La necesidad de ratificar si existieron acuerdos entre Miguel Nule en representación de su grupo económico y el abogado Álvaro Dávila a nombre de los hermanos Iván y Samuel Moreno y el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, para negociar el 8% del valor total de los contratos de la malla vial, es el primer objetivo de la Corte Suprema de Justicia. De ratificarse los hechos, se configurarían los delitos de cohecho en dos modalidades, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y concusión.
Así se desprende de la decisión tomada por la terna de instrucción Nº 3 de la Corte Suprema, por la cual hoy están detenidos el congresista Iván Moreno Rojas y el exparlamentario Germán Olano. El Espectador conoció el texto que dio lugar a la captura de ambos y de él se desprende que, más allá de ellos, el alto tribunal de justicia quiere que la justicia aclare la conducta de un alto número de personas que han sido mencionadas en el escándalo, para así determinar la responsabilidad de Moreno y Olano.
El documento deja ver que la terna de instrucción abrió investigación preliminar desde julio de 2010 y que además de todos los artículos de prensa y radio publicados sobre el tema, también estudió a fondo el informe de la comisión de seguimiento a la contratación de Bogotá que preparó el exsenador Gustavo Petro y las declaraciones que Miguel Nule entregó a la Procuraduría y a la Corte Suprema entre noviembre de 2010 y marzo de 2011 en Panamá y Estados Unidos.
Sobre todo, de estas últimas diligencias la Corte está interesada en establecer si es cierto que, a través del abogado Dávila, el congresista Iván Moreno les pidió a los Nule la asignación de áreas de uso exclusivo de la concesión Bogotá-Girardot para colocar estaciones de gasolina de su esposa Lucy. Asimismo, para ratificar si es cierto que hubo licitaciones direccionadas en el IDU y para ello operó una oficina en un hotel cercano al organismo, donde se hicieron los ajustes.
Hoy la terna de instrucción examina 10 contratos de obras publicas entre 2008 y 2010 que habrían sido asignados a personas allegadas al senador Moreno, o a empresas de propiedad de los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, al tiempo que estudia si hubo pago de comisiones durante el proceso de cesión del contrato que el Grupo Nule entregó a la firma Conalvías en 2010, y si esos pagos favorecieron al alcalde Samuel Moreno o al contratista Emilio Tapia.
En este último aspecto, también se busca aclarar si el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego ejerció influencias para que caducara el contrato y se adjudicara a Conalvías, sacando de paso al Grupo Nule del tramo 3 de la Ruta del Sol. Del mismo modo, la Corte quiere establecer si el senador Iván Moreno y su colega Bernardo Miguel Elías Vidal incurrieron en alguna conducta relacionada con anomalías en sus logros de carácter electoral.
Entre los objetivos inmediatos figura escuchar a los representantes legales de las uniones temporales GTM y Vías de Bogotá 2009, José Bettín y Mauricio Galofre, para saber si hubo pago de comisiones. Asimismo, oír los testimonios de Julio Gómez, Emilio Tapia y John Jairo Aragón, de la misma manera que requiere escuchar en declaración a Manuel Pastrana Sagre, como una de las personas que supuestamente manejaron una oficina paralela al IDU donde se habrían amañado las licitaciones.
La Corte Suprema va a citar a la asistente de Miguel Nule, Lorena Suárez, y al particular Ómar Mogollón, toda vez que Miguel Nule los nombró como las personas que llevaron a la gerente de las gasolineras a ver el sitio de las obras y atendió a la esposa del senador Iván Moreno en sus oficinas para discutir la entrega de las zonas de libre destinación. Para esclarecer este mismo episodio, la Corte quiere escuchar a los empresarios Alfonso Vergel, Javier Castellanos, Carlos Collins y Gilberto Álvarez.
En razón a que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hacía parte de la concesión Bogotá-Girardot y puede tener conocimiento de supuestas exigencias del senador Iván Moreno a Miguel Nule relacionadas con la entrega de zonas de libre disposición, la Corte Suprema ordenó recibir su testimonio. Así como dispuso escuchar en declaración por diversos hechos relacionados con el escándalo al exministro Gallego y a los empresarios William Vélez Sierra y Andrés Jaramillo.
Finalmente la Corte, además de las decisiones públicamente conocidas respecto a Iván Moreno, Germán Olano y la compulsa de copias para que se investigue al alcalde Samuel Moreno y al exministro Andrés Uriel Gallego, también pidió que se indague la posible participación de Lucy de Moreno en las denunciadas exigencias indebidas para obtener el uso de las zonas de libre destinación de la concesión Bogotá-Girardot, que en últimas es el tema que más compromete al detenido congresista Iván Moreno.
La Corte considera que se debe dar apertura de investigación formal por los presuntos delitos de cohecho propio, cohecho por dar y ofrecer y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales contra los particulares Emilio Tapia Aldana, Julio Gómez, John Jairo Aragón, Manuel Pastrana, Liliana Pardo Gaona, Inocencio Meléndez Julio, Luis Eduardo Montenegro, Jorge Armando Mojica, Miguel Nule Velilla, Manuel Nule Velilla, Guido Nule y Mauricio Galofre.