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A finales de 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó un contrato a la empresa Praesidium S. A. S. para crear y ejecutar la estrategia en redes sociales de la campaña “En Navidad, el mejor regalo es llegar bien a casa” y así prevenir accidentes de tránsito. Lo curioso del negocio, revelado en febrero del año pasado por el periodista Daniel Coronell, es que uno de los socios fundadores de la compañía contratista resultó ser Carlos Arturo Escobar Marín, hacker conocido entre los uribistas, que pagó condena en EE. UU. y ha sido señalado de obrar como cerebro de varias “bodeguitas” en redes sociales. (Para leer más historias de Investigación haga clic aquí)
Praesidium S. A. S. fue una empresa constituida en septiembre de 2017 por Carlos Arturo Escobar Marín y José Raúl Ramírez Chavarro, con el objetivo de brindar servicios de seguridad informática a quienes necesitaran proteger “su información y reputación”, así como para crear estrategias para manejar crisis de marcas e implementar protocolos para evitar ciberataques. El capital inicial de la empresa fue de $50 millones y, dos años después de constituida, el 6 de diciembre de 2019, firmó un contrato por casi $1.000 millones.
Este fue firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Praesidium S. A. S. a través de su representante legal, José Raúl Ramírez Chavarro. Las tareas debían cumplirse en tres meses e incluyeron la difusión de mensajes en Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp. La pauta en cada red social debía tener un alcance mínimo de 25 millones de personas cada mes y se debían producir, por ejemplo, videos que hablaran del exceso de la velocidad, el uso de alcohol y las normas de tránsito. Todo esto le costó al Estado $899’640.000, que serían girados en cuatro pagos.
Pero todo se complicó en febrero del año 2020, cuando el contrato entre Praesidium S. A. S. y la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue cuestionado en diversos medios de comunicación. En ese entonces, Carlos Arturo Escobar aseguró en W Radio que dejó de ser socio de la compañía en mayo de 2018, es decir, un año y medio antes de firmarse el contrato, e incluso habló de un “acta” para sustentarlo. Sin embargo, de esa afirmación en la actualidad no hay evidencia en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Lo que sí está registrado en la base de contratación nacional son las dudas que se detectaron sobre la labor de Praesidium S. A. S. después de que el Estado le hiciera dos pagos, correspondientes al 50 % del valor del contrato. Las inquietudes se concentraron en las cifras que presentó el contratista para mostrar el alcance e impacto de la estrategia en redes sociales. Para aclararlas, la Agencia suspendió primero el contrato y luego buscó una auditoría externa de la firma Adalid Corp S. A. S., que evidenció que Praesidium estaba incumpliendo lo pactado.
El informe de la auditoría, entregado en agosto de 2020, concluyó, por ejemplo, que los perfiles de Instagram y Twitter (@elmejor__regalo), creados supuestamente por Praesidium de forma exclusiva para la campaña, fueron creados un año y medio antes de firmarse el contrato, por lo que habían sido reutilizados. Esto resultó engañoso, pues la obligación era crear nuevos perfiles y no “reencauchar” los existentes. Además, concluyó que la meta proyectada por mes y por plataforma nunca superó el 50 % de la pactada (25 millones de personas).
En otra de las observaciones, Adalid Corp afirmó que el contratista también confundió en sus informes los términos “impresiones” y “alcance único”, completamente distintos a la hora de leer métricas en redes sociales. “No es lo mismo las veces que se muestra una publicidad a una persona, a decir que esas veces son personas que la vieron. Es decir, en los informes suman las impresiones de cada pieza haciendo ver que son personas únicas, cuando lo que se evidencia en la estadística son impresiones (…). En los informes presentados por el contratista se cuentan las impresiones como si fueran personas”, concluyó la firma auditora.
Sumada a esta inconsistencia, se halló otra relacionada con el dinero invertido en pauta. El contratista aseguró haber invertido $47’600.000 por publicidad en Twitter, pero al revisar la plataforma publicitaria Twitter ADS, la auditoría encontró que realmente se pagaron $36’000.000. Es decir, una diferencia inexplicable de $11’600.000. “El contratista reportó facturas pagadas a IMS (Twitter) por once millones seiscientos mil pesos ($11’600.000) de más, pero en la plataforma (Twitter ADS) dicha cifra no aparece ejecutada dentro de los gastos de pauta directa de este contrato”, se lee en el informe auditor.
Otra de las inconsistencias preocupantes se enfocó en la divulgación de la campaña en Whatsapp, que evidenció un “vacío informativo”. Praesidium aseguró que subcontrató a la empresa Addendo S. A. S. para que se encargara de difundir la campaña a través de este servicio de mensajería y, además, manifestó que se hicieron envíos masivos a números telefónicos. La auditoría, sin embargo, “no pudo verificar la validez de los números telefónicos entregados”, pues se entregaron números incompletos, protegidos o con asteriscos. Tampoco pudo validar el software utilizado.
Este diario constató que el único accionista de Addenso S. A. S. es José Raúl Ramírez Chavarro, socio y representante legal de Praesidium, es decir, una configuración del método conocido como el “yo con yo”. Esta empresa subcontratista explicó a la entidad contratante que, para el envío masivo de mensajes por Whatsapp, usó un software brasileño. Pero no informó el nombre de dicho programa informático, tampoco presentó licencia ni la autorización de uso, ni menos permitió el acceso para validar y verificar la ejecución publicitaria a través de Whatsapp.
“Al enviarse los mensajes de Whatsapp, como fue convenido por las partes (entre Addendo S. A. S. y Praesidium S. A. S.), claramente se violaron los términos de uso y condiciones del servicio de Whatsapp, toda vez que la plataforma tiene prohibido en sus políticas este tipo de acciones spam”, añadió la firma auditora. Por eso, el 11 de noviembre de 2020, casi un año después de firmarse el referido contrato, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Praesidium S. A. S. terminaron el negocio de forma anticipada y de mutuo acuerdo, sin cumplir la totalidad de sus obligaciones.
Con el agravante adicional de que la auditoría evidenció serias dudas sobre el trabajo que quedó a media marcha. El acta de la terminación, sin embargo, solo se publicó en el sistema el pasado 2 de julio y, aunque se comprobó que Praesidium S. A. S. incumplió sus obligaciones, el contratista solo tendrá que pagar una cláusula penal de $64 millones, después de haber recibido casi $500 millones para realizar su labor.
El Espectador contactó a los directivos de Praesidium S. A. S. y no recibió respuesta. Según la propia versión que Carlos Escobar entregó en 2014 a este diario, su fama entre el círculo uribista se dio porque logró recuperar la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe después de ser hackeada. A partir de allí consolidó su oficio como estratega para crear tendencias en las redes sociales, atacar a personas y crear cuentas falsas en Twitter para difundir mensajes coordinados, actividades propias de las conocidas “bodegas” en la escena digital.
Carlos Escobar también ha expuesto sus negocios con campañas políticas, algunas de ellas lideradas por el polémico asesor J. J. Rendón, y otras realizadas con políticos como el senador Juan Manuel Corzo, la exministra Gina Parody y el gobernador de Nariño, Camilo Romero. En el mundo de la farándula, Escobar ha tenido como clientes a la actriz Alejandra Azcárate, a la modelo Carolina Cruz, a la presentadora Jessica Cediel y al cantante Pipe Bueno. Además de otros famosos como el ciclista Rigoberto Urán y el exfutbolista Faustino Asprilla.
El nombre de Escobar Marín saltó a los medios en 2014, cuando estalló el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, condenado por “chuzar” a los negociadores de paz del Gobierno. Durante un allanamiento a la oficina de Sepúlveda, los investigadores encontraron registros que mencionaban a Escobar. Por eso fue entrevistado para indagar si ayudó en la obtención ilegal de la base de datos y el ingreso a correos electrónicos. No fue vinculado al proceso, pero sí pagó condena en Estados Unidos por vulnerar el sistema del Bank of America y acceder ilegalmente a la información de 115 millones de tarjetas de crédito.
De acuerdo con la versión de Escobar, fue un error por el que le dieron varios meses de cárcel. Este antecedente penal no pesó a la hora de suscribir el contrato con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adscrita al Ministerio de Transporte y dirigida por la ministra Ángela María Orozco. Apenas se hizo público el contrato, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, envió una carta a la Agencia pidiendo revisar el contrato de Escobar, quien había prestado servicios informáticos a su campaña.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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