En nueve meses concluirá la gestión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y aún no se resuelve la demanda que diez abogados presentaron en enero de 2013 contra su reelección en el Congreso. Esta semana trascendió que, en calidad de ponente, la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rocío Araújo, radicó un proyecto de fallo que plantea nulidad y, por consiguiente, la salida del jefe del Ministerio Público del cargo. Hoy, ni siquiera los consejeros de Estado se atreven a calcular un desenlace.
Aunque en los círculos mediáticos se vaticina la caída del procurador, y hasta él mismo resaltó su indiferencia frente a lo que suceda, lo cierto es que el asunto sigue tan enredado como cuando empezó. En julio de 2014 el expediente pertenecía a los magistrados de la Sección Quinta y estuvo a punto de saldarse con la nulidad de la reelección, pero la gestión del entonces magistrado Marco Antonio Velilla hizo que el caso fuera llevado a la Sala Plena, donde en medio de recusaciones, impedimentos o solicitudes de nulidad, sigue sin solución.
Las opiniones están divididas. Hace algunos meses, la definición del asunto también pasaba porque había ocho magistraturas vacantes que había que llenar. Hoy están vigentes las 27 con sus titulares y, a pesar de que cuatro de los magistrados están impedidos para participar, tampoco es claro el panorama. Sobre todo porque tres de los magistrados terminan su período en estos días, lo cual implica que será necesario escoger conjueces para reemplazarlos, lo que significa que la decisión final seguirá aplazada por otro tiempo.
La historia de este singular proceso jurídico, inmerso también en conjeturas políticas y mediáticas, comienza casi al mismo tiempo en que el procurador Alejandro Ordóñez fue reelegido en noviembre de 2012. En ese momento, después de ejercer como jefe del Ministerio Público por postulación del Consejo de Estado, organismo al que perteneció como magistrado entre 2000 y 2008, Ordóñez recibió el respaldo del Congreso para un nuevo período de cuatro años. En esa ocasión, el respaldo provino de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda contra su reelección fue interpuesta por un grupo de abogados, encabezado por Rodrigo Uprinmy, quien argumentó que en el proceso de reelección del procurador se cometieron múltiples irregularidades. La primera de ellas, que a pesar de que se plantearon 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público, ninguna prosperó. Además, la demanda expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.
La acción de nulidad incluyó otros cargos y formalmente fue admitida hasta marzo de 2013, con el expediente asignado al magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes Barreiro. De ahí en adelante, y luego de las notificaciones del caso, el expediente entró en un interminable ciclo de impedimentos y recusaciones que fue dilatando la decisión en medio de giros en la postura del ponente. En concreto, porque el magistrado Yepes, que primero defendió la legalidad de la reelección de Ordóñez, terminó solicitando su nulidad.
Dos años después de iniciado el proceso, en julio de 2015, ya estaba listo para una decisión. Sin embargo, súbitamente el entonces magistrado Marco Antonio Velilla pidió que, por la trascendencia del caso, fuera llevado a la Sala Plena del Consejo de Estado. Su solicitud prosperó y el asunto entró en un laberinto de aclaraciones de voto, impedimentos, memoriales de la defensa y una solicitud de nulidad planteada por la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda. En ese camino, Ordóñez perdió a tres de sus aparentes aliados para quedarse.
Con el cumplimiento del período de Alfonso Vargas de la Sección Segunda, Susana Buitrago, de la Sección Quinta, y Marco Antonio Velilla, de la Sección Primera, el procurador Ordóñez retrocedió en su pelea por aferrarse al cargo. Entonces, mientras los dos primeros pasaron a convertirse en contratistas de la Fiscalía, el Consejo de Estado entró en una pugna interna por llenar nueve vacantes. Ajustada la nómina de las magistraturas, el expediente terminó en manos de una de las recién llegadas: la magistrada Rocío Araújo.
Con esa designación quedó anunciada la ponencia en contra de la reelección del procurador. La abogada rosarista, que terminó escogida tras una reñida elección con un delegado de la Procuraduría, llegaba con el respaldo público del magistrado Alberto Yepes, de quien había recibido procesos cuando asumió como magistrado en el Consejo de Estado. Entonces empezó un lento itinerario hasta configurar la ponencia de 250 páginas que en esencia plantea que Ordóñez fue reelegido de manera irregular, pues ni siquiera era viable.
Hoy, si bien, ya no existe la misma composición de hace un año y seguramente los magistrados Gerardo Arenas, Olga Valle y Carmen Teresa Ortiz ya no van a alcanzar a votar por vencimiento de sus períodos, nadie se atreve a concluir la caída o preservación del cargo del procurador Ordóñez. Los magistrados Roberto Serrato, María Elizabeth García, Danilo Rojas y Jaime Santofimio no van a participar del debate porque están impedidos. En esas circunstancias, la suerte del procurador depende de veinte votos de los magistrados.
Según consultas de este diario, todo apunta a que el jefe del Ministerio Público tiene de entrada nueve votos en contra, pero también cuenta con siete que están dispuestos a respaldar su continuidad hasta enero de 2017. En esas circunstancias, teniendo en cuenta que se requieren catorce votos para tomar la decisión, está en manos de cuatro magistrados indecisos. En los pasillos del Consejo de Estado se dice que la pelea de fondo es entre la Sección Cuarta, que lo defiende, y la Sección Quinta, que lo tumba.
Entre tanto, el procurador Ordóñez dejó entrever esta semana que no le desvela mucho si se queda o se va. “Dios quiera que pueda terminar mi período, pero si no es así, buen viento y buena mar”. Como quien dice, a nueve meses de concluir su segundo mandato como jefe del Ministerio Público, ya prácticamente todo está hecho. Sin embargo, la apertura formal de investigación contra varios ministros y altos funcionarios del Gobierno tiene en ascuas a los directorios políticos, y se rumora que algo podría cambiar si se va Ordóñez.
De una u otra manera, en los próximos meses habrá nuevo procurador, sea que tumben a Alejandro Ordóñez o que se quede. Lo mismo que pasa con la Fiscalía, hoy en manos de Jorge Perdomo en calidad de encargado. También en unos meses el Congreso deberá elegir nuevo defensor del Pueblo. El sentir general de las fuentes consultadas es que ojalá y de una vez por todas estos y otros dignatarios cumplan con sus cargos y no terminen con el Consejo de Estado haciendo equilibrio jurídico para saber si el fiscal o el procurador se quedan o se van conforme a los vaivenes de la política.
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Un abogado controverido
Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado y fue docente de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Fue concejal por el Partido Conservador entre 1986 y 1989. Luego se desempeñó como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander. De allí dio un salto al ámbito nacional y fue elegido como magistrado del Consejo de Estado, del que fue su presidente. En 2008, fue esta corporación judicial la que lo postuló como su representante para aspirar a procurador, cargo en el que fue elegido. Allí permaneció cuatro años. En 2013, la Corte Suprema lo postuló a procurador y fue reelegido, hecho que derivó en una demanda que está ad portas de fallo en el Consejo de Estado. Sus decisiones y pronunciamientos siempre generan polémica.
