A los líos con el glifosato chino que compró la Policía, que tienen al programa de aspersión ad portas de la descertificación, se suman otros que tienen a la política antinarcóticos en jaque. Por ejemplo, la erradicación manual y la sustitución de cultivos enfrentan tropiezos. Por un lado, se cayó la licitación para elegir a la empresa que se encargará de contratar a los erradicadores y las metas de sustitución no se están cumpliendo, porque los campesinos productores no se inscriben.
La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que, pese a los esfuerzos, los resultados no se ven reflejados en las cifras de plantaciones de coca, especialmente por el incremento de éstos en la frontera con Ecuador, donde por ahora no se pueden hacer aspersiones aéreas. A esto se suman las dificultades para la erradicación manual en algunas zonas, como lo reconoce la Policía Antinarcóticos, por la fuerte presencia de las Farc y su alianza con bacrim para proteger los narcocultivos. Para completar, muchos cultivos están en zonas de resguardos indígenas, lo que obliga a realizar una consulta previa para intervenir, pero que no se ha podido llevar a cabo.
El caso más llamativo es el de los tropiezos del programa de erradicación manual. La razón: se cayó la reciente licitación que abrió la Unidad Especial de Consolidación para seleccionar la empresa que debe encargarse de contratar a los erradicadores. El proceso era para adjudicar un contrato por $20.000 millones, por seis meses. Al final nadie se presentó, ni siquiera la temporal Empleamos, que es la que hoy ejecuta el contrato.
Para no frenar el proceso, la entidad amplió el contrato que estaba a punto de finalizar, por seis meses y un presupuesto de $15.000 millones. Esta solución ha generado dudas sobre su legalidad, porque el monto supera el 50% del presupuesto inicial. Sin embargo, la explicación es que se trataba de un contrato bajo el régimen privado, por lo que la modificación es legal.
La temporal Empleamos S.A., de Medellín, es la que se ha ganado esta licitación por cinco años. Sin embargo, no se presentó, bajo el argumento de que los nuevos requisitos que impuso Consolidación lo hacían inviable. Así lo dijo su representante legal, Amparo Montoya, que cuestionó las nuevas exigencias. “Había condiciones relacionadas con dotación, transporte y tener un gerente en Bogotá, que no hacían viable nuestra participación”, indicó.
Uno de los temas que más influyeron en esta decisión, dijo Montoya, fue la inclusión de la obligación de encargarse del transporte de los erradicadores y los delegados. “Somos una empresa especializada en la contratación de personal y no en transporte. Eso no hace parte de nuestro objeto social”, puntualizó.
La prórroga tendrá como objetivo atender dos fases de erradicación manual, con casi 3.000 campesinos. La meta es la eliminación de 20.000 hectáreas de cultivos de coca. “Pese a que no nos presentamos, accedimos a la prórroga como un gesto de solidaridad con el país, porque entendemos la importancia de este programa, pese a que es un contrato complejo”, concluyó.
Sin embargo, el tropiezo con la contratación de la empresa temporal no es el único. De acuerdo con fuentes cercanas al desarrollo de la Política Antinarcóticos, hay problemas más profundos que apuntan a la desarticulación entre las prioridades del Ministerio de Defensa y la Unidad Especial de Consolidación. “Hay una descoordinación, ya que Mindefensa busca maximizar el número de hectáreas asperjadas, mientras el otro programa busca consolidar zonas libres de cultivos ilícitos. Por esto, cada uno va por su lado”, dijo.
Esta desarticulación, según el asesor, hace que la seguridad de los grupos móviles de erradicadores (GME) no sea tan fuerte como en otras épocas, cuando la tarea estaba a cargo del Ejército. Hoy son policías regulares, a los que supuestamente les falta preparación. Hostigamientos, minas y la muerte de algunos uniformados demuestran las dificultades. Por esta razón, la Unidad de Consolidación decidió no erradicar en zonas “rojas”.
Y en medio de los líos contractuales y de trabajo de campo, este programa enfrenta otro tropiezo: las demandas por muertes y lesiones de erradicadores. A pesar de que actualmente la empresa temporal les otorga un seguro de vida, las demandas contra el Estado ascienden a casi $60.000 millones. “El Estado no está afrontando esto de manera correcta ni le está dando la dimensión. Por ejemplo, los abogados recomendaron al director de Consolidación no asistir a los entierros, ni dar el pésame a las familias para evitar que esto se use como prueba”, agregó la fuente.
De acuerdo con el informe de la ONU, a 31 de diciembre del año pasado había 64.000 hectáreas de coca en el país, distribuidas en 23 de los 32 departamentos. Más de la mitad de estos cultivos están en Nariño, Putumayo y Guaviare. Sólo en la frontera con Ecuador está el 23% de las plantaciones. La meta de erradicación para este año es de casi 40.000 hectáreas de forma manual y casi 90.000 mediante aspersión. Sin embargo, todo apunta a que este será un año difícil en la lucha contra las drogas en el país.