En 2004, después de recibir su título como ingeniero industrial en la Escuela Colombiana de Ingenieros, Henry Calderón Ortiz decidió constituir una empresa con su hermana, también ingeniera, María Catalina Calderón. Inicialmente se dedicaron a importar repuestos y luego al suministro y alquiler de maquinaria pesada. Aunque la primera sede de operaciones era Neiva (Huila), hacia el año 2008 habían extendido su actividad a la explotación de una cantera en Soacha (Cundinamarca). Dos años después optaron por la construcción de obras civiles, lo cual los llevó a hacer negocios con el Estado.
Después de prestarle servicios a un distrito de riego en Chaparral (Tolima), los hermanos Calderón Ortiz asumieron que era el momento de que su empresa Consorcio Rockex SAS entrara a las grandes ligas de la contratación pública. Su primera incursión fue como subcontratistas en la construcción de la represa de El Quimbo. No tuvieron problemas y sus trabajos de excavación con una empresa italiana les dieron suficiente experiencia para medírsele a un proyecto mayor. A través del Invías se enteraron de la construcción de una obra importante dentro de los llamados “corredores viales de la prosperidad”.
Se trataba del contrato 518 de 2012, a través del cual Invías firmó con el Consorcio PCP el desarrollo de obras de la denominada Transversal del Libertador Fase II, una carretera entre los departamentos de Huila y Cauca. Un negocio por valor de $236.000 millones. Según refiere Henry Calderón, entonces decidió contactar al director de la obra, el ingeniero Miguel García, quien accedió a otorgarle un contrato a 180 días en uno de los trayectos principales. El convenio se firmó en noviembre de 2014, a través de la firma Grodco Ingenieros Civiles, perteneciente al citado consorcio PCP.
El 20 de noviembre de 2014, con cinco excavadoras, una motoniveladora, dos buldóceres y 60 empleados, Rockex montó su campamento en el kilómetro 44, entre Puerto Valencia e Inzá, en una zona de orden público y comunicación casi inexistente. Después de un mes de trabajo y cuando Calderón esperaba que le giraran una alta suma de dinero para garantizar la sostenibilidad de la operación, empezaron los problemas. En vez de lo convenido, según Calderón, el ingeniero Miguel García le hizo ver que ese tipo de negocios tenían un costo adicional para que las cosas marcharan a pedir de boca.
“A cambio de hacerme la vida fácil en la ejecución de la obra y ayudarme a desarrollarla de buena manera, de frente me pidió el 10 % del dinero recibido del contrato. Yo supe de entrada que era una propuesta extorsiva, pero decidí someterme. Días después, ya hacia el mes de febrero, de un giro de $245 millones por anticipo, me tocó darle $24,5 millones en efectivo. Él a su vez los consignó en una cuenta suya en una sucursal del Banco Davivienda en Neiva”, refiere Henry Calderón. Sin embargo, cuando pensaba que a partir de ese momento todo iba a salir bien, el tema empeoró en otras instancias.
Calderón sostiene que los ingenieros residentes comenzaron a hacerle la vida imposible. Como tenían que clasificar la roca excavada, que es el material que tiene mejor precio y del que depende gran parte de la facturación, definían lo suyo como material común. En espera de que le ayudara como fue su promesa, acudió a Miguel García, quien le aseguró que iba a intervenir en su favor. Sin embargo, hoy cree que lo que hacía era instruir a sus subalternos para que le dieran duro a Rockex y así poder sacarlo del negocio y meter a otros contratistas.
La situación de Calderón se tornó crítica. O le pagaban tarde o se negaban a ajustarle la clasificación del material extraído. En cambio García le siguió exigiendo el 10 % de lo que le daban. “En abril el panorama era desesperante y se comenzaron a romper las relaciones con García. Aún así, días después, ya hacia mayo, me reuní con él y su solución fue que no le diera dinero a él sino al interventor para que los informes me favorecieran. Además, insistió en que le girara $10 millones, y dos más para un topógrafo. Entonces, ya casi quebrado, decidí que era el momento de reaccionar”.
En vez de darle más dinero a García o de consignarle a nombre de un tercero como se lo sugería, no sólo se abstuvo de hacerlo, sino que decidió grabar las conversaciones. Así como García le hablaba con mucha confianza, como si fueran amigos, porque incluso había tenido que atenderlo en su finca, optó por conversarle de manera abierta. En uno de tales diálogos, García le dio a entender que alguien de la interventoría de la obra le había dado el número de cuenta de un tercero para que consignara. Calderón le volvió a insistir en el tema de la clasificación de la roca.
En total, Calderón grabó más de diez conversaciones, pero a pesar de que a finales de mayo recibió $220 millones, no quiso girarle un peso más a García ni a quienes el recomendaba hacerlo. A principios de junio, en los tramos de obra que Rockex tenía adjudicados empezaron a aparecer excavadoras y maquinaria de otros contratistas. El día 14 recibió una comunicación del Grupo Empresarial Grodco en la que daban por terminado el contrato y lo conminaban a entregar las obras ejecutadas y retirarse del sitio de los trabajos. El plazo para salir de la obra quedó fijado para el 17 de junio.
En ese momento, con más de $3.600 millones en reclamaciones, Calderón optó por buscar un abogado para recuperar su dinero. A través del jurista Carlos Sánchez Cortés envió tres cartas al Invías y a los directivos de Grodco, detallando los incumplimientos y las diferencias técnicas en la obra, pero sin mencionar las exigencias de García o las grabaciones que le había hecho. El 14 de julio, la gerencia de Grodco le contestó que apenas cumpliera los requisitos aportando los certificados de estar al día en obligaciones salariales y prestacionales, la empresa podía proceder.
En la misiva de respuesta, Grodco rechazó algunos de los argumentos del ingeniero Calderón, recordó las cláusulas del contrato original respecto al tema de la modificación del mismo y le recordó que el negocio jurídico entre las partes estaba en etapa de liquidación y quedaba en espera de que entregara la documentación requerida. Hoy Calderón sostiene que entiende cómo funcionan muchos negocios de este tipo. “Invías entrega las obras a contratistas con músculo económico o tradición, y estos a su vez subcontratan descargando en los segundos los riesgos de los sobrecostos”.
Y añadió el alicaído empresario: “En algunas empresas no faltan los personajes que se aprovechan para hacer su negocio aparte en la cadena de subcontratación. En últimas, los subcontratistas, que en el fondo son quienes hacemos la obra, terminamos apenas recibiendo la sexta parte de lo que los grandes cobran al Invías. Yo acepto que tuve que pagar y someterme, y después rogar para que no acabaran con mi empresa. Pero como no accedí más, me echaron de la obra y suspendieron los pagos. Ahora llevo tres meses sin recibir un peso de la obra ejecutada honestamente”.
El Espectador consultó a un asesor de Invías para entender por qué puede pasar algo como lo que dice Calderón que le sucedió. “En más de un comité he escuchado que la relación entre los contratistas y subcontratistas es un problema entre ellos, y sólo hay intervención si se afecta la obra. Claramente hay conductas abusivas en esa relación, pero los segundos están en una posición muy desventajosa. Tienen que probar sus acusaciones y eso puede ser eterno”. Calderón añade: “En la contratación de algunas obras civiles termina imperando una intermediación mafiosa”.
Por lo pronto, el ingeniero Henry Calderón espera poder recuperar los dineros que le invirtió a la que creía iba a ser su primera obra de importancia para el Estado, así fuera en calidad de subcontratista. En cuanto a sus grabaciones, las tiene listas y clasificadas por si las autoridades competentes quieren escucharlas o las requieren. El Espectador le hizo quince llamadas telefónicas este viernes al ingeniero Miguel García para conocer su posición frente a los señalamientos del propietario de Rockex, y la respuesta fue que él iba a devolverlas apenas terminara una reunión. Al cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.
Grodco, compañía de tradición
Aunque la hipótesis inicial es que pudo ser un caso aislado de infidelidad empresarial de algunos funcionarios de la compañía, lo cierto es que se trata de una empresa de reconocida trayectoria. El grupo empresarial Grodco inició operaciones en Colombia desde 1958. Su fundador, Gustavo Rodríguez Díaz, fue contratado para la época por varios gobiernos locales, departamentales y nacional para desarrollar diversos proyectos. Entre 1976 y 1990 fortaleció su trabajo pero esta vez con mayor énfasis en obras para el Ministerio de Transporte. Desde 1991 y hasta el año 2000 la empresa se dedicó a manejar concesiones viales. Una década después se internacionalizó y consolidó como grupo con millonarios negocios en Colombia y Latinoamérica.