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“El papel aguanta todo”, reza un refrán popular que bien podría aplicarse a la nueva Ley del Fútbol que acaba de aprobarse. Si se aplican estrictamente las normas contenidas en el articulado, el país esta a las puertas de una renovación total en el balompié nacional en sus temas críticos: la propiedad accionaria y el control del patrimonio de los clubes, la obligación de reportar sus movimientos de capital, la transformación de los equipos en sociedades anónimas y la seguridad y control en los estadios.
El Espectador conoció el texto conciliado que será entregado este martes 26 de abril a los presidentes de Senado y Cámara, con las últimas innovaciones de la comisión accidental que revisó sus ajustes. En primer término, la ley dispone que los clubes con deportistas profesionales tendrán que organizarse como asociaciones deportivas, de acuerdo con el Código Civil o como sociedades anónimas, de conformidad con el Código de Comercio. Pero la novedad consiste en las prohibiciones anexas incluidas en parágrafos.
Por ejemplo, ninguna persona natural o jurídica podrá tener el control en más de un club del mismo deporte. Hoy, existen varios casos en que empresarios son dueños de más de un equipo. El caso más notorio es el del polémico dirigente vallecaucano Hernando Ángel, máximo accionista del Quindío, dueño de Centauros y del club aficionado Boca Juniors de Cali. De igual modo, ninguna persona tendrá derecho a más de un voto, sin importar los derechos que posea en las asociaciones deportivas.
Frente a este último aspecto, cabe referir el caso del extécnico de Millonarios Luis Augusto “El Chiqui” García, quien como era accionista mayoritario junto a otros, antes de la democratización actual del club, podía manejar a su acomodo las decisiones del equipo. Lo cierto es que a partir de ahora los clubes deberán tener como mínimo cinco accionistas, no podrán tener un capital suscrito y pagado inferior a 1.000 salarios mínimos y tendrán que sujetarse a las normas previstas en el mercado de valores en su condición de emisores.
En términos generales lo que se busca hoy es evitar la concentración de capital en los equipos profesionales. Un reciente estudio demuestra que ese es uno de los problemas críticos del fútbol colombiano. Y los ejemplos abundan. En el Real Cartagena, siete aportantes poseen el 97% del capital. En el Júnior, diez aportantes tienen el 98%. En Santa Fe, ocho aportantes son los dueños del 85% del capital. En Millonarios, seis aportantes tienen el 81%. Estos son los casos más significativos, pero no los únicos.
La idea es que se pueda extremar el control sobre la procedencia de los capitales en los equipos. Por eso la ley también plantea que aquellas personas que adquieran aportes en los equipos tienen la obligación de acreditar de dónde sacaron el dinero. Además, los clubes quedan sujetos a la obligación de informar sobre cualquier reporte sospechoso de sus asociados, al tiempo que deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre transferencias de jugadores y otras novedades en los distintos clubes.
Por eso, otro de los puntos neurálgicos de la ley es la conversión a la que quedan sujetos los clubes de fútbol. No se trata de llevarlos a la disolución ni de afectar sus actuales contratos o derechos deportivos. El propósito es que aquellos equipos que asuman la condición de sociedades anónimas, tengan unas reglas de juego claras en cuanto a su capitalización. Si prefieren mantenerse como corporaciones, es decir, limitar el número de socios, también se dispone de un proceso de reorganización empresarial.
Por ejemplo, es el caso de la familia Char, propietaria del Júnior de Barranquilla, o del exsenador Gabriel Camargo en el Tolima. La nueva ley les permite que se mantengan como dueños y señores de sus equipos, pero en aras de la democratización que se quiere para el fútbol colombiano, tendrán que doblar su capital actual. El objetivo es que en cualquiera de las fórmulas planteadas en el articulado, la conversión de los equipos se haga en un plazo no mayor a seis meses.
De manera adicional, en adelante no se permitirá que la administración de un club sea delegada en una persona jurídica o natural ajena al equipo. Los clubes tendrán que constituir registro mercantil en Cámara de Comercio, con carácter obligatorio, y de no hacerlo, Coldeportes aplicaría sanciones. Por ello se amplían las cláusulas para perder el reconocimiento deportivo. Por ejemplo, por dejar de participar en forma ininterrumpida durante un campeonato oficial
Asimismo, y por primera vez, se determina de manera tácita que aquellos clubes que incumplan con sus obligaciones laborales, pago de aportes a seguridad social a sus jugadores y empleados, así como con sus deudas por impuestos, también quedan sujetos a perder su reconocimiento deportivo. Coldeportes dispondrá ahora de una actuación administrativa específica para garantizar que los clubes de fútbol profesional funcionen como empresas serias y sus empleados sean debidamente recompensados.
La nueva Ley del Fútbol enfrenta uno de los capítulos más difíciles en el actual balompié colombiano: la estabilidad económica y administrativa de los equipos. Para este efecto, incluye un procedimiento concreto para asumir los problemas de insolvencia. Es la primera vez que en Colombia se promueve un método de recuperación de los equipos en los términos de la ley de quiebras (550 de 1999 y 1116 de 2006). En el mismo, tendrán notable participación la Superintendencia de Sociedades y Coldeportes, habilitados para controlar situaciones críticas de manera automática.
El último capítulo de la ley atiende uno de sus principales dilemas: la seguridad en los estadios. Y las nuevas normas van desde castigar con multa y prohibición de ingreso a los estadios a quienes se encuentren en posesión de armas o estupefacientes o a quienes simplemente invadan el terreno deportivo. Estas sanciones serán extensivas a quienes promuevan casos de agresión en el entorno de los estadios, con una polémica cláusula como emprender procesos de pérdida de custodia del menor en casos en que estén involucrados niños.
La Ley del Fútbol pasará ahora a sanción presidencial y se espera que no haya objeciones en la Casa de Nariño. Además, en opinión de los expertos, seguramente vendrán algunas demandas de inconstitucionalidad, pues el articulado trata de poner en cintura a muchos clubes de fútbol donde hoy reina la anarquía. Y esa no es una tarea fácil. Desde hace al menos tres décadas, en el fútbol colombiano hay muchos capítulos oscuros. Los promotores del fútbol aguardan que al menos la nueva ley promueva transparencia.
Un diagnóstico de 1989: antecedente nefasto
A finales de los años 80, la presencia del narcotráfico en el fútbol tocó fondo. En 1989 no hubo campeón nacional. En cambio la Superintendencia de Sociedades entregó al entonces ministro de Educación, Manuel Francisco Becerra, un duro diagnóstico sobre la situación económica de los clubes profesionales.
Evaluando ese documento de 42 páginas, hoy se leen algunas perlas repetidas: Cúcuta, Medellín, Caldas, Quindío, Pereira y Magdalena estaban mal en cumplir los aportes legales de sus afiliados. El club Millonarios vulneraba la prohibición de hacer transferencias sólo entre clubes organizados.
En el Caldas no había siquiera reglamento interno de funcionamiento. El Quindío carecía de estructura para la admisión y retiro de derechos. En América, ni siquiera hubo asamblea ordinaria en 1988. En Cali, los desórdenes contables eran notorios. En Nacional, varios activos fijos no estaban incorporados en sus cuentas.
Las finanzas de los 80
La situación de América en el informe se mostraba crítica, pero se defendía con sus activos: los pases de los jugadores. Cali estaba en bonanza: acababa de vender a Carlos Valderrama. Júnior era solvente. Como hoy, los Char lo blindaban. En cambio Millonarios ya mostraba sus rotos y estaba ilíquido. En Santa Fe no había capital de trabajo y el nivel de endeudamiento llegaba al 287%. Los equipos más estables en ese momento eran Cali y Nacional. Y los que pasaban mayores apremios Magdalena, Cúcuta, Quindío y el Independiente Santa Fe.