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Inicialmente se indicó que sería el 31, por la frecuencia UHF. Luego se determinó que sería por el 13, de VHF. El asunto obligó a la intervención de los organismos de control, al tiempo que un estudio contratado por la Cntv advirtió los riesgos del asunto. Con la reapertura del proceso se ratificó la opción del canal 13. Sin embargo, el abogado Néstor Humberto Martínez denunció que por este hecho el Estado podría perder cerca de $46.000 millones. El jurista destacó que del precio base proyectado: $103.000 millones, el Estado debe descontar el costo de la frecuencia, la cual se entregará al nuevo concesionario prácticamente de manera gratuita. A este hecho se suma la futura digitalización del canal, asunto que podría obligar a los millones de usuarios del canal a cambiar su televisor, a comprar un decodificador o a suscribirse a una compañía de cable. No obstante, la Cntv sigue analizando el asunto.