A comienzos del mes pasado se posesionó como director de la cárcel La Picota el coronel Germán Ricaurte Tapia, quien llegó precedido de reconocidos logros en una prisión de alta seguridad como es el Complejo Metropolitano y Penitenciario de Cúcuta. En esa cárcel enfrentó a narcotraficantes, delincuentes, subversivos y hasta venezolanos que huyeron de su país y terminaron afrontando problemas legales. Sin embargo, casi dos meses después de haber sido trasladado a Bogotá, afronta una dura disputa para desvirtuar señalamientos de acoso sexual y laboral.
El coronel Ricaurte llegó a dirigir La Picota en Bogotá por disposición del general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este centro penitenciario es el más grande e importante del país. Maneja 32 pabellones con 8.500 reclusos, entre ellos más de 34 parapolíticos, 96 de alta seguridad, 213 extraditables, 6.396 delincuentes comunes, 250 miembros de grupos armados ilegales, 120 de justicia y paz y un alto número de funcionarios públicos.
Con cinco reglamentos disciplinarios y 25 sindicatos en esta prisión de los 95 que funcionan en los 138 establecimientos carcelarios, el Gobierno necesitaba a alguien estricto y que acabara con los escándalos. Aún se recuerdan la remodelación de la celda del exsenador Juan Carlos Martínez, las parrandas vallenatas de Emilio Tapia procesado por el carrusel de contratación; los colchones ortopédicos utilizados por los primos Nule, las tomatas y asados de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados por Interbolsa; los lujos del abogado Álvaro Dávila y el exconcejal de Bogotá Juan José Rodríguez y el más reciente, el traslado del exsenador, Bernardo El Ñoño Elías, quien llegó al patio de los parapolíticos, fue enviado al pabellón de extraditables y por gestiones de su partido ingresó al patio con mejores privilegios, el ERE sur, en donde hoy comparte con el recién llegado senador Álvaro Ashton.
El 6 de noviembre, Ricaurte asumió la dirección de La Picota, de inmediato dispuso nuevos procedimientos de requisa y control en los pabellones, instaló mesas de trabajo con los entes de control, luego lo hizo con miembros de las Farc y el Eln, y promovió procesos de seguridad, derechos humanos y convivencia. Pero la reacción a sus cambios llegó de donde menos esperaba: de uno de los 25 sindicatos de guardianes, que al parecer no comparte su exigencia para cumplir los horarios, o que se revise la concesión de sus permisos o las continuas autorizaciones para no asistir al trabajo.
Entonces empezaron a circular anónimos y señalamientos en las redes sociales, así como documentos para recordarle al funcionario su paso de 28 meses como director del Complejo Penitenciario de Cúcuta. En concreto, el caso de la psicóloga de la prisión, Diana Paola Torrado, una funcionaria fue requerida por inasistencia laboral y desatención a un interno y ella replicó negando el incumplimiento de sus horarios. No obstante, el propio Ricaurte pidió la intervención de la Procuraduría Regional de Norte de Santander.
A esa disputa interna en Cúcuta terminó por sumarse el dragoneante Carlos Arturo Ramos, quien también había tenido diferencias laborales con el coronel Ricaurte desde que este se posesionó como director en Cúcuta. En una reunión en la sala de juntas del penal, públicamente Ramos lo señaló no de acoso laboral, sino de acoso sexual a una funcionaria. Ante los graves señalamientos y al considerarlo un hostigamiento sistemático, Ricaurte lo denunció ante las autoridades. Lo cierto es que, por intermediación de Ramos, integrante del sindicato Ceup, la psicóloga Torrado fue nombrada como secretaria de la organización con el correspondiente fuero sindical.
El asunto terminó en la Fiscalía y la prueba de Torrado es una conversación por chat con Ricaurte. “Me gustas”, escribió él. “Ahora, ¿saber para qué?”, contestó ella. El coronel agregó: “Mujer, como mujer”. Torrado respondió: “Aún no me conoce. Me pregunto, ¿qué le gusta? De mí, no sabe nada. Gusto físico, ¿será? Creo que sí”. Ricaurte insistió: “Pero dime, ¿cómo eres como mujer?”. La psicóloga agregó: “Malo sería que yo le dijera… Lo único que le digo es que sé quién soy y cuánto valgo”. El coronel expresó: “Eso no está en duda. Si te digo que me gustaría algo contigo”. La sicóloga interrogó: “¿Algo? ¿Qué es algo?”. El coronel puntualizó: “Todo. Propón tú”. Y ella terminó: “¿Sabe? No soy una niña”.
Sobre este chat, El Espectador consultó al coronel Ricaurte. Al respecto, el funcionario señaló: “Ese chat está editado. La sicóloga en junio habla de acoso laboral, luego un miembro de uno de los sindicatos al que tengo denunciado penalmente por hechos graves, es el primero en señalarme por acoso sexual, pero la denuncia, extrañamente, se interpone diez meses después. A la Fiscalía le aportaré todas las pruebas con las que desvirtuaré esta acusación en mi contra. Fui diligente en poner en conocimiento de las autoridades y de mis superiores estos hechos en la medida en que se iban presentando, incluso con mucha anticipación a este montaje”.
Sin embargo, no es el único caso que ha salido a relucir desde que Ricaurte llegó a La Picota. También apareció Leidy Angélica Miranda, una auxiliar de enfermería que trabajó en la penitenciaria de Cúcuta hasta el 30 de marzo. Miranda trabajaba con un convenio del Inpec con la Fiduprevisora, pero no le fue renovado el contrato en razón a que cuatro directivos del centro penitenciario y un concepto de la enfermera jefa coincidieron en que presentó fallas en la prestación de sus servicios. En octubre, ella aportó otra versión para denunciarlo, e incluso acudió a los medios de comunicación y dio su testimonio a través del Canal Uno.
“Me dice por el whatsapp pues que fuera al hotel donde él vivía y yo, ya molesta y cansada de la situación, le dije que no, que no iba a ir porque realmente sabía cuáles eran las intenciones de él. Quería que me acostara con él. Debido a que no quise ceder a sus pretensiones, pasó una carta a la Fiduprevisora de Bogotá, solicitando la cancelación de mi contrato”, manifestó la enfermera.
Sobre este segundo caso, el coronel Germán Ricaurte sostiene: “Los auxiliares de enfermería permanecen en la parte interna de los penales, no tienen ningún contacto con las directivas. La interlocución se da con los dragoneantes encargados de sanidad y con sus propios coordinadores. Esa denuncia se interpuso siete meses después de que, por decisión colegiada, se conceptuara no renovarle el contrato por falencias en su desempeño que están documentadas. Puedo demostrar ante las autoridades el vínculo entre las dos mujeres que me denuncian y el integrante del sindicato que me viene hostigando desde que puse un pie en el penal”.
Además de los casos de Cúcuta, la semana pasada apareció otra denuncia de acoso sexual contra Ricaurte, esta vez en Bogotá. Apenas llevaba 12 días de posesionado y la funcionaria Claudia Patricia Forero, hermana de Fredy Forero, actual presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), en Valledupar, lo denunció por acoso cuando le fue a solicitar una licencia no remunerada. “Este señor me dijo que eso se podía manejar y él me colaboraba a salir. Me dijo que me veía muy linda con esa blusa y que tenía unos senos muy bonitos”.
El 30 de noviembre, el coronel Ricaurte solicitó al director del Inpec, Jorge Luis Ramírez, que se investiguen con prioridad este y otros casos. De paso, denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría al sindicalista Freddy Forero por injuria y calumnia, y entregó a ambos organismos el testimonio de 19 funcionarios que certifican buen trato. Pero la réplica de sus enemigos llegó el 3 de diciembre en un correo electrónico con la referencia Sindicatos Unidos: “Coronel Ricaurte, le informamos que, con alianzas con medios de comunicación, lograremos nuestro objetivo. Tómelo como quiera, pero lo tenemos de un hilo para hacerlo echar. Aliste sus maletas, porque no tendrá tranquilidad y mucho menos dejaremos que usted siga gobernando en las cárceles de nuestra institución”.
Los casos están en investigación en los organismos competentes. El director de La Picota reitera que todo se trata de un montaje y apunta a algunos sindicatos que, según él, lo hacen para evitar que imponga el orden en las cárceles. Sus acusadores sostienen que tienen cómo demostrar que el oficial se ha excedido con algunas de sus subordinadas. ¿Se trata de un falso positivo derivado de una pelea entre el funcionario y uno de los sindicatos, o de un acoso laboral o sexual por esclarecer? El señalado es hermano del general de la Policía Gustavo Ricaurte, quien orientó con acierto el Inpec durante tres años.
“No descansaré hasta demostrar el montaje”
El coronel Germán Ricaurte estuvo en el Ejército hasta el 15 de junio de 2009. De allí asumió como jefe de seguridad en una multinacional de los hidrocarburos en donde permaneció durante un lustro. Pasó después al Inpec, a dirigir las prisiones de Cúcuta, El Pedregal en Medellín y La Picota. Frente al caso señaló que “aunque es doloroso que intenten acabar con una carrera de décadas al servicio del país. Es el precio que se paga cuando se cumple con el deber; estos hechos son un intento por distraerme de un trabajo muy difícil como es el de dirigir las cárceles más grandes o más complejas del país. Es ahí cuando imperan los anónimos, la guerra sucia en todos los frentes, jurídica, mediática, tratan de despedazar la honra y el buen nombre del funcionario que impone disciplina y orden. El escritor español Manuel Murguía decía que es preferible la muerte física a la muerte moral. Por eso no descansaré hasta demostrar el montaje y la persecución de la que soy víctima por el sólo hecho de hacer bien mi trabajo”.
Las cifras que inquietan de un penal clave
La penitenciaría La Picota es un complejo ubicado en el sur de Bogotá, conformado por tres estructuras y 32 pabellones. La uno, conocida como el antiguo penal, tiene capacidad para 1.746 internos, pero alberga 4.122 generando un hacinamiento del 136 %. La dos es un pabellón de alta seguridad (PAS), para 96 personas y de éste forman parte los pabellones ERE uno, ERE dos y el ERE sur, donde están recluidos los parapolíticos. Al antiguo penal, construido en el siglo XVII como un convento de monjas, pero habilitado como cárcel hasta el siglo XX, mediante Ley de 1936, inicialmente para casi mil internos, se le anexó una mole de concreto en el año 2011, denominada de tercera generación, es decir, la estructura tres, de alta seguridad, con una capacidad de 3.344 internos. En este penal prestan servicio 700 guardianes, 25 sindicatos y cada sindicato con un poco más de 10 integrantes aforados y 70 funcionarios del área administrativa. Con este déficit se deben custodiar más de 8.000 internos.