Nuevamente la financiación del sistema de salud puede entrar en cuidados intensivos. Primero fueron las polémicas decisiones de algunos jueces que mediante fallos autorizaron tratamientos exorbitantes y costosos a los pacientes. Después fue el desangre del sector derivado de continuos actos de corrupción. A ello se suman los abusos de miles de usuarios en la utilización desaforada del servicio. Y ni qué decir de los precios exagerados que han impuesto algunos laboratorios por los medicamentos. A este panorama se adiciona ahora una ley que está ad portas de ser aprobada en el Congreso y que obliga a incluir en el Plan de Beneficios los tratamientos médicos para superar la infertilidad. Una iniciativa que obliga al Estado a financiar los tratamientos con dineros públicos, en momentos de graves dificultades presupuestales del sistema.
En el alto Gobierno hay inquietud frente al veloz trámite de la iniciativa en los últimos días, que en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado tuvo una contundente votación de ocho a favor contra cero. En dos semanas, a más tardar, corresponderá la aprobación final y pasará a convertirse en ley de la República. “Nos preocupan los costos. Sumar beneficios sin conseguir los recursos es irresponsable. Creo también que hay intereses económicos involucrados, no debemos olvidar que los recursos de la salud son finitos”, señaló el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Los dineros específicos para financiar la avalancha inicial de tratamientos que se estima, según cifras del Ministerio de Hacienda, serían cerca de veinte mil, aún no se sabe de donde van a salir. En lo que sí hay claridad es que para este año el saldo en rojo de financiamiento del sector salud arrancó cercano al medio billón de pesos y, como reitera Gaviria, “el sistema de salud no puede seguir gastando más de lo que tiene”.
Una posición que comparte el Ministerio de Hacienda, que desde octubre del año pasado advirtió la inconveniencia de aprobar el proyecto de ley “por medio del cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad, se autoriza su inclusión en el Plan de Beneficios y se dictan otras disposiciones”. En la referida advertencia, el Ministerio conceptúa que la sostenibilidad financiera del sistema de salud se ve afectada por la propuesta de ley, que no existe la capacidad para realizar el reconocimiento y pago de forma directa de los costos que se deriven, que no comparte la inclusión de servicios y tecnologías en salud mediante leyes y por eso pide archivar el proyecto, en la medida en que quiebra los principios del sistema y pone en riesgo su financiación y viabilidad.
Y cuando el ministro Gaviria se refiere a intereses económicos involucrados, empiezan las dudas sobre la transparencia de la iniciativa. El Espectador conoció que varios delegados de empresarios asociados a algunas de las cerca de las 25 instituciones de mayor reconocimiento para tratar los problemas de infertilidad han acudido, con el visto bueno de algunos parlamentarios, al Congreso en misión de lobby. Las cifras del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que, de ser aprobada la ley, el primer año, para mujeres que desean otro hijo, han tenido problemas de infertilidad y han consultado a un especialista en la materia, el costo inicial con estimativos de 2015 sería de $63.138 millones. (ver gráfico).
Una preocupación económica que se refleja en uno de los cientos de casos que actualmente se tramitan en los estrados judiciales para solicitar tratamiento contra la infertilidad. Ante dos juzgados civiles de Montería, una pareja en unión libre vive una realidad que merece atención. El hombre tiene tres hijos con su expareja, su actual pareja tiene otro hijo con su expareja. Juntos concibieron un hijo. Es decir, tienen cinco hijos, pero desean tener otro. Para ello contrataron un abogado e interpusieron una acción de tutela a la EPS Salud Total para acceder al tratamiento. Tanto en primera como segunda instancia fue negada y ahora el caso llegó a la Corte Constitucional, a la espera de ser seleccionado o no para revisión del fallo.
Pero más allá de la casuística, lo particular del asunto es que revisando los antecedentes de la iniciativa pro fertilidad, desde el año 2009 el Congreso busca legislar en el tema, con un denominador común: los autores de la iniciativa en diferentes momentos han sido congresistas de la Costa Atlántica. El primero que se interesó fue el entonces representante a la Cámara de Córdoba Musa Besaile Fayad, conocido como uno de los Ñoños. No obstante, el proyecto fue archivado. De igual manera, en la legislatura 2013-2014 el congresista del Atlántico Laureano Acuña presentó la misma iniciativa, pero corrió la misma suerte que el proyecto que lo antecedió.
No obstante los resultados, los congresistas insistieron en el proyecto y fue presentado por tercera vez en el Congreso. De esta manera, el primero de diciembre de 2015 fue debatido y aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ocho meses después, el 10 de agosto de 2016, la iniciativa llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes y pasó el examen parlamentario. Hace cerca de un mes, en la Comisión Séptima del Senado la iniciativa obtuvo la votación perfecta, bajo la coordinación de la senadora cartagenera Nadia Blel Scaff. Una iniciativa cuyo nombre fue cambiado en esa célula legislativa y pasó a ser el proyecto mediante el cual “se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva”.
Consultada sobre el tema, la parlamentaria Blel consideró que lo esencial del proyecto es que en el país hay muchas parejas cuya infertilidad les causa problemas emocionales que los pueden llevar hasta el divorcio. Por eso es que buscan como solución tratamientos costosos e inaccesibles que frustran el deseo de ser padres y tener una familia. Es necesario hallar una forma de ayudarlos, afirma la senadora. “Se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud para establecer esa política de infertilidad en un término no superior a un año, sus condiciones, financiamiento y acceso según la capacidad económica de la pareja”, puntualizó Blel.
Han sido varios fallos de la Corte Constitucional expedidos desde 2014 que buscan que el Gobierno desarrolle una política pública de prevención de la infertilidad frente a las personas que no tienen suficientes recursos económicos para pagar un tratamiento que en promedio puede llegar a costar $20 millones. Pero la jurisprudencia se enfrenta a la sostenibilidad del sistema de salud, los intereses de unos empresarios del sector, la avalancha de solicitudes de tratamiento contra la infertilidad que se vienen para el primer año una vez sea aprobada la ley y la polémica gestión de un grupo de congresistas.
Las recientes experiencias de otros países
Argentina
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionó, el 5 de junio 2013, la Ley 26862, cuyo objeto es garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
Brasil
El Ministerio de Salud, mediante la Portaria (Ordenanza) número 3149, del 28 de diciembre de 2012, destinó recursos financieros a los establecimientos de salud que realizan procedimientos de atención a la reproducción humana asistida, en el ámbito del sistema único de salud (Sistema Único de Saúde-SUS).
Uruguay
El poder legislativo, mediante la Ley número 19167, del 12 de noviembre de 2013, reguló las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente, así como los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas y privadas que las realizan.
Chile
Se viene avanzando en el tema del acceso a las técnicas de reproducción asistida (TRA). Recientemente se aprobó la Ley de Reproducción Asistida.
México
Hasta el momento no se ha regulado el derecho a la planificación familiar en el aspecto referente a la fertilización como una prestación pública a cargo del erario.
Las soluciones contra la infertilidad
Desde hace tres décadas, la ciencia médica maneja varios tratamientos contra la infertilidad que con el paso de los años han evolucionado. Hay para mujeres y para hombres. En cuanto a estos últimos, casi todas las causas de la infertilidad están relacionadas con desórdenes del esperma, ya sea en número o en calidad.
Según el Centro Colombiano para la Fertilidad y Esterilidad (Cecolfes), el primero de los tratamientos para ellas es la inseminación artificial o inseminación intrauterina (IIU), que se utiliza cuando hay dificultad en el paso de espermatozoides a través del cuello uterino.
También existe el método de las relaciones sexuales dirigidas, que se basa en la estimulación de los ovarios con medicamentos para la fertilidad.
