Imagine ser una mujer venezolana y verse obligada a migrar. Entender que es eso o morir de hambre. Ingresar por un paso clandestino a Colombia por no tener los documentos para un ingreso formal. Salvarse de ser violada por los hombres armados que controlan estos caminos. Tener 21 años y tres pequeños a cargo: uno de cuatro y gemelos de dos. Llegar a dormir en la calle. Trabajar en lo que sea para ahorrar unos pesos que le permitan regresar a Venezuela para traer a sus hijos. Volver a Colombia con su familia y sentirse enferma. Enterarse de que se trata de un embarazo no planeado y de alto riesgo. Sentirse acorralada. Sin papeles, sin trabajo, sin apoyo. Sufrir de angustia y ansiedad.
“Todo muy doloroso, duro, muy duro, no tenía cómo, estaba en un estado de depresión terrible”, relata Evaluna* lo que estaba viviendo en esos días, cuando una amiga le dijo que en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal y la llevó a asesorarse con una organización internacional.
Finalizaba el año 2019 cuando un médico certificó que esta venezolana sí tenía derecho a solicitar un aborto, porque su embarazo representaba un riesgo para su salud física y mental, una de las tres causales previstas en la ley para acceder a este servicio médico. Entonces, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Evaluna llegó al hospital público de Cúcuta, Hospital Erasmo Meoz, para practicarse el procedimiento.
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Pero el hospital se negó, argumentando que el aborto debían hacerlo en un hospital de mayor nivel, en Bogotá o Medellín. Sin dinero, y con la entrada de la pandemia por el virus del COVID-19 y el confinamiento que impuso, la posibilidad de movilizarse a otra ciudad era casi imposible. Evaluna acudió al Instituto Departamental de Salud, pero este tampoco autorizó su traslado, argumentando que ella era migrante irregular y que no estaba en la base de datos del Sisbén (el sistema de salud subsidiado por el Estado para personas en situación de vulnerabilidad).
Evaluna siguió insistiendo y, asesorada por la organización Women’s Link Worldwide y la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de tutela contra el Instituto Departamental de Salud, solicitando el aborto y la protección a sus derechos a la vida, la dignidad y la salud. El juez de primera instancia negó la tutela, alegando que no se cumplían los requisitos. Evaluna impugnó el fallo y presentó el certificado médico que le expidieron, que es el único requisito que exige la ley colombiana para practicar un aborto, enmarcado en la causal salud. Pero el juez de segunda instancia tampoco le concedió la tutela. En ese momento, el venezolano que la había dejado embarazada ya la había abandonado y dejado a su suerte con todo el proceso.
Cuando llegó la noticia de la negativa, Evaluna ya llevaba quince días hospitalizada, aguantando maltratos y señalamientos por el personal de salud, que no estaba de acuerdo con su decisión de abortar. Iba a cumplir seis meses de embarazo y llevaba al menos tres intentando interrumpirlo de manera legal y segura. Pidió ayuda en seis lugares distintos, entre instituciones del Estado, prestadores de salud y comités.
“Tanto el hospital como el Instituto Departamental de Salud lo único que hicieron fue dilatar el procedimiento, ya que las normas colombianas indican que Evaluna tenía derecho a la IVE sin importar su documentación migratoria y, creemos, que lo que está detrás también es el estigma de que el aborto siga siendo en Colombia un derecho en tres causales y un delito que permanece en el Código Penal. Lo que impide que sea visto como un servicio médico, como cualquier otro”, señala Angélica Cocomá, abogada de la organización Women’s Link Worldwide que acompaña este caso.
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Ante la imposibilidad de abortar, Evaluna decidió continuar con el embarazo. Acudió de nuevo al Hospital Erasmo Meoz para solicitar atención prenatal, pero se negaron porque sabían que había ingresado antes con la intención de interrumpir su embarazo. Buscó controles externos y el día que llegaron los dolores de parto volvió al hospital. Primero le dijeron que iban a realizarle una cesárea, por sus antecedentes médicos, pero después el doctor de turno se negó y le indicó que el parto sería vaginal. Al final, tuvo que esperar más de diez horas a que la atendieran, en medio de terribles dolores y soportando humillaciones y discriminación. Al día siguiente de parir, la dieron de alta, pese a que se encontraba muy débil y adolorida.
“Ese día sufrí mucho y a los cinco días de parir ya me tocó trabajar. No pude cuidarme en casa ni diez días”, dice y cree que el maltrato que recibió en el Hospital Erasmo Meoz fue porque ella estuvo allí, meses atrás, buscando interrumpir su embarazo. De hecho, todavía recuerda los comentarios despectivos de las enfermeras y el momento en que una doctora le llevó unos papeles para que diera al niño en adopción, a lo que ella se negó.
Sus condiciones actuales siguen siendo críticas. No tiene documentos que le permitan trabajar legalmente en Colombia ni afiliarse al sistema de salud. No tiene trabajo estable para mantener a sus hijos y a su mamá, que los cuida mientras ella se rebusca unos pesos en lo que salga. El bebé que parió se enferma constantemente y tiene una delicada condición de salud, aún sin diagnosticar. Y la culpa la acorrala todo el tiempo: “Me siento culpable. Y ahorita que el bebé está con las convulsiones me da más culpa, por lo que estaba pensando en hacer”, dice y queda en silencio, absorta.
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“Si en Colombia hay un actual desabastecimiento de anticonceptivos en todo el país, el desabastecimiento de anticonceptivos en Venezuela está alrededor del 98 %. Incluso, las mujeres se están practicando esterilizaciones permanentes como la única manera de no tener hijos. Las mujeres y niñas que están migrando son muy vulnerables. Muchas son víctimas de violencia sexual”, dice la abogada Angélica explicando las razones por las que Evaluna no tuvo acceso a anticonceptivos en Venezuela y tampoco en Colombia que previnieran por lo que pasó.
Su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la espera de que sea priorizado, para que pueda ser reparada por el Estado colombiano y se convierta en un antecedente jurídico que proteja a miles de mujeres migrantes de Venezuela que están enfrentando una situación similar en Colombia y en otros países de la región.
Aunque en 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer, cuando el feto es inviable fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violación o incesto, persisten barreras que impiden a las mujeres y niñas acceder a este derecho fundamental. Obstáculos que se han acentuado durante la pandemia, donde incluso se han identificado nuevas barreras (ver infografía al final). Este es uno de los principales hallazgos del último informe que publicaron hace cinco días La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos.
El documento evidenció, por ejemplo, que durante la pandemia se incrementaron las fallas en el traslado y la remisión de mujeres y niñas a hospitales o Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para practicarse un aborto. Y que, aunque el Gobierno reconoció que la IVE es un derecho de salud esencial y, por tanto, no se puede suspender por la emergencia sanitaria, la realidad para las mujeres como Evaluna fue otra.
“Las mujeres migrantes, por ejemplo, fueron las que más enfrentaron barreras para acceder a una IVE en pandemia, porque son las que tienen menos posibilidad de conectividad, de desplazarse, por las restricciones que tienen tanto en sus documentos como por la falta de recursos económicos, y porque muchas de ellas ya tienen hijos a cargo. A eso se le suma la falta de información. “Si muchas de las mujeres colombianas no saben que la IVE es un derecho fundamental en tres causales, pues imagínese para las mujeres migrantes”, expresa la abogada Angélica.
Por eso es que, para aterrizar este derecho, según estas organizaciones de mujeres, el Gobierno debió (y debe) adoptar, por ejemplo, medidas específicas para promocionar el aborto autogestionado, recomendado por la Organización Mundial de la Salud como método de aborto no invasivo en embarazos de menos de doce semanas, en especial para quienes no pueden desplazarse hacia centros de salud.
Por lo pronto, estas organizaciones de mujeres tienen claro que mientras en Colombia no se avance a un marco legal más garantista, las barreras para acceder a este derecho seguirán siendo una constante en la vida de las mujeres y niñas, en especial de las más pobres. En la actualidad cursa en la Corte Constitucional una demanda para eliminar el delito de aborto, que se ha dilatado resolviendo recusaciones interpuestas por diversos sectores, en especial religiosos, que no están de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia.
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De hecho, el Centro Democrático, partido de gobierno, presentó hace dos semanas un proyecto de reforma constitucional que busca crear el “derecho a nacer”, y que en la práctica condenaría a las mujeres a parir incluso cuando esté en riesgo su salud física y mental, cuando haya graves malformaciones del feto o cuando se trate de una violación sexual.
“El estigma social del aborto sigue siendo tan fuerte que preferimos empujar a las niñas y mujeres a la muerte o a daños irreversibles en su salud física o emocional que prestarlo como un servicio de salud, no como un delito. Hacia allá están avanzando muchos países, recientemente Canadá, donde ha mostrado su eficacia porque se han reducido tanto los abortos como los casos de morbilidad y mortalidad materna; Nueva Zelanda y Corea del Sur y estados como Queensland, en Australia, o Nueva York, en Estados Unidos. Quiero creer que en Colombia vamos para allá, porque historias de horror como la que padeció Evaluna se pueden prevenir”, concluye la abogada Angélica.
Imagine por un momento ser Evaluna.
*El nombre fue cambiado para reservar la identidad e intimidad de la mujer víctima.
