Una orden de servicio expedida el 30 de septiembre de 2005 por el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex S.A., una certificación firmada el 10 de septiembre de 2009 por Jimeno Perdomo Rivera, vicepresidente administrativo de esa entidad y una carta enviada el pasado 14 de septiembre al Consejo de Estado por el secretario general de la entidad financiera José Alberto Garzón Gaitán, son los tres documentos que tienen en problemas por una posible inhabilidad, la aspiración de la precandidata conservadora a la Presidencia de la República.
El Espectador.com conoció los tres documentos que se constituyen en la base del proceso que se adelanta contra la aspirante por pérdida de investidura cuando se desempeñó como senadora de la República.
El primer documento es la orden de servicio 4492 mediante la cual Bancoldex contrató a la firma Ramírez & Orozco International Strategy Consultant, de la cual la ex senadora fue accionista, con el propósito de participación publicitaria con la exposición de pendones en un evento sobre Tratado de Libre Comercio, TLC, que se realizó el 30 de septiembre de 2005.
Un segundo documento, es una certificación mediante la cual el banco estatal certifica que se suscribió la orden de trabajo con la compañía de la ex senadora. Otro documento que la compromete es una respuesta de Bancoldex al Consejo de Estado que igual certifica la contratación y en donde explica que su régimen de contratos y actos internos y externos frente a terceros, es de derecho privado.
Con base en estas tres pruebas el Consejo de Estado se apresta a resolver la suerte de la precandidata que analiza si Ramírez violó o no el régimen de inhabilidades al celebrar acuerdos contractuales con entidades oficiales fuera del límite que establece la ley, posición que esta semana ratificó la Procuraduria.
En su momento, la precandidata señaló que jamás fue contratista del Estado y que presentaría los recursos legales del caso.
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