Los $800 millones en coimas que habría pagado el hoy gobernador Álvaro Cruz para garantizar un millonario contrato en el año 2009, en el expediente del carrusel de la contratación, fueron “legalizados” a través de facturas ficticias hechas a nombre de las empresas ADI de Colombia, Obinco, Ingediseños de Colombia y Procol, firmas que jamás prestaron servicios a la Unión Temporal Asfaltos 2009. Esta es una de las principales conclusiones que consignó la Fiscalía en la imputación de cargos contra Cruz, quien está al borde de ir a prisión por cuenta del saqueo a Bogotá.
El Espectador conoció todos los detalles del documento reservado de la Fiscalía, así como las pruebas practicadas, los testimonios que salpicaron al gobernador de Cundinamarca y, sobre todo, el rastreo de esos sobornos. De acuerdo con este arsenal de evidencias, además de las comisiones que habría entregado Álvaro Cruz a los concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada -todos condenados ya por la justicia-, también “debía cumplir con un compromiso” con el personero y el contralor de Bogotá, con el objetivo de que estos dos entes de control no ejercieran su labor de vigilancia con respecto al contrato aceitado. En esa época, año 2009, el personero era Francisco Rojas Birry (condenado por haber recibido $200 millones en los tiempos del escándalo de DMG) y Miguel Ángel Moralesrussi, detenido por el carrusel desde 2011.
En ese contexto, la Fiscalía indaga además si es cierto que se pagaron coimas a estos dos exfuncionarios a través de las empresas Invercol DTM y Grupo Empresarial Ardila, firmas relacionadas con el mundo de la construcción, el escenario paralelo en el que se movió Cruz cuando no hacía política. La situación del gobernador es tan complicada, que aceptó sentarse a dialogar con los fiscales que investigan el carrusel, Juan Vicente Valbuena y Jaime Alonso Zetien. Ya lo ha hecho en dos ocasiones y fue fijada una tercera sesión para el próximo 3 de agosto con el fin de que el mandatario regional pueda llegar a un acuerdo con la justicia.
Los líos de Cruz empezaron en el año 2009. Ya entonces el carrusel de la contratación saqueaba a sus anchas el erario de Bogotá y el alcalde Samuel Moreno les había entregado a los concejales del partido de la U, Camacho, Moreno y Parada, el control de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Los tres metieron la mano en distintos procesos licitatorios mientras el director de esa entidad, Iván Hernández Daza, seguía al pie de la letra sus instrucciones y compromisos en el manejo de la contratación. Según la Fiscalía, Hernández Daza, condenado por este caso, pactó con los concejales la adjudicación de licitaciones públicas a las empresas cuyos contratistas designaran estos políticos. En palabras castizas, una contratación a dedo.
Fue en ese escenario en el que terminó enredado el actual gobernador. En 2009 la firma ICM Ingenieros, que manejaba Cruz junto a su amigo Luis Guillermo Mesa Sanabria y la empresa Incoasfaltos conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que participaron en la licitación del contrato 192 de ese año, cuyo objeto era el suministro de asfalto y emulsiones asfálticas para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi $24.000 millones. La Fiscalía tiene evidencias de que Cruz pagó $800 millones para quedarse con ese negocio.
El primero que lo echó al agua fue el abogado Manuel Sánchez, entonces mano derecha de Orlando Parada en las vueltas del carrusel. Sánchez le contó a la justicia, con lujo de detalles, cómo fue que la UMV terminó hipotecada a los intereses del cartel y cómo Álvaro Cruz pagó dineros con el fin de asegurar contratos. Emilio Tapia Aldana, el enlace entre los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y los demás integrantes del carrusel, también salpicó al gobernador. Luego vinieron las declaraciones del condenado contratista Julio Gómez, de Iván Hernández, de Hipólito Moreno y de su exsocio Luis Guillermo Mesa.
Pronto se fueron sumando nuevas evidencias que cercaron a Cruz. Por ejemplo, la Fiscalía determinó que el mandatario siempre fue mucho más que un simple asesor en la firma ICM Ingenieros. La documentación obtenida por el organismo investigador reveló que ha tenido gran influencia e injerencia en los asuntos de la empresa, tanto así que su esposa fue dueña en su momento de la mitad de las acciones y actualmente lo es su cuñado, quien, al parecer, aún le remite información relacionada con ICM. En los allanamientos del CTI de la Fiscalía al despacho del gobernador, a su casa y a las instalaciones de ICM e Incoasfaltos se encontró abundante documentación al respecto.
Los fiscales Juan Vicente Valbuena y Jaime Zetien establecieron que en ese año 2009, con ocasión del contrato de $24.000 millones, ICM delegó todo el proceso en Álvaro Cruz como su representante dentro de la Unión Temporal, y a pesar de no oficiar como representante legal, adelantó gestiones para lograr la adjudicación sí o sí de ese negocio, ganándose con ello una comisión de éxito del 6% del valor del contrato. Así lo reveló Gabriel Evelio Molina, representante legal de Incoasfaltos y de la Unión Temporal. El testimonio de Molina resultó clave en el expediente.
Los testigos del carrusel, como Sánchez, Tapia y Gómez, relataron que Álvaro Cruz obtuvo información privilegiada en la etapa precontractual que le fue transmitida por Iván Hernández Daza a través del abogado Manuel Sánchez. De esta manera, Cruz logró la adjudicación del contrato y se pagaron las comisiones pactadas con el dinero del anticipo, según reveló Gabriel Evelio Molina. Aun más, para justificar esos $800 millones en sobornos se elaboraron facturas chimbas de trabajos ficticios que aparecían en las cuentas de la Unión Temporal Asfaltos 2009. Así fue como salieron a relucir los nombres de cuatro empresas usadas en esta operación: ADI de Colombia, Obinco, Ingediseños de Colombia y Procol. Los representantes legales de tres de estas firman aceptaron que se prestaron para esta trampa.
Además, entre las evidencias de la Fiscalía reseñadas en la imputación de cargos aparece la declaración jurada que entregó el cubano-americano Manuel Dorta Duque, quien aseguró que tuvo negocios en Miami con Cruz en la compra de dos predios para un proyecto inmobiliario. Según el testigo, Cruz no oficiaba como asesor de ICM, sino como su representante legal. Asimismo, dio todos los detalles de la compra de dos lotes de 27 acres en total (unas 10 hectáreas) por un costo aproximado de US$7,5 millones, así como los porcentajes establecidos entre los socios del negocio (ICM tenía el 25%) y los años que se dieron de plazo para pagar esa deuda.
El mismo Cruz le reconoció a la Fiscalía en un interrogatorio de abril pasado algunos pormenores sobre este negocio, del que dijo, por ejemplo, que ICM terminó sus obligaciones en 2006, por lo que “quiero desvirtuar declaraciones de prensa de algunos involucrados en el carrusel que aseguran que esos recursos fueron utilizados para pagar comisiones sobre contratos que se ejecutaron en 2010”. En esa declaración negó cualquier coima, pero sí admitió una perla que ya fue advertida en otro artículo por El Espectador: que en el año 2009 ICM Ingenieros constituyó una unión temporal con la firma Inca de Julio Gómez, ya condenado por el cartel.
Según contó, ICM Ingenieros tenía el 80% y la constructora Inca el 20% de la Unión Temporal Vías Futuro Bogotá, sin embargo, sus propuestas para la adjudicación de dos licitaciones en la UMV no fueron seleccionadas. Cruz añadió que en esa época, octubre de 2009, Inca no tenía ningún reparo. No obstante, investigaciones de varios medios, incluido este diario, ya empezaban a destapar la mano larga del cartel. Y en ese contexto el nombre de Julio Gómez encabezaba la lista. Como cosa curiosa, fue en diciembre de 2009, es decir, menos de dos meses después de haberse asociado con Julio Gómez, que la Unión Temporal de Asfaltos 2009, asesorada por Cruz, se ganó el contrato de $24.000 millones.
La Fiscalía está convencida de los pagos de sobornos y para ello acreditó en la imputación de cargos los interrogatorios de Manuel Sánchez, Julio Gómez, Emilio Tapia, Gabriel Evelio Molina, Luis Guillermo Mesa, Hipólito Moreno e Iván Hernández, así como las declaraciones de Manuel Dorta, Adriana Pulido, Carlos Yolí y los informes sobre el registro y allanamiento practicados a la Sociedad Incoasfaltos, ICM Ingenieros y al propio despacho y residencia del gobernador Cruz. Las pruebas parecen contundentes. ¿Cuál será la suerte judicial del mandatario? ¿Podrá llegar a un acuerdo con la Fiscalía?
Manuel Dorta, testigo clave contra Cruz