El pasado 26 de febrero, después de una larga audiencia pública, el juez 78 de control de garantías, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, ordenó la detención en centro carcelario de seis directivos del Fondo Premium y otras sociedades conexas, dentro del sonado escándalo de la sociedad comisionista Interbolsa. Aunque en la lista de los asegurados figuraron dos de los cerebros del descalabro económico, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, la sorpresa fue el anuncio de la detención de las profesionales Claudia Aristizábal y Nathalia Zúñiga.
La primera fue vinculada por su condición de presidenta de la sociedad panameña Andean Capital Markets S. A., compañía accionaria de Valores Incorporados SAS, pieza clave del entramado de fondos de inversión del llamado grupo Interbolsa. La segunda fue asegurada por sus actividades laborales en la misma Andean Capital y Valores Incorporados, además de asesorías a Premium Capital. A ambas les imputaron cargos por los presuntos delitos de captación de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.
Llevan casi siete meses detenidas en el patio octavo de la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá. Los próximos días 14 y 15 de octubre tienen programadas sendas audiencias para resolver su difícil situación judicial. Aunque la Fiscalía tiene una artillería de pruebas en su contra, en los círculos de abogados, interventoría, Ministerio Público o víctimas prevalece el comentario en privado de que su prisión es un exceso y que no eran más que dos empleadas que recibían órdenes y que la información determinante sólo pasaba por los altos directivos o los socios.
Los destinos de Claudia Aristizábal y Nathalia Zúñiga se unieron el mismo año 2006. Con título de administradora de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla, Claudia ingresó a Valores Incorporados como coordinadora administrativa. Nathalia llegó como estudiante en prácticas de la Universidad de los Andes. Era la época exitosa del grupo Interbolsa y sus principales promotores -Rodrigo y Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado- fungían como amos y señores del mundo bursátil en Colombia. Estaban en los grandes negocios y se codeaban con la flor y nata de la sociedad.
Natural de Medellín, Claudia Aristizábal se radicó en Barranquilla porque de esa ciudad es su esposo, Óscar Espinosa. Allá nacieron sus tres hijos. La familia se amplió con una hermana menor de Claudia. En 2006 se trasladaron a Bogotá por una opción laboral y fue cuando a ella le salió trabajo en Valores Incorporados. Tomaron en arriendo una casa en el barrio Cedritos, la hija mayor se fue becada a Berlín (Alemania) y todo parecía marchar por el camino del éxito. En 2008, Claudia ya era directora administrativa y, un año después, representante legal de Andean Capital Market y Rentafolio Bursátil.
Nunca fue socia y, según ella, su condición de representante legal surgió de la petición de sus jefes con el argumento de que no podía ejercer tantas representaciones de empresas asociadas. El tema era de figuración y firma, porque los negocios eran aprobados en los comités de los dueños. Una situación parecida a la de Nathalia Zúñiga, que de practicante pasó a analista y luego a directora financiera, pero nunca tuvo condición de socia o dueña. No recibió dinero distinto a su salario, no tuvo relaciones directas con Ortiz o los Jaramillo, ni tuvo contacto con clientes. Recibió órdenes sin dividendos adicionales.
La primera voz de alarma llegó a mediados de 2011, cuando la firma comisionista Proyectar Valores solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia su inactivación. Esta circunstancia, antecedida por varias acciones de la Superintendencia Financiera, repercutieron en la atmósfera laboral de la red de negocios de Interbolsa. Claudia Aristizábal empezó a sentirse entre dos bandos. La gente de Juan Carlos Ortiz y la de Tomás Jaramillo. Nunca hubo propuestas indebidas, pero el ambiente fue cambiando. Un año después, en noviembre de 2012, estalló el escándalo.
Cuando se reventó Interbolsa, hasta ese momento gigante de la Bolsa de Valores de Colombia, las réplicas del sismo repercutieron de inmediato en todo el grupo de empresas asociadas. Lo que vino después fue una cadena de intervenciones estatales, acciones de los organismos de control, reclamos de las víctimas para recuperar sus dineros invertidos, pánico entre los empleados por perder su puestos e incertidumbre entre quienes desempeñaban altos cargos en el grupo. Entre ellos, Claudia Aristizábal y Nathalia Zúñiga. A la primera le embargaron sus cuentas. La segunda perdió sus ahorros en Premium.
No les quedó otra opción que colaborar con los organismos de control y la Fiscalía. Fueron largas jornadas de trabajo con los abogados de las víctimas, el interventor y luego liquidador de la Supersociedades Alejandro Revollo, o el ente investigador. Claudia Aristizábal y su esposo tuvieron que entregar la casa en que vivían. Nathalia Zuñiga dejó el sector financiero y se fue a trabajar a una compañía del sector industrial. Sólo fue cosa de tiempo. El cerco de la justicia se fue estrechando. El 26 de febrero de 2014, ambas terminaron en la cárcel. La Procuraduría tuvo que intervenir para que las cambiaran de patio.
La Fiscalía sostiene que Claudia Aristizábal, como presidenta de Andean Capital Markets o directora administrativa de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, participó activamente en las acciones ilegales que llevaron al descalabro de Interbolsa. En cuanto a Nathalia Zúñiga, asegura que participó de forma activa en la comercialización de acciones que llevaron a la crisis bursátil. Además, con varios correos electrónicos, manifiesta que tuvo conocimiento de cómo Alessandro Corridori maniobraba con operaciones repo para comprar Fabricato, evento que precipitó la crisis del grupo Interbolsa.
El aliciente de Claudia Aristizábal es su familia. Su esposo Óscar Espinosa, que toca puertas buscando aliados, y sus hijos, todos becados. La mayor recién casada en Alemania, la segunda en cuarto año de derecho, el tercero en medios audiovisuales y su “ñaña”, aplicado en el colegio, pero asistiendo al psicólogo. A su vez, Nathalia Zúñiga pelea su inocencia. Insiste en que no pueden igualarla con los socios, que nunca captó dinero de nadie, ha colaborado con la justicia y perdió todo lo que tenía por apostarle a Premium. Se casó hace un año y su esposo Ciro Habib fue abogado de Premium y de Corridori.
Es el rostro femenino del escándalo económico más reciente de Colombia. En medio de Juan Carlos Ortiz, Rodrigo y Tomás Jaramillo, Rachib Maluf, Juan Andrés Tirado, Víctor Maldonado, Ricardo Martínez, Alessandro Corridori o John Muñoz, dos mujeres que se defienden como empleadas de la tercera línea de mando que se sentían respaldadas por el poder económico y los abogados. Que aseguran que nunca supieron lo que manejaban los socios y jefes, que desentrañaron a las autoridades buena parte de la madeja de Interbolsa, pero que siguen en la cárcel aferradas a su amistad y el amor de sus familias.