“En el desminado humanitario muy pronto habrá buenas noticias”. Pasaron tres semanas exactas entre esa promesa, hecha por Rodrigo Granda desde La Habana, y el anuncio conjunto del Gobierno y las Farc en el que se notificó al país que la guerrilla participará activamente en el desminado. Esta decisión, una de las más significativas en el propósito de ir quitándole oxígeno al conflicto, implica que si el acuerdo final con las Farc es una realidad, Colombia podría formar parte de ese puñado de países en los cuales los mismos excombatientes que ayudaron a infestar la tierra de minas serán quienes colaboren a deshacer el daño causado. Y habrá dado un paso definitivo hacia la paz. (VEA el especial Recogiendo los pasos de la guerra)
“A partir de hoy el Gobierno y las Farc trabajaremos conjuntamente para limpiar algunos territorios rurales de minas terrestres y municiones sin explotar”. El día que esa frase se cumpla —de autoría del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle— se habrá concretado una condición que en La Habana se entendía como indispensable para pensar en alcanzar el cese al fuego bilateral. Era un gesto que especialmente habían pedido los militares, quienes han sido las más grandes víctimas de las minas sembradas por la guerrilla: 6.817 uniformados entre 1990 y enero de 2015, de los cuales el 21% fallecieron y los demás quedaron heridos y, muchas veces, incapacitados de por vida.
Lo que se viene es la conformación de una mesa técnica en la cual participará el Gobierno, la guerrilla y la organización Ayuda Popular Noruega, la cual se encargará de la coordinación de esta trascendental empresa. “Lo que más nos ha pedido el Gobierno es que les demos prioridad a las zonas donde hay más población vulnerable: Antioquia, Meta, el Catatumbo, Putumayo por la parte de San Miguel en límites con Ecuador, Caquetá, Nariño hacia la parte media de los ríos Patía y Mira, el sur del Tolima y el Cauca. Vamos a revisar con las Farc y acordaremos con ellos a dónde ir. Esperamos instrucciones esta semana, cuando los negociadores regresen”, le dijo a este diario el general (r) Rafael Colón, quien encabeza la Dirección Contra Minas.
El alto oficial en retiro agregó que toda la información de la guerrilla será primero verificada con las comunidades, que ya cumplen un papel fundamental en el desminado humanitario porque avisan a las autoridades cuando sospechan de la presencia de minas en X o Y punto; así como se revisarán hechos recientes relacionados con minas y se tendrá muy en cuenta la información de inteligencia estatal. Esto último es clave porque, por una parte, el conflicto sigue en pie —y el Eln también ha puesto minas— y, por otra, porque las bandas criminales son una amenaza para la seguridad de los desminadores, especialmente cuando se desmina durante operaciones militares.
Sobre la inclusión de excombatientes en el desminado, en Centroamérica el ejemplo lo dio Guatemala: después de 36 años de conflicto, este fue un punto primordial a la hora de pactar la paz y para ello trabajaron conjuntamente el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca desde 1997 hasta 2005. Colombia, además, ha estado mirando hacia Camboya. Allí, la organización civil que lidera el proceso es Cambodian Self Help Demining y su fundador es Aki Ra, quien fue reclutado por el régimen Khmer Rouge cuando era niño. “Plantaba 4.000 o 5.000 minas en un solo mes”, admitió Ra cuando fue incluido en la lista Héroes CNN de 2010.
¿Libres de minas en 2021?
Imagínese que, un día cualquiera, un grupo de extraños le informan que el camino de regreso a su casa va a ser minado. Usted les suplica que no lo hagan. Los hombres armados aceptan a medias, pero le dicen que una parte de su patio sí lo van a minar porque ahí han tenido enfrentamientos con el Ejército. Si usted vive en un casco urbano, esta imagen es bastante difícil de concebir. Pero si usted vive en una zona rural... Así le sucedió a una familia de apellido Gañán, que vive en una vereda de Sonsón (Antioquia). El frente noveno de las Farc fue el que hizo la advertencia en el año 2000. Entre 2005 y 2008, el Ejército encontró cinco minas en su propiedad.
Con base en la información de la familia Gañán también llegó la ONG The Halo Trust a esta área, en la cual encontraron su mina número 100. El general (r) Rafael Colón expresó que este nuevo acuerdo entre Gobierno y guerrilla es una invitación a que más organizaciones como Halo, que trabajan con civiles en el proceso de desminado humanitario, lleguen al país a participar en esta importante labor. Para ellos el Estado tendrá que poner el pie en el acelerador en cuanto a los trámites burocráticos, para agilizar las acreditaciones. Las organizaciones civiles, además, tendrán acceso a la información de la guerrilla.
Colón calcula que, en menos de tres meses, Colombia será testigo de lo que anunció Humberto de la Calle: miembros de las Farc sin uniforme, sin armas, acompañando al Batallón de Desminado Humanitario (Bides) y brindando información clave para limpiar al país de las minas. Hacerlo exige, por supuesto, unas medidas de seguridad extremas. “Hacer desminado en las condiciones de hoy día (con el conflicto vigente) es muy difícil. Por eso nosotros operamos donde existen condiciones de seguridad, sólo estamos en 10 municipios haciendo desminado humanitario”, el cual se lleva a cabo o por el personal de Halo y o por el Bides.
En un país donde más de 11.000 personas han sido víctimas de las minas en los últimos 25 años (de ellas, el 62% eran miembros de la Fuerza Pública y, en total, 2.209 civiles y militares murieron), es indudable que cualquier medida que apunte a limpiar el territorio es de total trascendencia. El presidente Juan Manuel Santos señaló que las Farc se habían comprometido “a suministrar toda la información y a participar en la elaboración de los estudios que determinen dónde están estas minas”, lo cual es importantísimo porque, por primera vez, Colombia podría tener una brújula que le indique dónde están ocultos estos artefactos, lo cual hoy es imposible de determinar.
Su excompetidora en la pasada contienda electoral, la política conservadora Marta Lucía Ramírez, le dijo a este diario que se alegraba por el acuerdo, pues “el desminado ha sido una de nuestras exigencias a las Farc, desde la campaña presidencial, para validar su vocación de paz”. No obstante, reiteró que se debe actuar lo más pronto posible: “No podemos olvidar que durante las negociaciones en La Habana más de mil personas, entre civiles y militares, han sido víctimas de minas”. El dato exacto, entre 2012 y hoy, es de 1.190. Colombia, en el marco de la Convención de Ottawa, se comprometió a estar libre de minas para el año 2021: falta ver si este nuevo acuerdo pondrá al país en esa ruta.
Desde Bogotá o cualquier otra ciudad es difícil asimilar la magnitud de este aviso: para quienes vivimos en los centros urbanos, las minas antipersonales o las municiones sin explotar no son más que un asunto lejano, ese del cual hablan los medios cada vez que alguna noticia lo amerita. En el campo, sin embargo, la cosa es a otro precio: el 98% de los accidentes e incidentes con minas han ocurrido en zonas rurales, dice la Dirección contra Minas. Recordemos que en esas áreas los campesinos viven de la tierra y que, por lo general, tienen que enviar a sus hijos a pie a la escuela. Para ellos, estos artefactos explosivos son una pesadilla de carne y hueso, no un titular.