El martes de la próxima semana, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) adjudicará una millonaria licitación. Se trata del contrato del servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de más de un millón de estudiantes de la capital, en su mayoría menores de edad. Sin embargo, una revisión a varias compañías que aspiran a renovar el servicio y a los antecedentes de los vigilantes, da cuenta de que al menos 300 de cerca de 2.200 de éstos tienen algún tipo de requerimiento judicial.
Los hallazgos iniciales hacen parte de un proceso de depuración que ordenó el secretario de Educación, Óscar Sánchez Jaramillo, a finales del año pasado. Se busca que las empresas y consorcios que aspiran a quedarse con un negocio de $66.351 millones para el suministro del servicio de vigilancia y seguridad privada, cumplan estrictamente con los requisitos de la licitación. Un asunto que debe cubrir 359 colegios y sedes administrativas en 17 localidades, a través de 1.487 puestos de vigilancia, durante los próximos nueve meses.
El negocio de la seguridad privada en Colombia no es de poca monta. En 2011 sus ingresos operacionales fueron de $4,8 billones. En sus diversas modalidades están registrados oficialmente 4.450 servicios de vigilancia remunerados, entre empresas, departamentos, escuelas, consultores, asesores e investigadores. Según un estudio de mercado elaborado en febrero pasado por la contratista Ana María Almeida, las empresas del sector han venido adecuando sus procesos y capacitando a su recurso humano a fin de contrarrestar los diferentes tipos de riesgo físico, electrónico y virtual.
En contraste, para verificar el adecuado funcionamiento de las empresas de seguridad en los colegios, más de 3.000 visitas técnicas y operativas efectuadas en marzo, abril y mayo por la Secretaría de Educación se convirtieron en el primer eslabón de una cadena de novedades. En cuanto a los vigilantes, en la revisión detallada de los antecedentes judiciales de 2.251 de ellos se encontró que 315 tienen algún requerimiento de la justicia y otros 82 registran números de cédula erradas o que no corresponde al celador reportado por la compañía a la Secretaría de Educación.
Otras conductas presuntamente delictuales y de alto impacto de algunos de los guardias, quienes cuidan a los menores de edad en los colegios del Distrito registran preocupantes antecedentes. En esta línea, nueve guardianes se han visto implicados en casos de abuso sexual contra menores de 14 años. Menos inquietante no es el hecho de encontrar dos casos de homicidio, al igual que otros dos por extorsión y secuestro, además de al menos 18 casos de hurto.
Varios informes muestran además que 68 guardias de los colegios tienen procesos por inasistencia alimentaria, 51 por violencia intrafamiliar, 47 fueron condenados por algún delito y 32 por lesiones. En una sola empresa de vigilancia contratada para vigilar colegios del Distrito se detectó que 75 celadores, es decir, el 23,8% del personal, estaban indiciados por algún delito (ver gráfico).
Con miras a la adjudicación de la millonaria licitación el martes, el panorama no es del todo claro. El informe de la Subsecretaría de Gestión Institucional da cuenta que hay desconocimiento y falta de implementación de un plan de vigilancia de los colegios. Muestra que cuatro empresas de seguridad tienen problemas con la renovación de su licencia. Destaca que los estudios de confiabilidad no cumplen con los estándares internacionales y como si fuera poco se detectaron varios casos de hurto a los bienes de las instituciones.
Paradójicamente, una encuesta realizada a los rectores de los colegios reflejó un nivel de satisfacción alto, de 4,0 sobre 5,0, con respecto a los servicios que prestan las compañías de seguridad y su personal en los centros educativos. Dotación, orden, cumplimiento de misiones, funcionamiento de alarmas, trato de los guardias hacía docentes y alumnos, fueron evaluados favorablemente.
El martes es la cita para definir a los ganadores de la cuantiosa licitación. Se recibieron 61 propuestas de empresas de vigilancia. La Secretaría de Educación dice que tomó medidas para garantizar transparencia. Entre tanto, muchos guardias con antecedentes penales cuidan de los niños en los colegios públicos de Bogotá.