A finales del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso lupa al “pacto de caballeros” del fútbol colombiano. Abrió una investigación y formuló cargos a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 16 clubes, por censurar jugadores para obligarlos a quedarse en sus equipos y obtener los réditos económicos de sus pases. Un expediente inédito que no ha dejado de moverse con actuaciones de lado y lado, al punto de que la Dimayor ya expuso su as para que la investigación se acabe de forma anticipada. (“El pacto de caballeros” y otras pruebas del supuesto cartel laboral del fútbol)
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Los investigadores de la SIC determinaron que los presidentes de los clubes intercambiaron comunicaciones pidiendo no contratar futbolistas incluidos en la “lista negra”, para que se quedaran en los equipos que ofrecían malas condiciones laborales o que los clubes pudieran tener control económico de la negociación de las transferencias. Fueron imputados la Dimayor, como ente encargado de reglamentar el fútbol de los equipos a escala profesional, y 16 equipos, la mayoría de ellos de las categorías de ascenso. (Así se aliaron ilegalmente en el fútbol para vetar a futbolistas)
La decisión incluyó a los equipos Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. Lo mismo que veinte presidentes y directivos en calidad de personas naturales. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos que generaron ruido en la opinión pública, la Dimayor decidió salirle al paso al escándalo con un documento de promesas.
Se denominan garantías, y son un enunciado de compromisos o propuestas que realizan ante la SIC las personas investigadas, con el fin de que la entidad termine, de forma anticipada, las investigaciones y no haya sanciones. La Dimayor ofreció, entre un largo listado de anuncios, contratar a un experto en derecho laboral para revisar y formular recomendaciones sobre sus estatutos y códigos y también los de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso sí, advierte que en el caso de que todos los miembros de la Dimayor estén de acuerdo en hacer reformas, estas se realizarán.
Entre otros aspectos, la Dimayor propone que, si los clubes así lo consideran, se debe “garantizar en todo momento que la selección, negociación, contratación, renovación y/o desvinculación de los jugadores profesionales de fútbol se realizará con total independencia y autonomía, y utilizando exclusivamente criterios propios”. Además, promete abstenerse de realizar cualquier acto de competencia desleal para influenciar a un jugador, de solicitar masivamente la no contratación de forma directa de un futbolista, y de estructurar, enviar o circular listas de jugadores excluidos o impedidos para ser contratados.
La división rectora del fútbol quiere estructurar e implementar un sistema de denuncias tempranas que permita a los clubes y directivos denunciar prácticas que afecten la libre competencia del mercado de jugadores en el fútbol colombiano. Y ofreció igualmente una plataforma electrónica con información sobre los derechos deportivos de los futbolistas, para que la autoridad pueda verificar de primera mano la dinámica de las transferencias; lo que incluye tener a disposición los nombres de los jugadores inscritos por club, fecha de finalización de contrato, cambio de empleador y renovaciones.
Las propuestas incluyen hasta una auditoría de seguimiento, así como una póliza de cumplimiento de resoluciones judiciales, expedida por una compañía de seguros y valor fijado por la SIC. Sin embargo, los ofrecimientos de la Dimayor no convencen al sindicato de jugadores: la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que radicó la denuncia. Y la primera advertencia es que Unión Magdalena S.A., Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. (en liquidación oficial) y Real Santander no ofrecieron garantías. En consecuencia, respecto a ellos, considera que no puede existir terminación anticipada de la investigación.
Por el contrario, el proceso debe continuar hasta determinar si existió o no práctica restrictiva de la competencia. Además, la agremiación de futbolistas sostiene que las garantías no tienen lugar cuando se trata de carteles, como es el caso de este “pacto de caballeros” o “cartel laboral de fútbol”. Es decir, en su concepto, la SIC no tiene por qué avalarlas. En su criterio, varias de las garantías ofrecidas no se refieren a la conducta que dio lugar a la apertura de investigación y no eliminarán las prácticas anticompetitivas del pacto.
“Se dice que se garantizará en todo momento que la selección, negociación, contratación, renovación o desvinculación de los jugadores profesionales de fútbol se realizará con total independencia y autonomía, y utilizando exclusivamente criterios propios, que es lo que ordena la ley, pero no se indica lo verdaderamente importante: cómo se va a garantizar. Se habla de un sistema de información, pero no se dice cómo, ni sus parámetros ni para cuándo”, respondió Acolfutpro en un nuevo capítulo de la disputa que libra ante la SIC para que, de una vez por todas, meta en cintura el negocio del fútbol, que sigue lleno de dudas.
La posición de Acolfutpro es concluyente y recalca que las garantías ofrecidas por la Dimayor y algunos clubes para que la SIC desista de investigar sus malas prácticas son insuficientes y no se pueden constituir en una prenda de valor que permita asegurar que habrá cumplimiento. En la orilla contraria, con postura de contrición, la Dimayor asegura que no habrá más pactos de caballeros con tratativas incorrectas para manipular a los jugadores. Ahora será la SIC la que analice si acepta las garantías presentadas o se decide a ponerle freno por su cuenta a una práctica que era un secreto a voces que nadie quería reconocer.
