A finales del pasado mes de abril y sin que mediaran muchas palabras sobre sus actuaciones, renunció a su cargo uno de los fiscales claves en la administración del ex fiscal general Eduardo Montealegre. Un funcionario que poco a poco se había ganado el aprecio y la confianza de Néstor Humberto Martínez, al punto que lo empoderó y ratificó como una de las cabezas en varias de las investigaciones más importantes de la entidad. No obstante, en los pasillos del ente acusador y entre los propios fiscales se sostiene la hipótesis de que la abrupta salida del funcionario obedeció a una respetuosa sugerencia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Colombia.
El asunto recalentó las alarmas en el organismo investigador bajo la premisa del fiscal Martínez de que la justicia empieza por casa. Desde su posesión en agosto del año pasado, el funcionario había advertido la necesidad de hacer una reingeniería a la justicia, reducir los índices de impunidad –que llegan al 99 %– y luchar contra la corrupción con austeridad.
Una cruzada que no ha resultado fácil, si se tiene presente que en la entidad trabajan 23.000 funcionarios a nivel nacional, tramita en la actualidad más de cien mil investigaciones por corrupción y casi 300 servidores públicos son investigados, muchos de ellos con medida de aseguramiento. Una estructura que además tiene variados tentáculos a través de jueces e investigadores.
Pese a ello, y ad portas de cumplir su primer año, la gestión de Martínez ha sido exitosa, pero los hallazgos detectados por la misma entidad a través de un grupo élite confidencial que creó desde su posesión y que se ha fortalecido por denuncias de fiscales y de funcionarios de la entidad, demuestran que es apenas el inicio de una estrategia cuyo objetivo es sanar a la Rama Judicial, enferma por la corrupción.
El Espectador revisó los casos, desde agosto del año pasado hasta esta semana, en que especialmente fiscales, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) y asistentes judiciales fueron objeto de medidas de la justicia. Una realidad que muestra asociaciones de funcionarios del ente acusador con narcotraficantes, bandas criminales, grupos de autodefensa y delincuencia común mediante diversos modus operandi.
En esencia, se trata de servidores de la Fiscalía en el nivel central y seccional que han participado de supuestas actividades de tráfico de drogas, contribuyen a falsos allanamientos, otorgando libertades injustificadas, borrando antecedentes judiciales, no expidiendo órdenes de captura o solicitando y recibiendo dinero a cambio de modificar decisiones judiciales.
Además del caso inédito del fiscal que renunció hace casi dos meses, los procesos que se han convertido en referente durante las últimas semanas para la opinión pública son los de los fiscales Rodrigo Aldana e Hilda Niño. Sin embargo, hay otros 38 casos en el organismo investigador que siguen causando escozor.
Como se sabe, en el proceso del fiscal Aldana, el pasado 21 de abril fue enviado a prisión porque habría favorecido al exsenador Otto Bula, preso por el caso de pagos de la multinacional brasileña Odebrecht. El hoy exfiscal aceptó los cargos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concertación para cometer delitos contra la administración pública y está recluido en la cárcel La Picota.
El otro caso que generó conmoción fue el de la fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán. Señala el ente acusador que habría incurrido en actos de corrupción para beneficiar postulados de la Ley de Justicia y Paz, en asocio con otras tres personas –entre ellas su asistente Iván González Cañón–, en un proceso en el que fueron capturados e imputados por seis delitos. Con la sorpresa de que Niño Farfán adquirió una casa por medio millón de dólares en Estados Unidos.
El poder corruptor del dinero en algunos fiscales y funcionarios se extiende a nivel nacional. Por ejemplo, Bibiana Coronado, servidora de la Dirección Nacional del CTI, fue capturada en Villeta cuando recibía $15 millones. Esta era una de las cuotas de los $250 millones que exigía a un concejal de esa ciudad para no vincularlo en una investigación por paramilitarismo.
En el departamento de Córdoba la situación no es menos inquietante. El fiscal de Lorica Orlando Márquez, su colega delegado ante los jueces penales municipales Andrés Almanza y los investigadores del CTI César Cuéllar, Jair Issa, Jesús María Garcés y Wilson Pasito fueron capturados. Los funcionarios supuestamente incautaron y destruyeron un cargamento de cocaína, pero lo cierto es que al parecer no lo hicieron y por el contrario sustituyeron la droga incautada por otra sustancia.
Para el caso de Bogotá, el investigador del CTI Luis Jiménez y Pablo Chavarro, de la Dirección Nacional de Protección, en asocio con cuatro particulares, manejaban una especie de oficina paralela en donde comercializaban información sobre los procesos penales, borraban antecedentes o negociaban algunas tarjetas decadactilares.
En Santander, dos fiscales siguen en la mira de la justicia. Alberto Amaya, exfiscal de San Gil, quien fue capturado con su asistente cuando les solicitaba dinero a traficantes de madera para no procesarlos. El otro es Orlando Rodríguez, quien según la misma Fiscalía creó una noticia criminal falsa sobre el hurto de un vehículo que se encuentra vinculado a un asalto millonario que se realizó en un conjunto residencial.
No menos grave es la situación en Nariño. El caso tuvo participación de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y fueron capturados dos fiscales, dos asistentes de fiscal y diez investigadores. Los exfuncionarios al parecer trabajaban para la estructura del narcotraficante José Feliciano Góngora Solís, alias Chano Góngora. Según la investigación, habría favorecimiento en los procesos judiciales y devolución y venta de cargamentos de droga incautada.
La fiscal local de Maicao (La Guajira), Elena Alejandra Gómez Durán, y su investigador del CTI, Felipe Castrillón García, están en prisión por presuntas irregularidades en la fuga de un capturado. Y en Ibagué aún retumba la decisión de un juez que condenó al fiscal adscrito a Delitos contra la Administración Pública, Jimmy Rodríguez Pardo, porque entre diciembre de 2015 y abril de 2016 exigió a la red de apuestas electrónicas Pijao Sport una cuota mensual de cinco millones de pesos para desviar investigaciones en su contra.
En el caso de Olmes Emiro Vargas, asistente de fiscal en la Dirección Seccional de Cali, fue capturado por exigir dinero para intervenir en favor de un procesado. En la ciudad de Sincelejo causó sorpresa que la abogada Yeine Lin Hernández, quien ostentaba el cargo de fiscal de infancia y adolescencia, fue detenida cuando habría participado solicitando una coima al exalcalde de San Benito Abad Manuel Cardozo Salcedo. Lo particular del asunto es que el exmandatario tiene pendientes ocho investigaciones en su contra.
A comienzos de este mes también se conoció un una nueva captura de un funcionario del CTI en Bogotá. Se trata de la investigadora Martha Lucía Pinilla Díaz, a quien se le sindica de manipulación del proceso por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda. La Fiscalía la sindica de cohecho propio, soborno y fraude procesal. Suerte similar corrió la profesional Luz Sierra Malaver, de la Dirección Nacional de Seccionales de la Fiscalía, a quien señalan de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
En Pasto, recientemente se conoció el caso de Luis Gonzalo Narváez Muñoz, funcionario del CTI, quien según la investigación le suministraba información a la banda criminal del narcotráfico conocida como La Empresa, sobre los operativos que se iban a realizar. El agente fue capturado con otras cuatro personas. Su colega del CTI en Buenaventura (Valle), Abdul Feliz Lasso, corrió la misma suerte al recibir $10 millones de una funcionaria pública a cambio de modificar un informe de investigación.
La extensa lista de fiscales y funcionarios de la Fiscalía en líos la nutren también Juan Hernández, del CTI en Pereira, quien venía extorsionando a un ganadero para no expedir una orden de captura; el fiscal de la Unidad de Vida en Bogotá, Óscar Alcides Márquez, quien le solicitó $5 millones a un ciudadano a cambio de precluirle un proceso por homicidio en accidente de tránsito; o el asistente de fiscal en la capital Héctor Candía, quien es procesado por hurto calificado; y otros cuatro miembros del CTI, en líos judiciales por falso allanamiento.
Lo que pasa en Antioquia causa especial preocupación en sectores de la justicia. La Fiscalía desarticuló una organización aliada con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Fueron 14 los capturados, entre ellos dos funcionarios del ente acusador que según las investigaciones suministraban la información y estarían involucrados en un plan para atentar contra un testigo protegido contra la Oficina de Envigado.
Este es el panorama de la corrupción dentro de la Fiscalía a nivel nacional. El grupo élite sigue trabajando sigilosamente para dar nuevos resultados y ratificarle al país que la justicia empieza por casa. En los próximos días, nuevos peces gordos de la institución serán imputados. Si la sal se corrompe...
“Un mensaje de institucionalidad”: fiscal
“En la Fiscalía somos conscientes de que debemos tener autoridad moral para avanzar en la lucha contra la corrupción, por esta razón hemos priorizado las investigaciones internas, lo cual envía un mensaje al país de institucionalidad y transparencia”. En diálogo con El Espectador, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, agregó que en su mayoría los servidores del ente acusador son honestos, tienen gran capacidad y trayectoria de muchos años en la institución, por eso, además de la conformación de un grupo élite interno anticorrupción, ha sido vital la denuncia de los funcionarios. “No sólo estamos combatiendo la corrupción a nivel nacional y en el interior de la Fiscalía, lo que también pretendemos es atacar este flagelo en todo el sector justicia, tenemos que romper el mal círculo de relacionamiento de algunos funcionarios con terceros”.