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22 Feb 2010 - 11:58 p. m.

Ex diputado Sigifredo López demanda al Estado

Revela cómo el Estado estaba advertido de lo que iba a suceder en la Asamblea y pide indemnización de $5.000 millones.

Norbey Quevedo H.

Por los perjuicios patrimoniales y morales que le dejaron casi siete años de secuestro en poder de las Farc, en su criterio debido a una falla al servicio de protección y seguridad en la Asamblea del Valle del Cauca donde ejercía como diputado, el ex alcalde, ex concejal de Pradera y ex miembro de la duma departamental Sigifredo López Tobón demandó al Estado colombiano y pidió una cuantiosa indemnización para él y varios miembros de su familia que también se vieron afectados por el largo secuestro que tuvo que padecer.

Liberado el 5 de febrero de 2009 por las Farc y único sobreviviente de los doce diputados de la Asamblea del Valle que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002, el ex diputado Sigifredo López, hoy candidato al Senado, es el primero del grupo de “secuestrados políticos” que después de obtener su libertad decide cuestionar al Estado. Y lo hizo a través de una acción de reparación directa contra la Gobernación del Valle, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que acaba de radicar en un juzgado administrativo de Cali.

Los argumentos del ex diputado López aluden a una serie de solicitudes en materia de seguridad en el interior de la Asamblea del Valle que fueron desatendidas por la Gobernación y, de cierta manera, facilitaron la acción de las Farc que, con relativa holgura y engañando a la propia Fuerza Pública, se llevaron a 12 diputados de la Asamblea Departamental, incluido el propio López. Estas cartas se radicaron oficialmente desde dos meses antes de que ocurrieran los hechos, e incluso el día anterior al plagio colectivo el tema había sido tratado en la Asamblea.

Con rigurosa documentación, Sigifredo López plantea que el 13 de febrero de 2002, el entonces presidente de la Asamblea, diputado Juan Carlos Narváez, le envió una comunicación al jefe de seguridad de la Gobernación del Valle, mayor (r) Luis Fernando García, en la cual expuso que ante la crítica situación de orden público que se estaba viviendo en el departamento, y con el ánimo de minimizar los riesgos tanto de los diputados como de las personas que laboraban y permanecían dentro del edificio de la Asamblea, era necesario extremar las medidas de seguridad.

Como esta comunicación no logró mayores resultados, el mismo ex diputado Narváez, en oficio radicado el 21 de febrero de 2002, le reiteró al entonces jefe de seguridad de la Gobernación que no se le había dado cumplimiento a su solicitud. Cuarenta y ocho horas después, la misma solicitud se hizo ante la Policía Metropolitana de Cali, requiriendo urgente refuerzo en la seguridad de la edificación. Sin embargo, se fue el mes de febrero sin que las peticiones del diputado fueran atendidas, lo cual podría ocasionar una conducta omisiva y negligente por parte de las autoridades.

Pero hay más. El 18 de marzo de 2002, el mismo ex diputado Juan Carlos Narváez, en calidad de presidente de la Asamblea, decidió recurrir a las Fuerzas Militares, y en carta dirigida al brigadier general de la Policía Heliodoro Antonio Alfonso Roa, le resaltó la “inmensa preocupación” que tenían los diputados por la inseguridad que imperaba dentro de las instalaciones, en particular porque a ella estaban ingresando personas de manera indistinta, sin que existieran verdaderas medidas de Policía en materia de seguridad.

Y destacó de manera específica el diputado Narváez: “Los diputados somos elegidos por el pueblo vallecaucano para representarlos y llevar su vocería, razón por la cual nuestro recinto se convierte en un sitio altamente vulnerable por todos los debates que en el interior se realizan en todos los órganos. Por ello se hace inaplazable la necesidad de adelantar un estudio de seguridad a cada uno de los diputados, además de implementar un verdadero control policial al acceso de nuestro edificio de la Asamblea Departamental”.

Al parecer, esta comunicación casi con carácter de ruego tampoco fue tenida en cuenta. Al menos eso se deduce del hecho de que en su sesión del 10 de abril de 2002, es decir, 24 horas antes del secuestro colectivo de los 12 diputados, la Asamblea Departamental debatió con las autoridades públicas y civiles el tema de la inseguridad en el interior de las instalaciones. Así quedó claramente consignado en el acta 182 del 10 de abril de 2002. Al día siguiente, un comando de las Farc tomó cautivos a 12 diputados, a través de una operación en la que engañaron incluso a la Fuerza Pública y los servidores de la Asamblea.

Además de estas particularidades en materia de seguridad, en su demanda el ex diputado Sigifredo López señala que si bien durante su secuestro a su esposa le cancelaron las mesadas y salarios correspondientes por ser titular de una curul en la Asamblea Departamental, e incluso se siguió haciendo hasta la fecha en que fue rescatado en 2009, a partir del 5 de febrero se le quitó este derecho a pesar de que por mandato legal la Gobernación del Valle tenía la obligación de hacerlo por el término de un año más.

Como si fuera poco, Sigifredo López Tobón argumenta que la Gobernación del Valle, entonces en cabeza de Angelino Garzón, negó el pago oportuno de las mesadas y prestaciones sociales a su familia, en espera de la orden de un juez constitucional por vía de tutela. En consecuencia los pagos se hicieron de forma retroactiva, lo que en su sentir y de acuerdo con la ley, tipifica una sanción moratoria. Más aún cuando López acreditó ser el sostén económico de su núcleo familiar, e hijo único y, por consiguiente, respaldo moral y económico de su “debilitada madre”.

Además de los argumentos expuestos, el ex diputado y hoy candidato al Senado considera que también debe recibir una indemnización por perjuicios fisiológicos, porque su permanencia en cautiverio agravó una enfermedad degenerativa que tiene en la columna vertebral. Esta particularidad le disminuyó el pleno goce de sus existencia y también debe ser tenido en cuenta por el juez administrativo. En consideración a los elementos expuestos en su demanda, Sigifredo López estimó la cuantía de los perjuicios causados en $5.000 millones, que es precisamente la suma que solicita como una justa indemnización por casi siete años de secuestro.

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