“Santos, dígame fascista o como quiera, pero no siga corrompiendo a la Federación de Cafeteros”. Esa fue una de las acusaciones que lanzó por Twitter el expresidente Álvaro Uribe hace un par de semanas, mientras divulgaba detalles de lo que en sus palabras eran “contratos corruptos” del Fondo de Programas Especiales para la Paz. El trino venía acompañado de una imagen no muy clara, que mostraba un contrato por $8.553 millones, cuyo propósito era “generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz”. El senador, sin embargo, al parecer olvidó dos pequeños detalles: que fue él mismo quien dio vida a los convenios del Fondo de Paz con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Y que en su gobierno se autorizó el 76% de lo que ha recibido la FNC desde el Fondo.
Esa alianza, podría decirse, fue el último gran proyecto en nombre de la paz que el entonces presidente y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, gestaron juntos; y nació en un Consejo de Seguridad en Planadas (Tolima) el 12 de mayo de 2008. El lugar del anuncio fue escogido adrede: de Planadas forma parte Marquetalia, el lugar que simboliza el nacimiento de las Farc. Desde allí, después de mandarle saludos al “filósofo del terrorismo” (Alfonso Cano), Uribe anunció”: “El alto comisionado (para la Paz), Luis Carlos Restrepo, ha revisado todo el presupuesto que él maneja en el Fondo de Inversiones para la Paz y ha logrado separar $100.000 millones para las carreteras del sur de Tolima”.
Ese día, quedó registrado en los archivos de la Presidencia, Uribe le dijo a la región: “En estas tres semanas el Fondo hace una invitación a cinco firmas grandes, para que presenten sus propuestas y adjudicar (...) Derrotar a las Farc en este sur del Tolima es un compromiso”. Agregó que su sueño era que la región produjera “el mejor café del mundo”. Tres meses después, Luis Carlos Restrepo firmaba el primero de los seis “convenios marco de cooperación” que se han hecho entre el Fondo y la FNC. En él se lee que la meta del Gobierno, con base en el artículo 22 de la Constitución (“la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), era generar escenarios propicios para crear condiciones de paz.
Ese es el origen de los contratos que, seis años más tarde, el propio Uribe ventilaría bajo el rótulo de “la jugosa mermelada de la paz”. Los convenios tienen todos el mismo objeto, definido desde que se firmó el primero en agosto de 2008: “Coordinar acciones y adelantar proyectos enmarcados dentro del desarrollo social, con el propósito de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz con las comunidades objeto de las acciones enmarcadas dentro del presente convenio”. Las comunidades a las que se hace referencia son cuatro municipios que han sido intervenidos a través de cada uno de los convenios: Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral. Y, en el más reciente, San Antonio. En todos, el café es el sustento principal.
El Convenio 254 de 2008 muestra, además, otro país político: lo avalaron Bernardo Moreno, condenado hace dos días por las ‘chuzadas’ del DAS, y Luis Carlos Restrepo y Luis Alfonso Hoyos, ambos en el exterior mientras la justicia los investiga por la desmovilización del frente Cacica La Gaitana y los nexos con el hacker Andrés Sepúlveda, respectivamente. En nombre de la Federación firmó el entonces gerente general Gabriel Silva Luján, quien luego reemplazaría a Santos —su gran amigo— como ministro de Defensa de Uribe y, en el cisma entre ellos dos, se inclinó por el bando del hoy jefe de Estado. El propio Santos, además, tenía vínculos con la Federación desde 1972, cuando fue su representante ante la Organización Internacional del Café en Londres por nueve años.
Como lo había señalado este diario, la Federación Nacional de Cafeteros es la organización que ha recibido el mayor porcentaje de los recursos del Fondo de Paz: el 28% a partir de 1999 (el Fondo se creó en 1997). Tanto Uribe como Santos le apostaron a combatir a las Farc mejorando las condiciones del lugar donde éstas nacieron. Los dos contratos de la era Uribe costaron unos $166.000 millones, que es el 76% de todo lo que el Fondo le ha entregado a la FNC. Los convenios de Santos van en $51.000 millones. Según la información consignada en los contratos, de ese total, el Fondo para la Paz ha cubierto el 97% y la Federación lo restante. Aunque, como se explicará más adelante, la FNC terminará recibiendo más recursos de los que puso.
¿La Federación construyendo vías?
Desde el primer convenio quedó consignado que el Gobierno escogió a la Federación de Cafeteros para manejar los recursos destinados a las vías del sur de Tolima porque “cuenta con un alto reconocimiento como eficiente y transparente ejecutor de recursos”. Pero, ¿cuáles eran sus credenciales para hacerse a contratos de construcción de vías? El Espectador habló con Carlos Armando Uribe Fandiño, quien desde abril de 2013 es el gerente técnico de la FNC. El reconocido ingeniero agrónomo risaraldense, quien encarnó el personaje del profesor Yarumo 17 años, expuso que la experiencia de la FNC en obras de infraestructura se evidencia en las zonas cafeteras y comenzó desde 1944.
En las cifras proporcionadas por Carlos Uribe Fandiño se lee que a partir de ese año la Federación empezó a hacer presencia en regiones cafeteras construyendo acueductos, aulas y viviendas de maestros, centros de salud y vías y puentes, principalmente. Las estimaciones de la FNC es que, hasta hoy, las carreteras que han construido en todo el país equivalen a la distancia que hay entre Bogotá y Beijing (más de 14.950 kilómetros si fuera una línea recta); y las carreteras mejoradas, que suelen ser vías terciarias, equivalen a 3,65 veces la circunferencia de la Tierra (la cual pasa los 40.000 kilómetros). En el caso de los convenios con el Fondo para la Paz, los recursos de la FNC se han ido en adecuar vías terciarias para que éstas tengan acceso a los tramos Rioblanco–Chaparral y Ataco–Planadas.
El objetivo, como lo señaló Uribe Vélez en el consejo de seguridad en Planadas, era establecer un sur del Tolima “en paz, sin terroristas” y con vías no “de herradura”, sino “pavimentadas y decentes”. Hasta la fecha, los $217.000 millones asignados a la Federación traducen 84 kilómetros pavimentados en esta área, que es boca del Cañón de las Hermosas: el refugio que llenó de minas antipersonal Alfonso Cano. Por aquí, en tiempos de lluvia, no pasaban ni las ánimas. Y aun en épocas secas, los tránsitos eran eternos: los 258 kilómetros que hay de Planadas a Ibagué les llevaba a los pobladores hasta 12 horas, avanzando así 21 kilómetros cada 60 minutos. Hoy, el desplazamiento no dura más de cinco horas.
Por otra parte, el primer convenio indicaba que la Federación no recibiría remuneración por administrar recursos o ejecutar obras. Esto cambió a partir del segundo convenio, firmado el 22 de julio de 2010: se estableció que por administrar los proyectos, la FNC recibiría “el 13% sobre los costos directos del valor total aportado” por el Fondo para la Paz. Según el acta de liquidación del convenio de 2010, en éste el Fondo aportó más de $73.000 millones y la FNC, $2.047 millones de sus propios recursos, pero, a su vez, recibió $8.473 millones por administración. Aún no están listas las actas de liquidación de los demás proyectos porque la mayoría están en ejecución, pero partiendo del contrato de 2010, podría estimarse que al terminar las obras la FNC habrá recibido unos $14.300 millones mientras habrá aportado $5.300 (el saldo a su favor rondaría los $9.000 millones).
Desde julio de 2010, cada convenio se ha firmado así: semanas antes de expirar, la Federación presenta una propuesta técnico-económica para seguir interviniendo el sur de Tolima y se pacta un nuevo convenio. Su interés por esta zona se explica con cifras en mano: el eje del café pasa hoy por Huila, Antioquia y Tolima, y en este último departamento los números van en aumento desde que se empezaron a intervenir las vías. Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco pasaron de tener 27.606 hectáreas de cafetales en 2008 a 37.855 en 2014 (un aumento del 37%). Tolima se consolidó como el tercer mayor productor del grano, cultiva cafés especiales, y hasta allá han empezado a llegar compradores internacionales, lo que no se veía antes.
Es el sueño del “mejor café” y la “alta productividad” en busca de crear condiciones para la paz del que hablaba Uribe.
La sombra de las Farc
Más allá de los intereses y las corrientes políticas, resulta increíble que al Estado colombiano le llevara casi 50 años tomar acciones en una región donde, en 1964, aparecieron fundadores de las Farc como Manuel Marulanda Vélez: Marquetalia. El reclamo en esa época, además de la violencia política, tenía que ver con el evidente desidio estatal en este punto del país, el cual, como han señalado estudiosos del conflicto, es una constante en todos los lugares donde se han fortalecido los grupos guerrilleros o paramilitares. A la fecha, los indicadores del sur de Tolima siguen mostrando que en esta zona son pocos los que conocen el verdadero significado de la palabra “bienestar”.
Un documento del Incoder de 2012, titulado “Caracterización demográfica del sur de Tolima”, explica que en esta región el 63% de la población está en zonas rurales, afrontando unos elevados niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas (NBI). En Ataco, Planadas, San Antonio, Chaparral y Rioblanco —los municipios que han sido intervenidos con dineros del Fondo para la Paz— el índice promedio de NBI es del 70%, la calidad de vida rural no pasa del 46% y el 92% de los habitantes están afiliados al Sisbén. La cobertura de servicios básicos es bastante limitada. El índice de concentración de propiedad rural sobrepasa el 72%, lo que indica que estas extensas tierras tienen pocos dueños: “Esta situación es fuente de desequilibrios sociales y económicos”, advierte el informe.
Marquetalia y Planadas son el ejemplo perfecto de la apatía estatal: según el alcalde del municipio, David Lozada, no tienen ni siquiera agua potable. “Este es un municipio de muchos problemas sociales heredados, con 15 policías para proteger a 30.000 habitantes; pasamos años abandonados por la Fuerza Pública. El Estado tiene una deuda enorme con Planadas: ¡hasta ahora estamos trabajando en una meta que nunca se ha cumplido, la pavimentación de vías! Por eso este municipio ansía que se firme el acuerdo de paz: vemos en el posconflicto una gran posibilidad”, manifestó Lozada. Para el mandatario, las inversiones en vías han sido claves para permitirles a los campesinos de la región comercializar su producto estrella: el café. El nivel de pobreza, sin embargo, está por encima del 60%.
Construir vías en una zona de tan marcada injerencia guerrillera tampoco ha sido color de rosa. Para no ir más lejos, en noviembre del año pasado un comando de las Farc atacó a unos soldados que se encontraban a metros de distancia de las obras en la vía de Chaparral: dos uniformados murieron y los trabajadores, que huyeron despavoridos, no volvieron en cuatro días. En la vía a Ataco pusieron una motobomba. A un técnico de la Federación de Cafeteros le quitaron su carro y lo cargaron con explosivos. En el campamento de un grupo de interventores pusieron dos cadáveres. Incluso, en una modificación al tercer convenio se lee que en diciembre de 2013 fueron quemadas tres excavadoras, por lo que la Federación se vio obligada a pedir un anticipo para reponer los equipos.
No obstante, que aquí haya surgido y se haya fortalecido la guerrilla no implica que la población la reciba con los brazos abiertos. Es una situación compleja: mientras en algunos caseríos, a las 6 de la mañana, suena el himno de las Farc, en otros se denuncia reclutamiento forzado de menores. En las elecciones de 2010, cuando Santos todavía era la cara de la política de seguridad democrática de Uribe, arrasó con más del 70% de los votos en los cinco pueblos intervenidos con los convenios. Otra cosa, sin embargo, se vio en la contienda de 2014: en segunda vuelta Santos alcanzó a obtener el 27% de los sufragios, mientras Óscar Iván Zuluaga, el símbolo del uribismo, estaba por encima del 70%. Tolima, en general, fue una gran victoria para Zuluaga.
Epílogo
Los convenios con la Federación de Cafeteros, que se suscribieron en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, fueron también el piso de una estrategia de guerra que culminaría, ya con Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, con la muerte de quien era el número uno de las Farc: Alfonso Cano. En 2008 se empezaron a hacer las vías; en 2010, se creó la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, y la presión que se ejerció por todos los frentes terminó expulsando a Cano de su fortaleza, el Cañón de las Hermosas, para salir a buscar escondite en el Cauca, donde finalmente murió durante un operativo militar en noviembre de 2011.