El pasado viernes 23 de octubre se venció el plazo de un crédito de cuantiosos dineros oficiales que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para varios servidores públicos. Se trata del préstamo por $26 mil millones que en octubre de 2006 le hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al Consorcio Bogotá-Fusa, conformado por empresas del denominado Grupo Nule.
Los dineros decomisados a la mafia gracias al esfuerzo de las autoridades tenían como destino la inversión social o la lucha contra el crimen organizado, pero fueron prestados con el fin de financiar un tramo de las obras de la doble calzada Bogotá-Girardot. Sin embargo, cuando se esperaba que, después de muchos requerimientos amistosos, los empresarios cumplieran con el pago del saldo de la acreencia cercana a los $13.600 millones, no lo hicieron. Y por el contrario, pidieron un plazo adicional hasta el 15 de febrero de 2010.
Los intríngulis de la nueva petición del Consorcio Bogotá-Fusa quedaron en evidencia en una carta que Jorge Luis García Arango, representante legal del consorcio, radicó el viernes de la semana pasada en la DNE. En el oficio, el representante legal de la firma da cuenta de la reunión que las partes celebraron el día anterior, en donde, palabras más palabras menos, se hizo un nuevo corte de las obligaciones y se le solicitó el pago de la deuda. Ante la situación, el directivo reiteró a la entidad en la carta “nuestra voluntad irrevocable de pago de la obligación que tenemos con la entidad”.
Sin embargo, García Arango explicó que por circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa, “generadas por factores y agentes externos que de una u otra forma inciden en los ingresos necesarios para el debido cumplimiento de la totalidad de los compromisos adquiridos, esto no ha sido posible”. Y ratificó que en la medida en que varias situaciones se superaron y cumplieron con los contratos que actualmente ejecutan, están alcanzando la facturación necesaria para cubrir la obligación. Según García, estos hechos “van constituyendo serios indicios que en un tiempo prudencial la obligación será pagada en su totalidad”.
Lo curioso del caso es que en la misma carta el consorcio se comprometió a hacer un abono de $5.000 millones esta semana, pero al cierre de esta edición a las cuentas de la entidad no había llegado ningún abono.
Con otro antecedente: cuando en agosto de 2007, el presidente Álvaro Uribe se enteró del préstamo, lo calificó de grave y le solicitó al Grupo Nule devolver los dineros inmediatamente.
Pero el asunto sigue siendo una papa caliente para los funcionarios de la entidad. Heredaron un chicharrón de pasadas administraciones. Tienen encima a los organismos de control y la prensa está atenta. En días recientes efectuaron discretas reuniones conciliatorias, las comunicaciones telefónicas van y vienen al igual que el cruce de oficios en donde se reitera que van a pagar. Pero a la hora de la verdad las cuentas muestran saldo en rojo.
Por eso la paciencia parece haberse agotado en la DNE. Pese a que varios emisarios han buscado “flexibilidad” para con los deudores, la entidad no acepta prórrogas. Se contrató al abogado Hernando Cediel para que en los estrados judiciales busque la manera de, mediante un proceso ejecutivo, embargar las cuentas de los poderosos empresarios. Tal vez lo que mal comienza mal acaba y esta no parece ser la excepción.