Los avivatos del invierno

El invierno que azotó al país el año pasado será recordado como uno de los más fuertes de la historia. Una tragedia con decenas de muertos, que arrasó 130 mil hectáreas de cultivos, que acabó con miles de animales y que dejó en la ruina a 230 mil familias de 27 departamentos. Una dramática postal que mostró el contraste entre los damnificados que buscaban reponerse de su desgracia, en la zonas de inundaciones, con la avidez de empresarios de la salud que generaron un lucrativo negocio de reclamaciones al Estado por atención a las víctimas que asciende a $46 mil millones. Con un preocupante balance: una tercera parte de las reclamaciones son fraudulentas.

La operación parecía sencilla. Durante el segundo semestre de 2008, en municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena o Cesar, con el agua al cuello los damnificados clamaban ayuda. Además de los auxilios oficiales, anuncios de donaciones y las dramáticas imágenes de televisión, apareció en Malambo, Soledad, Calamar, Turbaco, Manaure, Tierralta, El Carmen de Bolívar o Manatí, entre otros pueblos, nuevo personal de salud.

Llegaban espontáneamente. Miraban preocupados. Hacían consulta general, terapias respiratorias y entregaban medicamentos sin costo alguno para los afectados. A los pocos días, pasaban una relación de los pacientes atendidos a cada alcaldía, que certificaba la prestación del servicio. Luego, con ese listado de pacientes atendidos y otras facturas, los jefes de los caritativos brigadistas empezaron a cobrarle el servicio al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que administra los recursos del sector salud. Una cuenta de cobro elaborada por 80 entidades, que indica que supuestamente atendieron a 283 mil damnificados, un asunto que les reportaría para sus arcas $46 mil millones.

Alerta en Navidad

Pero el 24 de diciembre, en las horas de la mañana, mientras el río Magdalena arrasaba con todo y el Gobierno, la Cruz Roja y los nativos miraban con impotencia la magnitud de la tragedia, un acongojado testigo rompió el cerco oficial y confesó una miserable estrategia que se estaba cocinando para defraudar los dineros oficiales de la salud.

Ante el propio ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el testigo confesó que las brigadas de salud no eran más que un montaje para cobrarle al Estado a través del Fosyga cuantiosos recursos, so pretexto de atender a damnificados por las inundaciones.

Con otra acusación aún más sorprendente. Que tras la operación estaban personas cercanas al Ministerio de Protección Social, el propio Fosyga y equipos privados de auditoría. Y un modus operandi particular: Algunos de ellos estaban visitando empresas de salud, especialmente de la Costa Atlántica, para proponerles que presentaran cuentas de cobro por atención a los damnificados, que serían pagadas en los siguientes 60 días.

Entonces las miradas se dirigieron al Consorcio Fiduciario (Fosyga), contratado por el Ministerio de Protección Social para tramitar y pagar las reclamaciones. Con resultados tan preocupantes, que ratificaron buena parte de la información que había suministrado el testigo.

Un reporte confidencial sobre la materia entregado al ministro Palacio a finales de diciembre y conocido por El Espectador muestra que el asunto no es de poca monta. Ratifica que entre junio y noviembre de 2008 se registró un aumento progresivo de reclamaciones por inundaciones; la mayoría corresponde a municipios de la Costa Atlántica. Y que se presentaron más de 200 mil requerimientos por más de $40 mil millones, de los cuales se habían aprobado para pago más de $11 mil millones, con desembolsos de $3.400 millones.

Según el documento, con ese tipo de medicamentos cada reclamación fluctúa entre $250 y $350 mil, cuando el promedio normal por las afecciones diagnosticadas no debería superar los $60 mil.

Filantropía a prueba

Aunque dentro del listado de las 80 IPS reclamantes hay reconocidas empresas de salud, sorprende que la mayor parte de las reclamaciones correspondan a entidades poco conocidas. El Espectador revisó nuevos registros de estas compañías con particulares características.

Por ejemplo, las IPS Brigamed E.U., Desumeh IPS Ltda., Emersalud IPS E.U., Global Salud IPS y Por Su Salud Colombia IPS, fueron constituidas en 2008, después de la fuerte temporada invernal. Los documentos muestran además que algunas son empresas unipersonales. También resulta curioso que tres IPS tienen como representante legal a Delvis Sugey Medina Herrera y en otras dos aparece Edgardo Montalvo Pacheco.

Otro reporte del viernes expedido por el propio Fosyga muestra otra verdad: que algunas IPS presentaron en total 78.559 reclamaciones engañosas y su pago no fue autorizado por el Fosyga.

Hoy todas las reclamaciones y pagos están en revisión, no hay cuestionamientos de la justicia sobre nadie. Según el Ideam, el primer semestre de 2009 será muy lluvioso. Seguramente reaparecerán más empresas de salud para atender a los nuevos damnificados por el invierno.

La responsabilidad del consorcio

El Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) es una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social manejada por fiducia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. Es el corazón financiero del sistema.

Durante años su administración y manejo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno, a tal punto que sólo por órdenes de los jueces se han podido desentrabar diversos asuntos del sector. No es la primera vez que se cuestiona su labor y se habla de redes de tramitadores en su interior.

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