“Necesitamos hacer un inventario de todo. Fechas, pruebas. Aquello que no lo tengas simplemente ponemos ‘no lo tengo, no tengo esta prueba’. Nos toca ponernos a mirar caso por caso”. Fueron palabras del vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira en una de las conversaciones privadas que grabó en 2015 el excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, cuando entendió que había irregularidades en la contratación, pero que sus advertencias no eran escuchadas por el consorcio.
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El 24 de septiembre de 2015, Pizano se reunió con Rafael Neira y el extenso diálogo arrancó con un comentario del primero: “Yo vine acá solamente a hacerte una pregunta”. Neira le contestó: “¿Una? Hubiera sabido y no separo sala ni nada”. Después de romper el hielo con estas frases, Pizano comenzó preguntándole a Neira. “¿Qué cara te hicieron esos hampones? Te lo digo así porque es que siguen en las mismas”. Se refería a los brasileños de Odebrecht, socios mayoritarios de la Concesionaria Ruta del Sol. A esas expresiones, Neira le dio respuesta.
“Se puso perfectamente pálido”, observó el ejecutivo cuando le mencionó a Eleuberto Martorelli. Y luego agregó: “Tal vez uno se pone rojo, pero pálido, uno no lo puede fingir a no ser que se unte”. El diálogo entre Pizano y Neira deja ver que, por las advertencias del asesor jurídico Néstor Humberto Martínez, dentro del Grupo Aval ya existía preocupación por los hallazgos del controller. Por eso Neira le pidió un inventario de los documentos que generaban sospechas, al tiempo que le dijo a Pizano que si se lo seguía tomando tan a pecho se iba a enfermar.
Según comentó Rafael Neira a El Espectador el pasado 19 de noviembre, esa fue la primera de 11 reuniones en las cuales se estructuró una completa investigación para evaluar todos los hallazgos de Pizano. En medio de la conversación, ante la insistencia de Pizano, su interlocutor le aclaró que su información era demasiado fragmentada y que algunos consideraban que su único trabajo era el del control del lavado de activos dentro de la concesionaria. Ese día, Pizano y Neira se fueron para la oficina del presidente de Corficolombiana, José Elías Melo.
En compañía de Melo, el vicepresidente Neira les aclaró a los dos que, por instrucciones recibidas, debían dividir el análisis. “Él me dijo que trabajáramos sobre las dos cajitas, una de ellas era lo de la compañía y otra lo del Estado”. Después de hablar sobre generalidades del caso, Pizano insistió en cinco casos y más adelante Neira manifestó: “Unas son las que me duelen a mí como accionista y otras que no son legales desde el punto de vista operativo, sino de temas como de violación de ley”. Se refería al cruce de cuentas de la compañía y del Estado.
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“Son cinco compañías, de las cuales una es Profesionales de Bolsa. Son cinco en donde hay montones de órdenes de pago, órdenes de servicios sin evidencia”, repitió Pizano, quien luego agregó a Consultores Unidos, Desinpro e Inversiones Profesionales. Sobre Consultores Unidos, Pizano precisó: “Sí, de ellos hay un giro al exterior de US$2’750.000 que, por el monto, tiene que pasar por la concesionaria, así sea que le dieron la figura que era un pago de Consol (la sociedad encargada de las obras de la Ruta del Sol 2)”.
“¿Que hace Consol girando una plata al exterior?”, preguntó Melo. Pizano contestó: “No lo tengo claro”. Melo replicó: “Eso sí lo tiene claro Javier Germán”. Se refería a Javier Germán Mejía, gerente contractual de Consol, de quien Melo manifestó estaba en disposición de entregar toda la información. La reunión terminó acordando su recaudo para así pedirle explicación a los brasileños. Neira observó: “Lo importante es saber qué tenemos y qué no, porque hay cosas de las cuales puede haber sospechas, pero como es como una película, al final el asesino generalmente es el mayordomo”.
De las conversaciones que Neira manifiesta sostuvo con Pizano y otros, El Espectador conoció más de diez horas de grabación. En otro momento, cuando Neira indaga sobre los niveles de autorización de pagos, con tono afirmativo le preguntó: “Entonces si mañana llega una orden de servicios para contratar no sé qué diablos, debe firmar el señor Eder Ferracuti y el señor Marco Antonio Gloria, que también es brasileño”. El controller Pizano lo interrumpe diciendo: “Pero a veces cumple como representante legal suplente Carlos Gustavo Ramírez”.
Enseguida, Pizano resaltó: “Cuando todo esto empezó a pasar, yo sí hablé con él (Carlos Gustavo Ramírez). Le dije: ‘Oiga, aquí está pasando algo raro’”. Neira le ripostó: “Si no lo sabemos manejar, o dentro de las pruebas que se tienen participó Carlos Gustavo, nos jodemos porque van a decir: ‘Usted lo puso y al de operaciones y mantenimiento, que es suplente de Eder’”. La preocupación surgió al saber que Ramírez era un ejecutivo que nombró el Grupo Aval. Por eso, Neira y Pizano evaluaron en detalle cómo se delegaban las órdenes a partir de este empleado.
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Neira exteriorizó su preocupación frente a este hombre y aunque dejó claro que no tenía argumentos para evaluar si había fraude, manifestó: “Aquí hay un jefe que es nuestro. Que es nuestro. Que es nuestro. ¿Está permitiendo eso? La pregunta es por qué. ¿Este señor tiene un antifaz?”. Y más adelante, sin desconocer que el tema se les podía devolver, observó: “Tenemos que coger unos casos que estén orientados a las coimas y a la parte interna, porque estas coimas hasta el día de hoy eran culpa de estos que tienen el cincuenta y pico por ciento”.
En otras palabras, ya Pizano y el vicepresidente Neira se referían a que las irregularidades que estaban siendo reveladas por el primero eran sobornos. Por eso, el segundo señaló explícitamente: “Nosotros les vamos a decir: ‘Qué pena con ustedes, perdimos la confianza. Hay temas en donde tenemos documentación, certera y precisa, de que aquí se están cometiendo delitos contra el patrimonio de la sociedad. Y nosotros, en ese orden de ideas, no estamos de acuerdo con esto. Existen otros de los cuales no queremos ni entrar’”.
De los encuentros entre el controller Jorge Enrique Pizano y el vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, quedó el trabajo conjunto de elaborar un documento con las anomalías advertidas por Pizano. En otra de las reuniones que fue grabada por Pizano, ambos se dedicaron a mirar caso por caso, con un comentario de entrada: “Terminé lo de Proseam, lo del Consorcio Sion, lo de RGQ Logistics y lo de Torrosa”. En esa ocasión, Neira estuvo acompañado por un ejecutivo de su confianza, aunque Pizano insistió en que después hablaran a solas.
El balance de Pizano arrancó con el Consorcio Sion, del que dijo: “Se han firmado contratos con este proveedor por $10.052 millones y se han hecho pagos por $7.452 millones entre marzo y julio de 2015”. Y acto seguido precisó: “Se le pagaron unos servicios de una construcción que no se ha realizado. Los cuatro pagos efectuados a este proveedor no tienen un visto bueno del gerente contractual”. Luego Pizano se refirió al contratista RGQ Logistics, en especial sobre un contrato por $4.000 millones para transporte multimodal de carga.
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Sobre el particular, Pizano aclaró: “Se le han hecho diez pagos entre marzo y agosto de 2015 por valor de $2.477 millones. Sin tener el visto bueno del gerente contractual, según lo establecido en el acuerdo de socios”. Sobre el Consorcio Torrosa particularizó: “Los siete pagos efectuados entre marzo y agosto de 2015 por $6.994 millones no tenían el visto bueno del gerente contractual y en la primera factura, aunque con papelería y membrete del consorcio, fue emitida por una compañía diferente llamada Asesores y Consultores Proseam SAS”.
Finalmente, Pizano le hizo a Neira un balance sobre Proseam, para manifestarle que con ese proveedor se habían firmado contratos por $12.156 millones para atender los temas sociales y prediales. “Esa compañía fue constituida inicialmente en 2010 con el nombre Sky (…) Su objeto social fue la fabricación de artículos textiles. En abril de 2014, la compañía cambió el nombre a Proseam y modificó su objeto social a Asesorías y Consultorías en temas catastrales y de ingeniería (…) No entendemos cómo se otorgó un contrato de más de $12.000 millones a una empresa cuyo capital es de $20 millones”.
En general, durante esa conversación se fue configurando el cuadro de evaluación de irregularidades internas, a corte octubre de 2015, con el cual se determinó que ese fuera el soporte del reclamo a los brasileños de Odebrecht. Esos mismos contratos son los que hoy evalúa la Fiscalía General de la Nación, con similares observaciones a las que llegaron Pizano y Neira. Es decir, falta de justificación por temas de experiencia, pagos sin aprobación de la gerencia contractual, desembolsos por bolsas inexistentes o dudosas actas y documentos.
En ese diálogo de carácter técnico, aunque existía la certeza de que en la discusión todo podía terminar en la palabra de Odebrecht contra la de ellos, quedó definido parcialmente el panorama de la reclamación. “Con todo lo que hemos leído, ¿estás completamente seguro y de acuerdo?”, le interrogó Neira a Pizano. Este asintió. Entonces Neira le pidió que le consiguiera información de Ingream para meterla al informe y Pizano añadió que tenía que romper silencio son los contratos de Inversiones Profesionales, Desinpro, Consultores Unidos y Gestora de Proyectos de Infraestructura.
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Como lo señaló a este diario el vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, con toda la información suministrada por Pizano se elaboró un informe que se le presentó a Odebrecht. A su vez, la compañía brasileña conformó un comité de ética de diez personas que se encargó de preparar la respuesta a sus reclamos, formalizada el 24 de noviembre de 2015. En dicho informe, aclaró Neira, para cada caso citado Odebrecht presentó los soportes con estudios, facturas y diseños para contrarrestar los hallazgos de Pizano.
Además, recalcó el ejecutivo del Grupo Aval en la edición del pasado 19 de noviembre, que de acuerdo con lo preceptuado, las compañías del grupo que intervenían en la Concesionaria Ruta del Sol 2 no tenían la manera de promover una auditoría a Odebrecht y, de conformidad con las leyes de comercio, solo podían insistir en las dudas durante la asamblea. La defensa general de los brasileños fue además que todas sus cuentas estaban siendo auditadas por PriceWaterhouseCoopers. La conclusión, en medio de la incertidumbre, era que había que seguir confiando en la información de Pizano.
Las grabaciones de Jorge Enrique Pizano le han dado una mirada nueva al escándalo de Odebrecht. Básicamente, porque hoy está claro que el controller Pizano les reportó sus hallazgos tanto al asesor jurídico del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, como a otros altos ejecutivos. Ahora que se discute la urgencia de un fiscal ad hoc que se encargue de este espinoso expediente, el punto de partida para la investigación es otro. Sin embargo, también es clara la prioridad: rastrear las empresas y personas que, hasta el momento, no han sido indagadas.