En la recta final de la campaña presidencial y con resultados disímiles, las encuestas se convirtieron en la principal pieza del rompecabezas electoral. En los últimos dos meses se han divulgado por los medios de comunicación al menos 20. La semana que termina, por ejemplo, se comunicaron los datos de tres de ellas. Y a medida que se acerca el 30 de mayo, día de los comicios, se conocerán más. Un asunto que no cesa de generar polémica por su periodicidad, técnica e incidencia en la decisión del elector.
Son la carta de navegación para las campañas. Pero hace cerca de un mes, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) puso el dedo en la llaga. El magistrado Marco Emilio Hincapié, palabras más palabras menos, expresó su preocupación por la distorsión de la realidad electoral presidencial que se puede presentar por cuenta de las encuestas. “Esta no es fecha para estar haciendo opinómetros”, dijo y conminó a esas compañías a hacer encuestas más serias y profundas. Para los medios también hubo palo, e Hincapié advirtió fallas en la divulgación de los resultados.
Su pronunciamiento desencajó a algunos propietarios de las firmas encuestadoras que de inmediato ripostaron y defendieron con vehemencia su trabajo. Napoleón Franco, uno de los más reconocidos, separó la actividad entre empresas de trayectoria y pequeñas empresas de provincia que, según él, no son tan responsables en el manejo de la información. En cuanto a la labor del CNE, Franco manifestó que Colombia tiene una de las cifras más altas de compañías encuestadoras. Señaló también que el registro ante el organismo electoral no es estricto y que la mayoría de ellas “son propiedad de políticos activos”.
El Espectador investigó la denuncia de Franco en el CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Cámaras de Comercio, notarías, entre otras entidades, para verificar cuál es la situación de las denominadas empresas encuestadoras o de investigación de mercados. Una actividad que data del 7 de marzo de 1996, cuando el CNE y la Registraduría decidieron reglamentar la realización y divulgación de encuestas de opinión política y de carácter electoral. Fue a través de la expedición de la Resolución 23 que, en esencia, se fijó la obligación de divulgar la ficha técnica, se estableció las prohibiciones en la materia a los medios y se creó el registro de encuestadores.
En la norma se fijaron tres requisitos esenciales para estas empresas: experiencia en realización de encuestas no menor de un año; certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o certificado de registro mercantil en el caso de personas naturales. Y un tercer requisito: tres constancias de medios de comunicación, empresas, instituciones o usuarios en general sobre la seriedad e idoneidad de su trabajo.
Un año después, el 3 de abril de 1997, a través de la Resolución 50, nuevamente el CNE y la Registraduría precisaron a las empresas los requisitos de la inscripción y determinaron que a partir de esa fecha el Registro de Encuestadores tendría una vigencia de dos años. Decidieron además que la no solicitud de renovación de inscripción del registro implicaba su expiración automática.
Desde mediados de los 90 y hasta hoy, al parecer, por la flexibilidad en los requisitos, se generó una especie de boom de empresas y actualmente aparecen referenciadas ante el Consejo Electoral 81 compañías encuestadoras. Sin embargo, sólo ocho de ellas que se inscribieron por esa época tienen el registro vigente: Yanhas, Universidad de Medellín, Tempo Group S. A., Research Services International S. A., Ipsos-Napoléón Franco y Cía. S. A., Invamer Ltda., Gallup Colombia Ltda., Datexco Company - Opinómetro y el Centro Nacional de Consultoría. Otras 33 compañías registradas después del año 2000 mantienen su registro y a las demás les expiró. En suma, según registros del CNE, actualmente están autorizadas 41 firmas para elaborar encuestas.
No obstante, las relaciones de algunas de estas compañías con miembros de la clase política parecen evidentes. Justamente son estos últimos, cumpliendo la norma, quienes expiden constancias sobre la seriedad del trabajo de las encuestadoras. Revisando las resoluciones de registro de esas compañías salen a relucir datos interesantes.
Para citar algunos casos, la idoneidad de la firma Opinión y Mercadeo fue certificada por los congresistas Javier Cáceres y William García, así como el ex alcalde de Cartagena Nicolás Curi Vergara. Lo propio hicieron los parlamentarios Gabriel Espinosa y José María Conde con Interamericana de Medios. En el caso del encuestador Luis David Duque, fue avalado por el senador electo Fuad Rapag. O el candidato Ovidio de Jesús Ardila Rodas, quien certifica a la encuestadora Centro Regional de Consultorías de Urabá.
En el caso de la empresa Analizar & Asociados Mercadeo y Opinión Ltda., el senador vallecaucano Germán Villegas y el gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro Wolf, dieron fe de su labor y experiencia en asuntos electorales. Lo propio hizo Germán Darío Saldarriaga, secretario de Gobierno de Risaralda con el encuestador Carlos Alberto Osorio Duque.
Pero hace tres semanas el tema de las encuestas y las compañías que las realizan nuevamente fueron el eje de la polémica. Ante las críticas de diversos sectores, el CNE hizo público el borrador de una resolución mediante la cual se buscaba regular la realización y divulgación de sondeos y encuestas sobre opinión electoral.
La norma contemplaba, entre otros asuntos, el envío previo al organismo electoral de las preguntas formuladas a los entrevistados, detalles de la ficha técnica con un plazo de dos días al CNE para su aprobación. También obligaba a las empresas encuestadoras a unos mínimos de muestras, divulgación de resultados con un intervalo mínimo de 10 días o la prohibición de publicar sondeos ni encuestas que se realizaran por teléfono o internet.
No obstante, en menos que canta un gallo, la iniciativa fue rechazada por los expertos, abogados, empresas encuestadoras, medios de comunicación y gremios periodísticos. Sin embargo, los magistrados del organismo electoral dieron un compás de espera y advirtieron que luego de las elecciones presidenciales se debe reanudar la reglamentación del tema. Por lo pronto, los interesados tienen 41 empresas o personas disponibles para sondear las intenciones electorales de la gente.
Empresas y elecciones en otros países
Costa Rica
Las empresas deben registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Si un medio publica una encuesta dos días antes de las elecciones incumpliendo la ley, puede ser sancionado con prisión entre 15 días y un año.
México
Existen 11 legislaciones con especificaciones para la elaboración de encuestas y sondeos, de acuerdo con el estado. El tema es regulado por el Instituto Federal Electoral.
Chile
La regulación de encuestas está en cabeza del Consejo Nacional de Televisión. Actualmente se tramita un proyecto de ley para regular las votaciones populares y escrutinios en donde se replantea el rol de las encuestadoras y se hacen cambios a la forma de hacer encuestas.
Brasil
Se obliga a las entidades y empresas que realicen encuestas de opinión pública, relativas a elecciones de candidatos, a registrarlas en la Justicia Electoral antes de cinco días. La divulgación de encuestas fraudulentas constituye delito con sanción de detención de seis meses a un año y multa a los representantes legales de la encuestadora.
España
Existe la Junta Electoral Central, que vela porque los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones o datos imprecisos. Ordena rectificaciones inmediatas a los medios que incumplan la ley y obligan a los encuestadores a entregar información básica de los sondeos.