Las peleas por las megafincas del narcoparamilitarismo que llagaron a la Corte Suprema

Dos mil trescientas noventa y nueve hectáreas de tierra en Antioquia y Córdoba con posible origen ilegal. Declaraciones de exparamilitares ante la Fiscalía. Reuniones con parapolíticos. Un viejo socio de Pablo Escobar. Campamentos de entrenamiento de las autodefensas. Sicarios en moto y hasta el testigo estrella del escándalo de Odebrecht. Así se pueden resumir ocho expedientes que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con un asunto clave sobre el conflicto armado colombiano: definir si algunas de las megafincas del narcoparamilitarismo serán usadas para reparar a cientos de familias que fueron despojadas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante los años noventa y dos mil.

En la Unidad Investigativa de El Espectador accedimos a esos casos que son conocidos desde 2025 por el alto tribunal, y que dan cuenta de cómo el proyecto criminal de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil (junto a otros exjefes paramilitares) se adueñaron de extensas tierras a través de redes de testaferrato y de la violencia contra familias campesinas de Antioquia y Córdoba. Ahora la alta corte tiene la tarea de resolver las solicitudes que presentaron en los últimos años personas que aseguran ser dueños legítimos de esas tierras, las cuales aproximadamente equivalen a 3.360 canchas de fútbol profesional. Entre quienes reclaman esos extensos lotes encontramos reconocidos ganaderos de esa región, señalados testaferros de la organización criminal, entre otros particulares.

En esta primera entrega periodística abordaremos cuatro casos relacionados con fincas que fueron, según la Fiscalía, inmuebles adquiridos por los hermanos Castaño Gil, quienes hace casi tres décadas fueron las cabezas de las AUC, una organización que lideró uno de los episodios más violentos de la historia reciente del país. Este debate judicial en el alto tribunal resulta especialmente sensible porque estos procesos no solo definirán la propiedad de unas megafincas, el destino de un patrimonio con el que cuenta el Estado colombiano para reparar a cientos de familias campesinas de estos departamentos que fueron despojadas por estructuras de los hermanos Castaño.

La finca donde se criaron los hermanos Castaño Gil

El primero de los bienes que está en disputa es la finca El Hundidor, un extenso predio de 950 hectáreas ubicado en la vereda Río Bagre del municipio de Segovia (Antioquia). De acuerdo con el expediente, se trata del inmueble en donde Carlos y Vicente Castaño Gil, máximos líderes de las AUC, se criaron durante los años setenta. Además, según el testimonio de esos exlíderes paramilitares, fue el lugar en donde, a inicios de los ochenta, su padre fue secuestrado y posteriormente asesinado por un grupo guerrillero. Ese predio fue decomisado en 2018 por la Fiscalía tras una declaración de alias “Monoleche”, jefe de seguridad de la cúpula de las Autodefensas, en la que indicó que la enorme hacienda era de sus antiguos jefes. Ahora, quien reclama ser el dueño del predio es un viejo conocido de los Castaño.

Su nombre es Ramón Antonio Jaramillo Fernández, un ganadero del municipio quien dice conocer a ese clan familiar desde los años ochenta, cuando tuvo negocios con esa familia. Incluso, su nombre figura como donante de bienes a Funpazcor, la fundación de los Castaño con la que despojaron a cientos de campesinos en Antioquia y Córdoba. Según su relato, entró a ocupar el predio en 2004, justo cuando las AUC se estaban desmovilizando y los Castaño empezaban a perder poder en el mundo criminal. En abril de ese año, fue asesinado Carlos Castaño en medio de una aparente pugna interna de los paras de la que hasta se ha dicho que su hermano Vicente Castaño ordenó matarlo. Tres años después, este último también fue asesinado.

Jaramillo dice que en 2016 un juzgado lo declaró como dueño del predio, ya que ejercía como tal hacía más de una década, cuando el terreno fue abandonado por los Castaño. Sin embargo, en agosto de 2025 el Tribunal Superior de Medellín señaló que esa decisión judicial no era suficiente para devolverle a Jaramillo El Hundidor. El magistrado del caso señaló que, justamente por sus negocios con esa familia, el ganadero sabía que era una propiedad directamente relacionada con la cúpula del paramilitarismo. “Sabiendo su origen, decidió apropiarse inicialmente de él, para luego iniciar un proceso legal para quedárselo”, dice la decisión de primera instancia, la cual es revisada por la Corte Suprema desde noviembre de 2025.

Los “Mochacabezas” de Vicente Castaño

El segundo terreno que está bajo la lupa del alto tribunal es la finca La Paz, la cual tiene una extensión de 99 hectáreas y está ubicada en la vereda Santa Catalina, en el municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia). Ese enorme predio también está relacionado directamente con la génesis del paramilitarismo del clan Castaño, pues fue adquirido en los años ochenta por Fidel Castaño Gil, quien durante esa década ya se había enriquecido a través del narcotráfico. El predio en disputa hacía parte de otro de mayor extensión conocido como La 15, el cual se convirtió durante esos años en el centro de operaciones del primer grupo armado paramilitar de la zona, conocido como Los Mochacabezas y del cual hizo parte “Monoleche”.

Fue justo este hombre de confianza de los Castaño quien le contó a la Fiscalía que ese bien era una de las fincas que tenían sus jefes en la zona y que le fue despojada a una tradicional familia de la zona, los Calonge Puche. Quien ahora reclama ser dueño de La Paz es el ganadero Gabriel Jaime Pereira Serna, a quien le fue decomisado el lote en 2021. Según su relato, compró la finca en 2010 a Omar Pérez García, un hombre que fue empleado de los Castaño y que en otros procesos judiciales ha sido señalado como testaferro de las AUC. En esos expedientes aparece junto a una mujer clave en el despojo paramilitar: Sor Teresa Gómez, suegra de “Monoleche”, cuñada de los Castaño y quien fue condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder reclamante de tierras en Córdoba.

En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Medellín no le devolvió las tierras al ganadero Pereira, nacido en San Pedro de Urabá. Además, el magistrado del caso le reprochó no haber investigado lo suficiente para descartar que el terreno tuviera un origen ilícito, pues se trataba de una zona en la que él vivía y que era conocida a nivel nacional por sufrir la violencia paramilitar. Incluso, la Fiscalía recalcó durante el proceso que Pereira admitió conocer el vínculo de los Castaño con Omar Pérez, quien fue asesinado en Montería por sicarios en moto en 2013. El proceso por la finca La Paz está siendo analizado por la Corte Suprema desde noviembre pasado.

El socio de los Castaño mencionado en el Parqueadero Padilla

Otro de los expedientes que está en manos del alto tribunal, desde agosto de 2025 está relacionado con dos lotes que suman cerca de 70 hectáreas de tierra en la vereda Palmito Picao, municipio de Montería, Córdoba. La Fiscalía los decomisó en 2021 tras determinar que esas fincas pertenecieron a Sor Teresa Gómez, pieza clave de los Castaño en la administración de sus inmuebles adquiridos de manera ilegal. Una vez más, el testimonio de “Monoleche” fue clave para que el ente investigador determinara que el extinto grupo paramilitar era dueño de esa tierra, la cual colinda con la hacienda Santa Paula, un predio de 1.200 hectáreas de los Castaño que ya fue restituido por la justicia a campesinos despojados.

Según “Monoleche”, esas 70 hectáreas le fueron entregadas a una pareja de esposos que ha sido señalada de ser testaferros de los Castaño y que aparece en procesos claves del paramilitarismo: Diego Alonso Sierra y Gabriela Inés Henao Montoya. El primero fue socio de los Castaño en la compra de otras tierras en Córdoba y fue uno de los nombres que aparecieron en el expediente del allanamiento al Parqueadero Padilla, el cual fue denominado como el “centro de la contabilidad de las AUC” y que operó en pleno centro de Medellín en los años noventa. La segunda, Henao Montoya, aceptó cargos hace una década luego de que la Fiscalía la acusara de ser una de las responsables del desplazamiento forzado de cientos de campesinos que reclamaban las tierras que les fueron robadas por los Castaño.

Es ella quien ahora le pide a la justicia que no le decomise los predios porque, según ella, son de origen lícito, “provenientes de su trabajo como docente, ahorros familiares, herencias” y otros ingresos legales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud al concluir que las negociaciones y pagos para adquirir esas tierras fueron realizadas por su esposo, Diego Alonso Sierra, quien tenía vínculos comerciales con personas del entorno de los Castaño. Además, dice el magistrado del caso, los terrenos se encuentran en una zona históricamente dominada por paramilitares, lo que exigía mayores verificaciones sobre su origen antes de adquirirlas. El caso está en estudio en la Corte Suprema desde agosto de 2025.

El negocio de un exalcalde de Cáceres que estaría vinculado a finca de “El Tuso Sierra”

En 2020, la Fiscalía decomisó tres predios conocidos como La Gloria, que suman 76 hectáreas y están ubicados en el corregimiento Manizales, municipio de Cáceres, Antioquia. El ente investigador realizó ese operativo luego de que el exparamilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo”, indicara que esa finca perteneció al narcotraficante “El Tuso Sierra” y que, posteriormente, la compró Vicente Castaño. Aldides de Jesús Durango, alias “René”, comandante del Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC, le dijo a la Fiscalía que compró para la casa Castaño esa tierra con COP 700 millones pagados en dólares y que la adquirió mediante una negociación realizada por intermediarios vinculados a la organización criminal.

Los predios son reclamados por Jairo de Jesús Barrera Gómez, quien sostiene que adquirió inicialmente los terrenos a finales de los años noventa mediante negocios realizados por intermedio de su hermano Hugo de Jesús Barrera Gómez, exconcejal y exalcalde de Cáceres, y que posteriormente vendió la finca y la volvió a comprar años después. Según su versión, todas las transacciones se hicieron como era usual en la región —con pagos en efectivo y acuerdos de palabra— y asegura que actuó sin conocer ningún vínculo de la propiedad con estructuras paramilitares. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de devolución al considerar que existían múltiples indicios que cuestionaban la legalidad de la compra.

Por ejemplo, el tribunal tuvo en cuenta que en la finca se realizó un operativo con helicópteros para capturar a “René”, hecho que fue ampliamente conocido en la región y que evidenciaba la presencia de las AUC en el lugar. Para la magistratura, estas situaciones debieron generar alertas en Jairo de Jesús Barrera Gómez, hermano del exalcalde de Cáceres, sobre el posible origen ilícito del negocio. En ese sentido, aunque no se probó que los hermanos hubieran pertenecido a los paras, el tribunal concluyó que sí existen indicios de que el predio estuvo vinculado a las finanzas de esa organización de los Castaño. La Corte Suprema está estudiando el caso en estos momentos.

El historial de la Casa Castaño

Las dimensiones de los crímenes atribuidos al proyecto paramilitar impulsado por la Casa Castaño —que luego se consolidó en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— son descritas por los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Comisión de la Verdad como uno de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano. Según la Comisión, entre 1985 y 2018 el conflicto dejó al menos 450.664 personas asesinadas, y los grupos paramilitares fueron responsables de 205.028 víctimas mortales, es decir, cerca del 45 % del total, la proporción más alta entre todos los actores armados.

A ese saldo estadístico se suman masacres y asesinatos de alto impacto que marcaron la historia del conflicto y que han sido atribuidos a estructuras surgidas del proyecto paramilitar liderado por los Castaño o articuladas posteriormente a las AUC. Entre los hechos más emblemáticos están el asesinato de Jaime Garzón (agosto de 1999); la masacre de Mapiripán (1997), donde decenas de civiles fueron torturados y asesinados durante varios días; la masacre de El Salado (2000), en la que paramilitares asesinaron y desplazaron a la población tras días de terror; y la masacre de La Gabarra (1999), en Norte de Santander, donde decenas de campesinos fueron asesinados.

Mientras la Corte Suprema revisa estos expedientes, los predios hoy siguen bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, pero aún no pueden ser destinados de manera definitiva a procesos de reparación para las comunidades afectadas por el paramilitarismo. La decisión final sobre su destino dependerá de lo que determine el alto tribunal frente a las solicitudes de devolución presentadas por quienes hoy reclaman esas tierras. Esta investigación continuará el próximo lunes, con una segunda entrega sobre otros cuatro grandes lotes que están vinculados a los exjefes paramilitares alias “Cuco Vanoy”, Henry de Jesús Pérez y un hermano de alias “Don Mario” y “El Alemán”.

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