Pese al miedo a que él, su esposa o su hijo sean maltratados, el contratista Luis Alfonso García Pérez ha decidido darle la cara a la ciudad, reconocer que hizo parte de una estructura corrupta dentro de la Caja de Vivienda Popular (CVP) y denunciarla.
Hace cuatro días, El Espectador reveló las acusaciones de García, en las cuales señala a varios funcionarios del área de Reasentamientos de la CVP de hacer parte de una estructura al servicio del exconcejal Fernando Rojas, del Polo Democrático.
Así lo volvió a ratificar García ayer, en una rueda de prensa en la que apareció acompañado de la secretaria de Hábitat, María Valencia; del director encargado de la CVP, José Andrés Ríos Vega, y de la también excontratista Álix Maritza Álvarez. Esta última, al leer los testimonios de García en las páginas de este diario, se animó a salir a la luz pública y corroborar que dentro de esta entidad se habría configurado una estructura clientelista en la que al menos unas setenta personas habrían sido obligadas a ceder parte de su salario a este concejal.
Hace apenas un mes, Luis García era el jefe de archivos del área de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular. Un puesto estratégico, si se tiene en cuenta que era el hombre que controlaba la información de todas las familias que han recibido una nueva casa en la ciudad, luego de haber sido evacuadas por emergencias no mitigables.
García llegó a esa oficina en junio del año pasado, después de que su esposa, quien ocupaba el cargo, se enfermara de tuberculosis durante el embarazo. Entonces, su jefa, Luz Noelba Correa, les habría permitido, según García, que a través de la falsificación de ciertos requisitos laborales, él pudiera reemplazara.
Un par de meses más tarde, la misma Correa, según la versión de García, le dijo que todos los contratistas debían pagar el 50% de su salario al concejal que avalaba su cargo. Según supo por boca de ella tiempo después, se trataba de Fernando Rojas, entonces concejal del Polo Democrático.
Como el matrimonio estaba mal de dinero, Correa les habría propuesto un trato: modificar las planillas de pago de prestaciones sociales que García cotizaba ante el Fosyga, de tal manera que se pagara menos dinero a la entidad promotora de salud, y el sobrante le fuera entregado directamente en un sobre a ella.
El dinero, aseguran García y la nueva denunciante, Álix Maritza Álvarez, buscaba financiar la fallida campaña de reelección del concejal Rojas.
En una carta que envió a esta diario, Álvarez —que trabajó como contratista durante 2009 y 2010 en la misma área— añade que tiene conocimiento de que los funcionarios cercanos a Rojas “reunían a las familias del Programa de Reasentamientos que estaban a su cargo, para pedirles el respaldo del voto al concejal Rojas, con el lema de que si él salía ellos seguirían en el programa”.
Según García, unos 70 funcionarios podrían hacer parte de esta pirámide, como víctimas de extorsión o como cómplices. Álvarez, por su parte, asegura que al menos un 90% de estos funcionarios “estaban respaldados por el concejal Fernando Rojas”.
“Nosotros no tenemos capacidad investigativa, pero estamos denunciando todo lo que nos llega y enviando copias a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Personería”, aseguró a este diario María Valencia, Secretaria de Hábitat.
Según la secretaria, hace tres años llegaron al despacho de la entonces secretaria, Catalina Velasco, denuncias de que la directora de la Caja de Vivienda Popular estaba favoreciendo en los programas de asentamiento a las organizaciones afiliadas a la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip).
En ese entonces, las denuncias se llevaron a la Fiscalía, y no se supo más del caso. Sin embargo, el asunto es clave, porque para nadie es un secreto que Fernando Rojas, hoy implicado en este nuevo escándalo, fue gerente de una de las organizaciones miembro de Fenavip y fue siempre presentado como uno de sus concejales.
Consultado por El Espectador, el exconcejal aseguró que se siente perseguido y que no permitirá que este tema se convierta en un juicio mediático. “Yo le responderé a la Fiscalía y a la Procuraduría”, aseguró.
Luego de presentadas estas denuncias, la secretaria Valencia, añadió que su despacho ha venido recogiendo otra serie de denuncias anónimas, esta vez relacionadas con el supuesto chantaje que tramitadores y funcionarios internos estarían realizando a las familias que buscan subsidios de vivienda. Al respecto aseguró que no se necesita pagar un peso para adquirir dichos subsidios.
También anunció que su despacho creó un email para que otros funcionarios delaten lo que ha venido sucediendo en la entidad. El correo es: transparencia@habitatbogota.gov.co.
El caso de la puerta giratoria en vivienda
El 23 de mayo de 2011, El Espectador publicó la investigación titulada “Puerta giratoria en vivienda”, donde se da cuenta de la manera como miembros de una federación de carácter privado, con origen en el Polo Democrático, entraban y salían de las entidades distritales que manejan los asuntos de vivienda de interés prioritario.
La federación se llama Fenavip y varios de sus fundadores han sido, en distintos momentos, cabezas de entidades como Metrovivienda y la Caja de Vivienda Popular, que curiosamente son las que manejan los asuntos a los que se dedica Fenavip: promover proyectos de vivienda de interés prioritario.
El exconcejal Fernando Rojas (foto) fue gerente de una asociación de vivienda agrupada en Fenavip y en 2009 lideró debates en el Cabildo en oposición a la entonces secretaria de Hábitat, Catalina Velasco, justo cuando ella inició un proceso de cobro coactivo en contra de dos organizaciones de dicha federación.