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La Fiscalía General viene dando pasos para capturar a todos los miembros de una red criminal que habría participado en un homicidio que sacudió al mundo del fútbol profesional colombiano. Se trata del asesinato de Édgar Páez Cortés, presidente de Tigres FC, club de la Segunda División. El hecho fue perpetrado el 23 de septiembre de 2023, en el sur de Bogotá, por al menos seis personas.
El Espectador contó el pasado 1 de junio que un testigo protegido ha sido la piedra angular para identificar, por ahora, a dos de los supuestos implicados en el asesinato. Ese testimonio permitió que las autoridades tengan ya dos teorías sobre quiénes hicieron parte de la cadena criminal que ordenó y contrató a los autores materiales del crimen. Esos dos caminos investigativos apuntan a que el grupo criminal conocido como la Oficina del Sanandresito de la 38 participó en el homicidio.
Esta oficina de cobros sicariales opera desde inicios de este siglo en ese centro de comercio informal ubicado en el centro de Bogotá, históricamente ligado al contrabando y al lavado de activos de los paramilitares y esmeralderos mafiosos. A principios de los años 2000, según fallos judiciales, la Oficina del Sanandresito estuvo dirigida por hombres de confianza de los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil.
En los últimos años, ese vínculo se estrechó con el Clan del Golfo —grupo criminal sucesor del paramilitarismo— y se mantuvo la relación con comerciantes de la gema verde en Boyacá. Un ejemplo de que ese lazo perdura es un reciente homicidio: el de Luis Abelardo Triana, alias Valero, señalado de tener nexos con el clan narcoesmeraldero de Horacio Triana y, al parecer, de manejar la oficina de cobros del Sanandresito de la 38.
Lo que dijo el informante de la Fiscalía
En octubre de 2024, el testigo protegido le dijo a los investigadores del CTI de la Fiscalía que el presunto sicario, Juan Álvarez, además de confesarle que disparó contra el dirigente deportivo, estaba “muy molesto” porque solo le habían pagado $15 millones de los $30 millones pactados para cometer el crimen.
Cámaras de seguridad registraron que el señalado asesino se movilizaba en una moto blanca cuando atentó contra Páez, a la altura de la carrera 46 con avenida de Las Américas. ¿Quién puso ese dinero? ¿Quién ordenó el asesinato?
Son preguntas que, por ahora, las autoridades no han podido responder con certeza, aunque la declaración del testigo da algunas luces: “Álvarez estaba pagando prisión domiciliaria por hurto, pero igual salía a hacer sus vueltas como si nada. A él lo contratan para cosas grandes, para matar gente importante. Se le mide a todo. Incluso, hace poco me dijo que tenía once muertos en la espalda (…) Él dijo que el que pagó por esa vuelta (el asesinato de Páez) es un man más duro que ese morraco”.
En este punto aparece la Oficina del Sanandresito de la 38. De acuerdo con el testimonio del testigo protegido, quien le incumplió el pago al sicario fue un hombre conocido como Miller.
“Es un tolimense, de unos 50 a 55 años, con entradas muy pronunciadas, 1.65 metros de estatura, piel trigueña y un acento muy golpeado, como el de un campesino. Es quien le consigue las vueltas a Álvarez. Es a Miller a quien contactan los de la Oficina del Sanandresito de la 38; él es el encargado de coordinar cómo se va a realizar la vuelta. Organiza quién va a matar, quién va a hacer los seguimientos o las vigilancias, qué carros o motos se van a usar y qué armas se van a utilizar”, señaló el testigo protegido ante la Fiscalía.
Los investigadores del caso sostienen que el homicidio de Páez debe entenderse en un contexto en el que han sido asesinadas personas ligadas a Independiente Santa Fe en la primera década del siglo XXI, cuando Eduardo Méndez tomó por primera vez las riendas del club y Páez era inversionista e hincha del equipo capitalino.
Por esos años, el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, señaló que el equipo fue utilizado por narcotraficantes en una megaoperación denominada Cuenca del Pacífico, mediante la cual se habrían lavado 137 millones de dólares. En octubre de 2010, el alto oficial afirmó que esa abultada suma, al parecer, “estaba destinada a financiar al equipo albirrojo”.
Algunas de las personas que participaron en esa monumental operación de lavado fueron condenadas en Estados Unidos y retornaron al país en los últimos años. Ese regreso tuvo un desenlace fatal para todos: uno por uno fueron asesinados por sicarios mientras se desplazaban por las calles de Bogotá. Hasta la fecha, el caso de Páez es el único que ha reportado capturas por parte de la Fiscalía.
La cadena de asesinatos inició con el narcotraficante Luis Caicedo Velandia, en julio de 2021. Le siguieron Claudio Silva Otálora, en noviembre de 2022; Francisco Caicedo Velandia, en febrero de 2023; y Édgar Páez, en septiembre del mismo año. A esta serie se sumó el atentado contra el abogado Ricardo Villarraga, en marzo de 2024.
El penalista, cercano a Santa Fe y exmiembro del DAS —como Páez—, también tuvo vínculos con el extraditado narcotraficante alias el Loco Barrera. El único de ese círculo que no ha tenido un desenlace trágico es Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, antiguo narcoesmeraldero señalado por el presidente Gustavo Petro de liderar desde Dubái una red internacional de narcotráfico y de estar detrás de un supuesto plan para asesinarlo.
¿Cómo sobrevivió Lozano Pirateque a esa purga mafiosa? Fuentes de inteligencia policial indican que la explicación es muy sencilla: existen audios de alias Otoniel, antiguo líder del Clan del Golfo, en los que afirma haber sellado una alianza con Lozano para eliminar a Luis Caicedo y a otros hombres con supuestos vínculos mafiosos. Entre ellos, los zares esmeralderos alias Pedro Pechuga y Hernando Sánchez, asesinados en Bogotá en agosto de 2024 y abril de 2025, respectivamente.
“Esta disputa, en la que hay múltiples intereses, terminó forjando una alianza entre Lozano y el Clan del Golfo para adueñarse de rutas del narcotráfico, rentas de lavado de activos y recuperar bienes en poder de testaferros”, reveló una fuente policial.
Aquí falta una pieza clave del rompecabezas para entender la relación histórica de Julio Lozano Pirateque con el Sanandresito de la 38: Franklin Gaitán, alias el Señor de la Silla, quien también fue detective del DAS. Este hombre, extraditado a Estados Unidos en 2010, era jefe de seguridad de Lozano y dueño de varios locales en el Sanandresito que, según la Policía, eran utilizados para lavar dinero de la organización criminal.
Los reportes periodísticos de entonces revelaron que el Sanandresito de la 38 tenía miembros de la Policía dentro de su estructura. Entre ellos, uno muy cercano a Gaitán: el capitán Carlos Alberto Flórez, quien luego entregó información sobre la red de lavado a las autoridades estadounidenses y fue condenado en ese país. Hoy se desconoce su paradero, al igual que el de Gaitán. Aunque este último fue extraditado hace 15 años, actualmente enfrenta un proceso de extinción de dominio en la Fiscalía, pero no se sabe si regresó al país.
Clan del Golfo, alias Messi y la mafia de los Balcanes
Otra arista que exploran las autoridades en torno al asesinato de Páez es una versión proporcionada por personas del entorno del fútbol profesional colombiano: que Tigres FC habría incluido en su plantilla a jugadores formados en academias deportivas del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, financiadas por el Clan del Golfo. Este grupo armado cuenta con más de 7.000 integrantes a nivel nacional, según el Ministerio de Defensa.
Desde 2021, este diario ha reportado que la Policía investiga los movimientos financieros de un reconocido narco de esa organización que habría lavado dinero en el fútbol en esa región del país: Jhon Freddy Zapata, alias Messi.
Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad ha mostrado pruebas del nexo entre Tigres FC y el Clan del Golfo. De lo que sí hay evidencia es de que esa organización, junto con la Oficina del Sanandresito de la 38, se aliaron para ejecutar la mediática fuga de un narcotraficante en marzo de 2022. En ese momento, los medios informaron que alias Matamba escapó del penal de máxima seguridad con ayuda de funcionarios públicos.
En abril de 2023, la Fiscalía capturó a dos personas implicadas en ese plan cinematográfico: el exjefe paramilitar alias Pájaro y Edgar Munévar, alias el Caballista, un hombre que, según las autoridades, está vinculado con la Oficina del Sanandresito y ha sido implicado en casos de hurto, estafa y fleteo.
Además, en ese proceso se reveló otra muestra de la estrecha relación entre la Oficina y miembros de la Policía: el CTI capturó al capitán Luis Eduardo Duque por presuntamente colaborar en la fuga. La Fiscalía también determinó que uniformados ayudaron a borrar videos de cámaras de seguridad de Bogotá que registraron el vehículo en el que escapó Matamba.
Seguimientos al Caballista muestran su cercanía con varios policías mientras visitaba locales en el Sanandresito. Sin embargo, nunca fueron judicializados.
En el caso de Édgar Páez también apareció un vínculo con la Policía. El testigo protegido relató que, en agosto de 2023, Juan Álvarez le confesó haber participado en el secuestro de un comerciante en Engativá. Medios reportaron que los responsables del plagio vestían uniformes de Policía. Para sustentar la credibilidad del testigo, la Fiscalía presentó en audiencia interceptaciones telefónicas entre Álvarez y Zuluaga, en las que hablaban de “uniformarse” y de tener un “amigo en la Sijín”.
La Fiscalía, por ahora, no ha informado si por el testimonio del testigo protegido, Álvarez será vinculado a la investigación que adelanta la entidad por el secuestro del comerciante. Por lo pronto, el señalado sicario negó su participación en el homicidio de Páez y se defenderá ante los estrados de la acusación de la Fiscalía.
Lo que sí queda claro es que varios de los hechos perpetrados por la Oficina del San Andresito de la 38, en Bogotá, han contado con la colaboración activa de miembros de la fuerza pública. Desde sus inicios, cuando actuaban como brazo armado de los paramilitares de Castaño, hasta hoy, con su aparente alianza con el Clan del Golfo y narcoesmeralderos.
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