Casi todos los días, el otrora hombre más poderoso del balompié nacional, Luis Heberto Bedoya Giraldo, recorre la capital del mundo en metro. Vestido informalmente y con mochila al hombro, pasa desapercibido en las amplias avenidas de Nueva York, como uno de los miles de turistas que a diario la visitan. Siempre lo acompaña su esposa, Marta Herrera, con quien viajó el pasado miércoles 4 de noviembre en un vuelo de la aerolínea Avianca, a las 10:48 de la noche. Ella iba feliz porque creía que su esposo le celebraría el cumpleaños. Pero en pleno viaje le confesó que el propósito real del itinerario era presentarse ante la justicia de los Estados Unidos, que lo investigaba. Mañana, ocho meses después del viaje y luego de aceptar dos cargos, un Tribunal de Justicia dictará una sentencia, que puede llegar hasta ocho años de prisión.
Bedoya vive con su esposa en un pequeño apartamento en las afueras de Nueva York. El inmueble es pagado por la justicia de Estados Unidos, como parte del acuerdo al que llegaron para que se convirtiera en uno de los primeros testigos claves del escándalo conocido como Fifagate. Una compleja negociación en la que el exdirectivo tiene que cumplir varios compromisos. El principal, la aceptación de los cargos de asociación ilícita para delinquir y conspiración para cometer fraude. También debe seguir entregando información sobre sus excompañeros de la Conmebol. Según el acuerdo en ejecución, Bedoya no puede mentir, no se debe reunir con otros directivos relacionados con el fútbol y tuvo que entregar el dinero apropiado de su cuenta en Suiza. Además del apartamento financiado por EE. UU. hasta este mes de junio, recibió otro beneficio: no pagó fianza, pero sí tuvo que firmar una especie de pagaré por un millón de dólares que se puede hacer efectivo si incumple los compromisos acordados.
Además de sus anónimas salidas a Nueva York, Bedoya también está dedicado a fortalecer su fe. “Con frecuencia se lo ve asistiendo junto con su esposa a una pequeña iglesia cristiana cercana a su apartamento”, le comentó a El Espectador una fuente que vive cerca al exdirigente. Por lo demás, sus actividades se complementan estudiando inglés, haciendo deporte en las mañanas y viendo televisión en casa, especialmente partidos de fútbol. Casi nadie lo visita en su apartamento, excepto uno que otro familiar que ha viajado para conocer de primera mano la situación, al igual que sus abogados en Estados Unidos, Myers, Singer & Galiardo, LLP.
Precisamente, en las reuniones que ha sostenido con sus abogados, Bedoya relató que a mediados del año pasado llegó a su oficina un amigo que venía de Estados Unidos para informarle que las autoridades de ese país estaban averiguando por sus actividades financieras, así como las de otros dirigentes de la Conmebol. Ante la noticia, una de las primeras personas a las que el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol consultó respecto a la situación fue Eduardo Méndez Bustos, su amigo personal, quien además es abogado penalista y exdirigente del Independiente Santa Fe y quien pagó varios años condena en una prisión de la Florida (EE. UU.), por obstrucción a la justicia.
Aconsejado por Méndez, Bedoya se contactó con agentes del FBI y con un grupo de fiscales de Brooklyn encabezados por Rober Capers y delegados por la fiscal general Loretta Lynch. Para ello, después de barajar muchos nombres y descartar varios de ellos que se ofrecieron al ver el proceso y para cobrar altos honorarios, Méndez y Bedoya seleccionaron el pool de abogados. Allí, luego de seis meses de complejas negociaciones, se llegó al acuerdo del cual se dictará sentencia mañana. Pero lo que quizás más impactó a los abogados en Estados Unidos fue el relato de cómo se originó el soborno.
Hacia 2007, la Conmebol era manejada por un bloque de poder conformado por los presidentes de las federaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. El poder de decisión de las federaciones consideradas pequeñas era mínimo. Ante la situación, hubo una “rebelión” de estas últimas, que se unieron para tomar el control del negocio fundamental de la entidad: el manejo de contratos por los derechos de las transmisiones de fútbol. Y lo lograron, porque en su momento el hoy fallecido Julio Grondona se unió al movimiento de los pequeños. Fue entonces cuando aparecieron los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play Group, con una jugosa oferta.
Según el relato de Bedoya a sus abogados en Estados Unidos, mientras la empresa Traffic pagaba en su momento US$18 millones por renovar los contratos, los Jinkis de Full Play ofrecieron de manera exponencial cerca de US$80 millones. El negocio se firmó y desde entonces se convirtió en el eje de la investigación de Estados Unidos y en la piedra del escándalo. La justicia comprobó que los Jinkis les entregaron a los directivos, entre ellos Bedoya, una comisión por la renovación. De esta manera, los empresarios pidieron los datos y a cada presidente de federación le abrieron una cuenta en Suiza. En el caso del dirigente colombiano fue en el banco Hapoalim, identificada bajo el número 7063380 y con depósitos que se hicieron a nombre de la firma Flemick S.A.
A esa cuenta llegaron durante los años siguientes consignaciones que hicieron crecer el saldo casi hasta los US$3 millones, pero Bedoya prácticamente no usó el dinero porque tenía previsto que esa sería su “pensión”, como quiera que por estatutos no podía aspirar a ser reelegido por segunda ocasión como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Además se sabe que en los últimos años tampoco necesitaba ese dinero, porque estaba recibiendo importantes recursos por partida cuádruple. Una fuente del sector financiero le relató a El Espectador que Luis Bedoya devengaba un salario mensual de $32 millones en la entidad rectora del balompié y tenía una tarjeta de crédito con millonario cupo para sus relaciones públicas. También devengaba US$20.000 mensuales como vicepresidente de la Conmebol y otros U$$45.000 por cada una de las ocho sesiones que tenía con la FIFA al año.
No obstante, el enredo con las autoridades estadounidenses radica en que los recursos de las comisiones tenían tres destinos. La ruta del dinero muestra que los dineros salían de las cuentas de los Jinkis en Buenos Aires, llegaban a otra cuenta de estos empresarios en Miami y de allí eran transferidos a la cuenta de Bedoya en Suiza. Pero quizás lo que más ha sorprendido a los abogados de Bedoya en Estados Unidos es que el dirigente les haya confesado que nunca tuvo certeza de cuándo y cuánto le consignaban periódicamente los Jinkis en Suiza, porque ellos simplemente lo llamaban y le decían “giré lo de las comisiones, allí te consigné”.
En sus citas con la justicia, Bedoya ha dicho que en los demás casos de negocios en Colombia actuó con transparencia, teniendo en cuenta que sus interlocutores eran reconocidas empresas del país. Y por ahora les ha manifestado a los fiscales estadounidenses que los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol nada tienen que ver en el asunto. El exdirectivo ha ratificado que el negocio que derivó en la apertura de una cuenta en Suiza obedece a las decisiones individuales que tomó como miembro de la Conmebol.
Bedoya tiene la esperanza de volver a Colombia junto con su esposa, la empresaria de medios de comunicación Marta Herrera, para reconstruir su vida y recuperar los cerca de veinte bienes que posee la pareja en el país, pero que prácticamente están al garete. Entre ellos hay algunas casas, fincas, apartamentos, lotes, garajes, depósitos y vehículos. Sin embargo, uno de sus familiares que hace pocos meses los visitó en Nueva York, dijo que están muy preocupados porque están persiguiendo los bienes no sólo de los esposos sino de otros familiares que nada tienen que ver con el fútbol. Los bienes que la familia tiene son producto de más de 30 años de trabajo, y no es que sean muchos, lo que pasa es que la mayoría está representado en garajes y depósitos, por ello la cifra parece muy alta. Con este panorama, y aún sin conocerse la sentencia, parece improbable que Bedoya y su esposa retornen a Colombia.
En las últimas semanas las autoridades intensificaron sus investigaciones con el fin de establecer posibles responsabilidades de Bedoya en Colombia y de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. El Espectador investigó en la Fiscalía cuáles son los procesos que se encuentran radicados por el tema del fútbol. La primera investigación está radicada en la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos y Lavado de Activos. En esta dependencia judicial se están indagando cuentas y bienes de los directivos Ramón Jesurún, Jorge Perdomo, Alejandro Hernández, Álvaro González y Claudio Cogollo.
Una segunda investigación se adelanta en la Dirección Nacional de Extinción de Dominio. Al ente acusador también ha llegado una denuncia de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, de Pablo Bustos, y otra que interpuso un ciudadano en la Fiscalía de Manizales contra el presidente de la Difútbol Álvaro González. Lo cierto es que este diario conoció que en todos los casos lo que se quiere es acumularlos en un solo proceso penal. Al respecto, no se conoce aún si los directivos indiciados ya nombraron abogado defensor.
Mientras Bedoya sigue en Nueva York, a la espera de una determinación mañana, sus abogados en Estados Unidos han señalado que existe la opción de que el fallo sea pospuesto por unos meses en razón a que, para el caso de la Conmebol, el exdirigente deportivo es clave en todas las investigaciones que se adelantan contra otros 14 dirigentes. Es claro que la justicia de Estados Unidos premia la delación y, a mayor información suministrada, el exfuncionario tendría una pena menor, que incluso se puede seguir rebajando luego de condenado. Es el fin de uno de los más importantes dirigentes del fútbol colombiano en toda su historia.