El lunes pasado, en las oficinas del Instituto Nacional de Vías (Invías), reapareció públicamente después de más de una década de silencio la ex congresista liberal María Izquierdo. El escenario fue una audiencia, en donde funcionarios y empresarios discutían ni más ni menos que los términos de uno de los negocios más importantes en materia vial: la licitación para la entrega de la concesión de peajes.
Todos se sorprendieron. No se explicaban qué hacía la abogada Izquierdo en un recinto en donde representantes de cerca de veinte importantes empresas del país hacían observaciones a la licitación que ese día se abrió. Un atractivo asunto que en ocho años moverá recaudos en 37 peajes por $1,8 billones, con un ingrediente adicional: que el ganador se echará al bolsillo cerca de $250 mil millones.
La audiencia comenzó con el clásico rictus de un evento oficial. El director del Invías, Enrique Martínez, y sus asesores dieron paso a los interesados. A los pocos minutos María Izquierdo tomó la palabra y las dudas se empezaron a despejar. Con el tono vehemente que la caracterizó en el Congreso, reclamó por falta de acceso a información de la licitación. En instantes sus palabras subieron de tono y unas frases fueron suficientes para entender lo que allí hacía.
“No vamos a permitir lo que pasó con Agro Ingreso Seguro, no vamos a permitir lo que pasó con los semáforos de la Alcaldía, no vamos a permitir que dos o tres no más tengan derecho, las universidades también lo tienen y venimos a nombre de las universidades”, señaló Izquierdo. De inmediato los presentes supieron que en la licitación tenían un nuevo competidor: la Universidad La Gran Colombia, del hoy precandidato presidencial por el Partido Conservador José Galat.
¿Qué hace una universidad administrando peajes? ¿Qué experiencia tiene? ¿Por qué la ex congresista la representa? ¿A quién se refería cuando dijo que dos o tres no más tienen derecho? Se preguntaban extrañados los asistentes a la audiencia.
El tono de María Izquierdo fue tan severo y sus palabras tan suspicaces que el propio director del Invías, Enrique Martínez, un poco descompuesto, le puso freno y sentenció: “Tenemos la conciencia de que no estamos haciendo nada irregular, pero de entrada ustedes ya nos están juzgando; yo le pido el favor de que tengamos un poquito de cuidado en la forma de expresarnos”.
Luego de varias horas, y con miradas desafiantes, culminó la acalorada sesión que se reanudará el miércoles entre los mismos protagonistas y un nuevo actor: el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego.
Nueva vida
La ex senadora María Izquierdo lo había dejado todo. En julio de 1996 fue condenada a 56 meses de prisión por recibir varios giros del cartel de Cali para su campaña política. Fue protagonista del denominado Proceso 8.000. Su vida cambió. Dejó a su esposo, se entregó a Dios y se volvió discípula del presidente Álvaro Uribe. En 2005 publicó la biografía oficial del Primer Mandatario.
Va a Palacio a rezar. Se le escucha vía telefónica tranquila, feliz y prudente, pero combativa. Dice que le preocupa que el Presidente esté mal rodeado: “Amigo periodista, ahora soy monja, dejé las vanidades, me dedico al litigio y soy una buena licitante”, le recordó a El Espectador. Y recalcó que por su religión no es conveniente dar entrevistas o dejarse tomar fotografías.
Hace cerca de cinco años que maneja la Unidad de Licitaciones de la Universidad La Gran Colombia. Su mano derecha en el asunto, el también abogado Andrés Zambrano, destaca que han ganado varias con el Ministerio de Comunicaciones y no hace mucho obtuvieron un contrato con el Ministerio de Transporte para digitalizar el archivo del Runt.
“La universidad recibe $70 mil millones al año y, aunque no tenemos experiencia en peajes, este es un negocio de recaudo, por eso nos presentamos”, dice Zambrano para despejar dudas y reivindicar el derecho de la universidad a participar en la licitación de los peajes junto con la poco conocida Universidad San Alfonso.
La pelea en la licitación va más allá y tanto Izquierdo como Zambrano afirman que está dirigida a las firmas que actualmente tiene la concesión. Experiencia en manejo de peajes, en monto de recaudo y en tecnología, requisitos que según los dos representantes de la universidad sólo pueden cumplir los concesionarios actuales, Invico y Vipsa.
Además, critican el equipo del director del Invías, Enrique Martínez: “Usted está haciendo misa católica con sacerdotes protestantes”, le dijo Izquierdo y de pasó solicitó la intervención de los organismos de control.
Una visión que no comparten los funcionarios del Invías, quienes consideran que el proceso no está direccionado y que al entregar la concesión sólo buscan optimizar el recaudo, modernizar el sistema de peajes y tener control directo. Al respecto, El Espectador visitó las instalaciones del centro piloto en donde se está probando el nuevo esquema de peajes en estaciones ubicadas en Cundinamarca y Tolima. “Es necesario el cambio para disminuir la evasión, evolucionar tecnológicamente y hacer mejor auditoría”, explicó uno de los funcionarios del Invías.
Los otros aspirantes
Junto con la Universidad La Gran Colombia aparecen interesadas en el asunto polémicas compañías. A la última audiencia, del 30 de noviembre, asistió Juan David Ángel, cuestionado por el funcionamiento del Runt y porque compró parte de esa licitación.
Igualmente, aparecieron el mismo día representantes del Grupo Odinsa, en litigio por la construcción del aeropuerto Eldorado. De hecho, se recuerda que recientemente sus accionistas Luis Fernando Jaramillo y William Vélez fueron objeto de debate por el apoyo a una empresa rusa en el manejo de un satélite, negocio que declaró desierto la semana pasada el Ministerio de Comunicaciones.
De la misma manera, aspira a participar en la licitación de los peajes el denominado Grupo Nule, en el ojo del huracán por el no pago de una deuda cercana a los $14 mil millones que le prestó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Un ramillete de empresas que se completa con los actuales concesionarios y otras empresas operadoras de peajes, de transporte de valores, consultoras o multinacionales (ver gráfico).
La licitación se definirá el próximo 24 de febrero. María Izquierdo salió del anonimato y empezó a dar la batalla para quedarse con el millonario negocio. Ya ganó su primera batalla, logró que los términos en la entrega de la concesión se ampliarán. ¿Logrará ganar la guerra a los grandes contratistas del Estado?
Las 38 condenas contra el Invías
En reciente comunicación, dirigida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó iniciar actuaciones disciplinarias contra varios jueces por la expedición de millonarios fallos en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Según Ordóñez: “Se tuvo conocimiento que desde el año 2007 (Invías) ha sido objeto de 38 condenas proferidas por la jurisdicción ordinaria, dentro de igual número de procesos reivindicatorios agrarios promovidos en su contra en los que fue encontrada responsable de ocupar terrenos de propiedad de terceros para la ejecución de trabajos públicos”. En razón a esta situación, resalta Ordóñez que las condenas ascienden a $30.633 millones, las cuales se encuentran ejecutoriadas y a la fecha pendientes de pago por parte del Invías.
Ordóñez asegura que algunos juzgados han aducido que la jurisdicción encargada de conocer tales conflictos es la ordinaria agraria por medio de la acción reivindicatoria y no la contenciosa administrativa a través de la acción de reparación directa. Cita que dicha conducta se ha presentado en juzgados de siete municipios y ciudades de la Costa Atlántica y en Bogotá, principalmente.
Además, advierte que la cifra de $30.633 millones puede aumentar a $270.818 millones si se permite que 262 procesos reivindicatorios agrarios, que están en curso, continúen en la jurisdicción ordinaria como ha venido ocurriendo en los últimos años.