneficio que podía lograr la administración con la contratación directa, en vez de la ley de contratación. “Con estas actuaciones el municipio no está garantizando el cumplimiento de principios constitucionales y legales como son la transparencia, igualdad y libertad de concurrencia de todas las personas que tengan la posibilidad de ofrecer los servicios que requiera la administración, buscando las condiciones más favorables para la satisfacción del fin público”.
La construcción, que comenzó con un proyecto inicial de casi $30.000 millones, ya supera los $100.000 millones. En varias oportunidades se vio desfinanciada y la anterior administración le siguió invirtiendo dinero a través de adiciones a los convenios o con la aprobación y pago de más obras que no estaban incluidas en el proyecto inicial, que se fue modificando a medida que iban avanzando los trabajos.
A pesar de que el Fondo Mixto, responsable de la obra, dice que ya todo está terminado, no han podido encontrar quién realice la liquidación del contrato para que la administración reciba la obra. Por ahora, sigue como si estuviera inconclusa. Total, de los trabajos que cumplen casi tres años sin entregar, aún falta por pagar casi $20.000 millones, ubicando al Pascual Guerrero de Cali como uno de los escenarios deportivos más costosos de Suramérica, con una inversión que asciende casi a los $100.000 millones.
Los principales cuestionamientos apuntan al hecho de que el exalcalde Jorge Iván Ospina invirtió todo este dinero en obras que, a todas luces, no tuvieron una planeación clara. Además, que se hicieron en un bien que no es del municipio y por haber autorizado obras que no estaban en el proyecto inicial. La última palabra, como siempre, está en manos de los entes de control, que siguen sin definir si detrás de todo esto hay o no responsables.