Un abogado que quiere salvar a los quemados

El 6 de agosto de 2009, el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Alfonso Portela Herrán, envió a la gerencia administrativa de la entidad un estudio de necesidad y conveniencia para contratar a un abogado que prestara labores de asesoría. Específicamente para contar con un funcionario idóneo en la proyección de conceptos jurídicos en materia electoral, derechos de petición y acciones de tutela, concluyendo que dichas condiciones las acreditaba el abogado Luis Yesid Villarraga Flórez.

A los seis días, la Dirección Administrativa dejó constancia de que, después de la evaluación, análisis de idoneidad académica, experiencia y calidades profesionales del futuro contratista, realizados por Alfonso Portela Herrán, se daba vía libre al proceso de contratación del abogado Villarraga, quien aportó su hoja de vida acreditando título profesional, con grado de honor, obtenido en mayo de 2009. Es decir, tres meses antes de su selección como asesor de la Registraduría.

El contrato por un semestre, con pago por mensualidades, se fijó en $13’800.000 y finalmente se firmó el 20 de agosto. Cinco meses después, Villarraga notificó que, en cumplimiento de sus obligaciones, además de contestar múltiples derechos de petición relacionados con las elecciones de 2010, había apoyado la elaboración de un documento analítico de mapa de riesgo electoral, con base en los fallos del Consejo de Estado que declararon la nulidad de la elección de senadores entre 2002 y 2010.

Vencido el contrato, el 17 de febrero de 2010, el director de gestión electoral, Alfonso Portela Herrán, además supervisor de Villarraga, decidió adicionarlo por tres meses más. Sin embargo, una semana después, argumentando motivos netamente personales y de carácter profesional, el abogado Luis Yesid Villarraga Flórez solicitó la terminación del contrato, hecho que quedó protocolizado mediante acta firmada el pasado lunes 1º de marzo. Dos semanas antes de las elecciones legislativas.

Este mismo abogado es hoy el suplente del gerente general de la firma Procesos Electorales S.A. que en días pasados, en dos hojas con un peculiar formato, ofreció a un político a punto de quemarse en las elecciones del 14 de marzo pelear hasta la última mesa de votación, tratando de sacar ventaja desde la vigilancia de los escrutinios hasta la “orientación y direccionamiento a las actuaciones de los testigos”. Y la misma persona que después entregó cotización para la prestación de servicios profesionales.

Las otras personas que estuvieron en la reunión en la cual se entregó la cotización a una emisaria del político en apremios electorales, fueron Fernando Villarraga Palacios y Víctor Arturo Polo San Miguel. El primero es hijo del magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros y el segundo, hasta hace pocos días ofició como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento de Antioquia. Fernando Villarraga es el actual gerente de la firma Procesos Electorales.

La palabra del Registrador

El pasado lunes, cuando este diario publicó el informe titulado “¿Una Registraduría paralela?”, en el que se documentaba cómo la empresa Procesos Electorales, oferente de acciones para tratar de salvar a congresistas quemados en las elecciones, hasta el 7 de diciembre de 2007 había pertenecido al registrador Carlos Ariel Sánchez, a su actual registrador delegado Alfonso Portela y al magistrado Henry Villarraga, el registrador Sánchez sostuvo que no tenía idea de quiénes habían quedado con la firma.

“Esa empresa tiene hoy otros dueños que yo no conozco. No tengo ni idea de quiénes se quedaron con ella”, sostuvo públicamente en entrevistas en la mañana con W Radio, Caracol y RCN Radio. En la tarde lo reiteró a El Espectador. De paso sostuvo que el 100% de sus derechos los había cedido a Holman Giovanni Ibáñez Parra, actual director del Censo Electoral. Éste, a su vez, entregó un documento donde certificó que él también las había cedido a un tercero identificado como Fernando Zabala Chacón.

Al revisar los contratos celebrados por la Registraduría entre 2008 y 2010, no sólo queda claro que el actual gerente suplente de Procesos Electorales, Luis Yesid Villarraga Flórez, hasta el pasado 1º de marzo fue simultáneamente contratista del organismo electoral, sino que al momento de la transformación de la empresa, once días después de la elección del registrador Carlos Ariel Sánchez, los escogidos para asumirla no fueron tan desconocidos como hoy argumenta el jefe del organismo electoral.

Una de sus nuevas dueñas, Yeimi Milena Zabala Chacón, natural de Purificación (Tolima), coterránea del registrador Sánchez, el delegado Portela y el magistrado Villarraga, es la esposa del abogado Luis Yesid Villarraga Flórez, el mismo que ofreció los servicios al político náufrago, entregó la cotización y fue contratista avalado por el delegado Portela. Y su cuñado Fernando Zabala Chacón, la persona que recibió las acciones del actual director del Censo Electoral, Holman Giovanni Ibáñez.

Éste último le aseguró a El Espectador que tampoco supo a quién le cedió su participación en Procesos Electorales, porque él estaba esperando una oferta de trabajo en una universidad que no se concretó y, en cambio, salió la posibilidad de ser jefe de control interno de la Registraduría y entregó sus acciones a quien ofreció comprárselas. Es decir, el mismo día que el registrador electo Sánchez le cedió sus acciones, también le ofreció trabajo en el organismo electoral y por eso apareció el tercero.

Lo que va quedando en claro es que si bien el registrador Sánchez cedió sus derechos en la firma Procesos Electorales el 7 de diciembre de 2007, 11 días después de ser designado en el cargo por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no lo hizo a desconocidos como ha venido afirmando, sino a personas de su confianza, en la Registraduría en primera instancia, o del círculo familiar de su ex socio, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga.

Consultado el registrador Sánchez sobre este tema el pasado viernes, reiteró que nada tiene que ver con la empresa que ofrece a congresistas quemados la oportunidad de pelear sus curules y que, en términos de contratación en el organismo oficial, literalmente él no tiene por qué responder este tipo de inquietudes, pues estos asuntos hoy están delegados en el gerente administrativo y financiero, Édgar Zapata Barrios, y en el director administrativo de la entidad estatal, Ricardo Iván Díaz Cely.

Atención sicológica

Sin embargo, rastreando contratos en la Registraduría en los últimos tiempos, la vinculación del abogado Luis Yesid Villarraga Flórez no es la única circunstancia que demuestra que su ex socio, el magistrado Henry Villarraga o la misma firma Procesos Electorales, estén tan distantes del quehacer del organismo electoral. También desde la modalidad de prestación de servicios profesionales, otra familiar del magistrado ha sido contratista de la Registraduría.

Según consta en documento fechado el 30 de marzo de 2009, el gerente de talento humano, Julián Murcia Ardila, le hizo saber al gerente administrativo y financiero Édgar Zapata que necesitaba un profesional en sicología para brindar apoyo a los funcionarios de la Registraduría y sus familias, no solamente para identificar factores de riesgo ante la aparición de problemáticas personales y familiares, sino para evitar y prevenir deterioros emocionales hacia el futuro.

Por eso se postuló a la sicóloga Carolina Villarraga García para desarrollar durante diez meses, con un pago mensual de $3 millones, para que asumiera estas obligaciones. En términos jurídicos, el contrato fue avalado con el soporte del artículo 82 del decreto 2474 de 2008, según el cual existen contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.

Según consta en la hoja de vida que fue diligenciada en el formato de la Registraduría, la sicóloga Carolina Villarraga García es graduada en 2007 y es la hija mayor del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros, ex socio del registrador Carlos Ariel Sánchez en la compañía Procesos Electorales y padre del actual gerente de la misma empresa. El contrato de prestación de servicios fue renovado por 12 meses a partir de enero de 2010.

En su informe de actividades, la contratista Carolina Villarraga sostiene que ha brindado apoyo profesional a los funcionarios y sus familias, ha trabajado con asesores de la Caja de Compensación y el grupo multidisciplinario de la gerencia de talento humano, ha escrito artículos de interés para la revista de la entidad y ha presentado diversos informes sobre las necesidades detectadas en las asesorías individuales desarrolladas con los funcionarios e la Registraduría Nacional de Estado Civil.

En síntesis, no es tan cierto que el registrador Carlos Ariel Sánchez se haya desligado completamente de la firma Procesos Electorales como lo afirma con insistencia, pues salta a la vista que en vez de liquidar la empresa, la cedió a personas cercanas o de su propio municipio natal y, particularmente a través de su actual delegado y ex socio Alfonso Portela, se ha contratado a quien funge desde abril de 2009 como gerente suplente de la compañía y ahora ofrece servicios para rescatar curules al borde del abismo.

En carta a este diario, el registrador Sánchez sugiere que las interpretaciones periodísticas sólo inducen a desprestigiar el nombre de la Registraduría y el suyo propio. Quien debería dirimir si el asunto es de ética o de legalidad es la Procuraduría. Pero en este escenario, de entrada hay un inconveniente: el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en marzo de 2008 también fue contratista de la Registraduría y sus servicios fueron avalados por el mismo funcionario que contrató al abogado Yesid Villarraga.