Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió condena a la firma de abogados que fundó el presidente Abelardo De la Espriella en 2002 y de la que se desvinculó en 2025 para iniciar su campaña con rumbo a la Casa de Nariño. Se trata de De la Espriella Lawyers, la cual, según el tribunal, no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato en su declaración de renta de 2018, cuando el ahora primer mandatario hacía parte del bufete de abogados. La decisión judicial, tomada el 22 de septiembre de 2026 y hasta ahora conocida publicamente, puso la lupa sobre un acuerdo que firmó la conocida firma con una EPS que, según una denuncia ante la Fiscalía del senador Iván Cepeda, está relacionada con presuntas maniobras de corrupción en el sistema de salud.
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La decisión judicial de 32 páginas, que fue tomada de manera unanime por tres magistrados, ordenó a De la Espriella Lawyers pagar COP 571 millones por no aportar información real en su declaración de renta. El fallo del Tribunal Administrativo confirmó la decisión de primera instancia que tomó en diciembre de 2023 un Juzgado Administrativo de Bogotá, que ordenó dejar en firme las sanciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) le impuso al bufete creado por Abelardo De la Espriella. El pleito tributario se centra en un contrato, firmado en noviembre de 2018, por COP 3.000 millones entre Saludvida S.A EPS. y la firma de abogados, la cual en ese momento era representada legalmente por el abogado Daniel Peñarredonda, mano derecha de De la Espriella.
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La controversia llegó a la DIAN en noviembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud le informó sobre una auditoría a Saludvida y le pidió que examinara si existía una posible “vulneración del régimen tributario” en ese contrato. Tras abrir una investigación y solicitar información a De la Espriella Lawyers, la DIAN determinó que los servicios jurídicos que se brindaron a la entidad privada de salud sí debían ser gravados y, en octubre de 2021, multó a la firma de abogados. De la Espriella Lawyers presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la DIAN en noviembre de 2022, por lo que acudió a los estrados judiciales para intentar tumbar la decisión de la oficina de impuestos colombiana.
La defensa de De la Espriella Lawyers
La firma fundada por el presidente de Colombia insistió en que la representación jurídica que prestó a Saludvida EPS debía estar excluida del IVA porque estaba directamente relacionada con la prestación de servicios de salud y se pagó con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor que el Estado reconoce por cada afiliado para cubrir los servicios de salud del Plan de Beneficios en Colombia. En la apelación, la firma alegó que el juzgado de primera instancia no valoró las pruebas sobre su intervención en procesos penales, acciones de tutela e incidentes de desacato, actuaciones que, según su versión, permitieron que la EPS cumpliera órdenes judiciales de entrega de medicamentos y otras prestaciones médicas.
De la Espriella Lawyers insistió en que existía una diferencia de criterios sobre la interpretación de las normas tributarias y que había actuado de buena fe, por lo que no debía ser sancionada. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó esos argumentos al considerar que el objeto del contrato era defender los intereses jurídicos de la EPS y sus representantes, no prestar directamente servicios de salud. Para los tres magistrados del caso los resultados favorables para algunos afiliados fueron una consecuencia de las actuaciones judiciales, pero no cambiaban la naturaleza del servicio contratado con la oficina de abogados.
Frente a la sanción tributaria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió un argumento expuesto por la DIAN: que no existía una diferencia de criterios jurídicos que justificara exonerar a la firma del pago del IVA, sino un “desconocimiento del derecho por parte de la demandante (De la Espriella Lawyers)”. La firma de abogados también sostuvo que la liquidación de Saludvida (intervenida por el Gobierno Nacional en octubre de 2019) le impedía llamar a esa empresa para que respondiera por el IVA del contrato mencionado, en caso de que perdiera el proceso contra la DIAN. Como terminó sucediendo.
En el momento que la Superintendencia de Salud ordenó liquidar la EPS Saludvida, esta tenía cerca de 1,1 millones de afiliados. Su presidente y representante legal era Juan Pablo Silva Roa, a quien la Procuraduría llamó a juicio disciplinario en junio de 2020 por presuntas irregularidades en la administración de más de COL 131.000 millones destinados a servicios de salud. Con la intervención, la Supersalud ordenó separar al gerente y representante legal y designó a un liquidador, quien concluyó su labor formalmente el 22 de marzo de 2023, cuando se declaró terminada la existencia legal de Saludvida EPS.
La denuncia de Iván Cepeda
El 15 de junio de 2026, dos semanas después de la primera vuelta presidencial, el entonces candidato Iván Cepeda anunció desde Barranquilla que interpondría una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella y otros integrantes de su campaña por su presunta participación en un entramado de desvío de recursos del sistema de salud, relacionado con la liquidación de la EPS SaludVida. Según Cepeda, la firma De la Espriella Lawyers fue contratada en 2018 para asumir la defensa jurídica de esa entidad mediante un contrato por COP 18.000 millones, de los cuales COP 3.000 millones correspondían a honorarios y COP 15.000 millones a una prima de éxito.
Cepeda también señaló en ese momento a Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol y ficha clave del equipo de campaña de Abelardo de la Espriella, por sus vínculos empresariales con el sector salud y los pagos que, según el candidato, recibió de EPS relacionadas con estructuras paramilitares. “Están los pagos de la EPS Salud Vida y otras EPS de paramilitares al señor Joaquín Gutiérrez”.
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El entonces candidato presidencial también puso en cuestión que esos pagos se hubieran realizado con recursos públicos destinados a la salud y afirmó que “estos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud”. El mismo argumento que esgrimió De la Espriella Lawyers para pedir que no le cobraran el IVA en el millonario contrato con Saludvida EPS. Tras esa denuncia y desde entonces, De la Espriella y Gutiérrez han guardado total silencio. Este diario conoció que la denuncia interpuesta por el senador Cepeda fue enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual tiene la competencia para investigar al presidente.
Este diario se contactó con la abogada Karen Juris, una de las más importantes abogadas de De la Espriella Lawyers, con el fin de conocer su reacción del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, al momento de la publicación de este reportaje no recibimos respuesta.
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