Dos semanas después de que el Consejo de Estado reviviera la personería jurídica de la Unión Patriótica mediante un fallo que sacudió el ambiente político y tuvo eco en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, sus incidencias no cesan. Sólo que ahora los efectos de la sentencia se viven con intensidad en el máximo tribunal administrativo que dictó el fallo, en el Consejo Nacional Electoral —al que le anularon dos resoluciones— y dentro de la propia Unión Patriótica, que recobró su personería pero ahora libra una lucha interna por hacerla efectiva.
El primer protagonista de los nuevos capítulos de este histórico dilema es el consejero de Estado Marco Antonio Velilla. Hace casi tres años, el 2 de diciembre de 2010, en calidad de ponente e integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado, este magistrado fue el promotor de una sentencia a través de la cual el alto tribunal le negó a la Unión Patriótica el restablecimiento de su personería jurídica. Por esta razón y ante la decisión adoptada por la Sección Quinta el pasado 4 de julio, totalmente contraria a la suya, decidió llevar su inquietud a la Sala Plena.
Aunque inicialmente lo hizo a manera de constancia para que quede en evidencia la postura contraria de dos salas del Consejo de Estado frente al mismo tema, fuentes de este diario ratificaron que lo que busca el magistrado Marco Antonio Velilla es que se discuta la posibilidad de echar abajo la sentencia. Por eso, no sólo les repartió a todos los consejeros de Estado copias de su sentencia de diciembre de 2010, sino que les entregó también 10 fallos más con antecedentes jurisprudenciales entre 1991 y 2009, a través de los cuales la corporación mantuvo la misma postura.
En su momento, el consejero Velilla —principal candidato del gobierno Uribe a la Fiscalía—, en calidad de ponente en la demanda con la que la Unión Patriótica pretendía recobrar su personería jurídica, concluyó que el Consejo Electoral había obrado legalmente. Además agregó que las razones por las cuales le quitó esa personería fueron objetivas, pues en las elecciones parlamentarias de 2002 el partido sólo obtuvo 1.185 votos y no participó en las justas presidenciales. En ese orden de ideas, según Velilla, el Consejo Electoral hizo bien en retirarle la personería a la UP.
Junto a su decisión de diciembre de 2010, Velilla entregó a todos los magistrados copias de una demanda fallida del Directorio Nacional Conservador en una pelea de mediados de los años 80; de otra en la cual el Consejo de Estado se inhibió de fallar de fondo en un reclamo del Moir; de una tercera que se resolvió en contra de la Organización Indígena de Colombia. Asimismo, aportó sentencias negativas en demandas del Movimiento Solidaridad Iberoamericana, la organización Liberalismo Independiente Restauración Líder o Movimiento Unitario Metapolítico.
Con estos antecedentes y su propia sentencia, el magistrado Velilla busca reconsiderar lo que hicieron sus colegas de la Sección Quinta, Susana Buitrago, Lucy Bermúdez y Alberto Yepes, que revivieron la personería de la Unión Patriótica con un argumento más político que jurídico. Que en un escenario democrático, participativo y pluralista, el Consejo Nacional Electoral tenía que considerar la situación excepcional que le había impedido a la UP participar en las elecciones, es decir, el exterminio al que había sido sometida, que hizo de su caso un asunto de fuerza mayor.
Pelea interna
Sin embargo, la pelea del magistrado Velilla a raíz del fallo de la Unión Patriótica no es la única. La otra divergencia empieza a vivirse en el Consejo Electoral. La razón: hasta el momento han llegado a este organismo tres solicitudes de quienes se declaran auténticos beneficiarios de la sentencia. La primera del actual presidente de la Unión Patriótica, Omer Calderón, y su secretario ejecutivo, Felipe Santos; la segunda de la militancia de base creada a través de una Junta Directiva Nacional Provisional; y la tercera de la militante y exalcaldesa Nelma Forero Sánchez.
La petición de Omer Calderón y Felipe Santos está sustentada en que la junta que se eligió en el IV congreso de la UP en diciembre de 1999 fue la que quedó vigente antes de que el partido perdiera su personería jurídica. Después, por razones de homicidio, desplazamiento forzado o exilio, muchos de sus integrantes no pudieron seguir en sus cargos. Por eso, en marzo de 2013 se realizó un pleno nacional que le dio la presidencia a Omer Calderón. En consecuencia, con los demás miembros de la junta actual, reclama los beneficios del fallo del Consejo de Estado.
No obstante, una semana después de la sentencia, de manera autónoma se reunió la militancia de base de la UP y bajo la consideración de que los estatutos del partido están vencidos y su último presidente, Mario Upegui, falleció en abril de 2012, crearon una junta directiva aparte. La presiden Kandy Juanita del Río y su secretaria ejecutiva, Nubia Nelly Plazas, quienes ya le solicitaron al Consejo Nacional Electoral que a ellos pertenecen los derechos derivados del restablecimiento de la personería jurídica. Su petición fue respaldada por 21 miembros de su junta.
La tercera petición en discordia es la de Dilia Nelma Forero, quien le escribió al Consejo Electoral diciéndole que desde diciembre de 1999 está acéfala la dirección del partido y que cuando las antiguas directivas se dieron cuenta de que la militancia de base se estaba organizando, realizaron un pleno y nombraron a Omer Calderón. Sin embargo, cuestionan que éste es empleado público, ejerce como docente de tiempo completo en la Universidad Distrital y tiene procesos disciplinarios en su contra. La militante Forero reivindicó a la nueva junta, mientras se realiza un congreso de la UP en septiembre.
Ante la súbita situación planteada, en el Consejo Nacional Electoral ahora no saben qué hacer y de entrada tienen tres preguntas: ¿Quiénes son hoy la UP? ¿Hay estatutos vigentes? ¿Existe representación legal? Por ley, el organismo está obligado a reconocerles a todos los partidos políticos unos recursos económicos. Asimismo, debe concederles espacios radiales y de televisión. Además, necesita resolver el asunto de la representación, porque ahora que se vienen las elecciones, alguien tiene que repartir los avales, organizar las listas y ejercer los derechos del partido. ¿Qué va a pasar ahora? El drama de la Unión Patriótica parece que no concluye.
El exterminio de un partido político
La Unión Patriótica fue un movimiento político que nació de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur y las Farc. En su primer año de participación electoral, en 1986, obtuvo cinco curules al Senado, nueve a la Cámara, 14 a las asambleas y 351 a los concejos. Además, eligió 23 alcaldes.
Sin embargo, desde sus mismos orígenes la UP fue blanco de una campaña de exterminio de sus militantes. A través de los planes Baile Rojo, Golpe de Gracia, Retorno o Esmeralda, el paramilitarismo, con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Militares, causaron decenas de asesinatos entre sus integrantes.
En 1993, cuando la UP ya había padecido el asesinato de dos candidatos presidenciales, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales y cerca de 3.000 dirigentes y militantes de base, la Corporación Reiniciar, en cabeza de su directora Jahel Quiroga, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.