La construcción de un exclusivo megaproyecto de vivienda frente a las playas de Santa Marta tiene en vilo al sector hotelero y turístico de la ciudad. Aunque la propia administración local había autorizado la obra hace más de un año, un reciente concepto de la Dirección General Marítima, Dimar, no aprobó la edificación al considerar que parte del proyecto de Sierra Laguna está ubicado en zona de playa considerada un bien público. Hoy el avance de las obras en el condominio no está clara y la inversión cercana a los $40.000 millones, que hicieron varios empresarios privados, es incierta.
Los problemas comenzaron el pasado 31 de diciembre cuando la Dimar expidió la Resolución 0464. La norma negó el permiso de construcción del proyecto turístico de vivienda Sierra Laguna, ubicado en la zona de los Pozos Colorados, alegando que esta zona es playa. El asunto alertó a los constructores que no entendieron cómo un año antes la Secretaría de Planeación de Santa Marta había dado el visto bueno para empezar las obras.
Con base en esta disposición, la compañía inició el proyecto, promocionó su venta y arrancó la construcción que hoy está avanzada en un 70%.
Por eso la propia administración municipal salió en defensa de la construcción de la obra con un argumento adicional: que de aceptarse el concepto de la Dimar se pondría fin a la vocación turística de Santa Marta, en razón a que otros edificios y hoteles están construidos en similares circunstancias y no se podrían realizar nuevos proyectos.
Aunque la Dimar insiste en que el terreno donde se construye Sierra Laguna es propiedad del Estado y por eso ningún particular puede apropiarse de él, las autoridades locales ratifican su posición y niegan que esta zona sea una playa. Para ello se apoyan en el Plan de Ordenamiento Territorial expedido en 2005, el cual determinó que el terreno es urbano y residencial turístico.
En la Casa de Nariño
El asunto no es de poca monta. Por eso llegó a la Casa de Nariño. Allí preocupa el repentino cambio de posición de la Dimar que se estaría generando inseguridad jurídica que tanto cuestionan algunos inversionistas. Por eso se han generado varios encuentros entre el alto gobierno y abogados de la Dimar.
Sierra Laguna se construyó a 300 metros al sur del Cerro La Gloria en los Pozos Colorados, en el sector de los lagos del Dulcino. Son dos torres de 178 apartamentos, amplias zonas comunes y atracciones marinas. Una de ellas es un lago natural de agua salada. Está vendido en un 76 por ciento y la inversión es superior a los $40.000 millones.
Pero el punto central de la polémica está en otras decisiones contradictorias de la Dimar. Por ejemplo, el 5 de junio de 2006 el perito de la Dimar capitán Juan Carlos Acosta Chady (hoy bajo la lupa de la propia entidad por su trabajo de peritaje en este caso), conceptuó, tras un especializado estudio, que las condiciones técnicas del terreno eran aptas y que el permiso podía ser entregado. Esta decisión fue revocada por el almirante Jairo Peña, director de la Dimar, quien consideró que no podía otorgarse el permiso porque está en zona de playa y porque desde hace varias décadas es considerada un bien público.
Sin embargo, los constructores alegan, entre otros argumentos, que el sector no es de bajamar, porque se pueden sembrar mangos, nísperos y otras frutas, y que la vegetación existente no es típica de una playa, por esta razón el predio no es playa, de acuerdo con lo señalado por la definición de esta palabra.
El último ‘round’
El pasado 8 de enero la Dimar solicitó a la Alcaldía suspender la obra. Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Diazgranados, no acató la disposición argumentando que los términos de la Dimar no eran válidos. Pero en el sector turístico ronda la preocupación de que si se aceptan los argumentos de la entidad, hoteles tradicionales como el Irotama y el Zuana tampoco podrían funcionar.
La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que Santa Marta es uno de los destinos favoritos de los colombianos y los extranjeros. Se calcula que al año arriban 1 millón 400 mil turistas y de éstas, 300 mil extranjeros. La Alcaldía afirma que el turismo representa el 30% para la economía del puerto.
Posibles soluciones
En la Presidencia de la República un equipo de abogados trabaja en una reglamentación que establezca cuáles son las competencias de la Dimar y cuáles del Distrito de Santa Marta o de las otras ciudades costeras a la hora de otorgar permisos de construcción en zonas que circunden o sean vecinas de playas que son hoy vigiladas por la autoridad marítima.
Por ahora, siguen las consultas entre los técnicos y abogados. Mientras el propio director de la Dimar, almirante Jairo Peña, argumenta que está haciendo su función al proteger las playas del país, aunque reconoce que es exagerado pensar que la actividad turística en Santa Marta se pueda ver afectada por esta situación.
A su vez el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Diazgranados, no oculta su preocupación porque se pueda paralizar la inversión de este tipo de proyectos en la ciudad.
Entretanto, los constructores y los propietarios de los apartamentos de Sierra Laguna urgen por una pronta definición jurídica del tema, de tal manera que puedan culminar las obras y disfrutar del más importante proyecto inmobiliario de Santa Marta en la última década.
En cifras
140
Colombianos han comprado un apartamento en este proyecto, especialmente del interior del país.
4.000.000
Es el precio del m2 de un apartamento. Hay dos opciones: 80 y 340 m2.
70%
De la construcción está lista e inició a mediados de 2007
“Que se cumpla con la ley”: Peña
¿Cuál es la situación de Sierra Laguna?
Pretendemos que las personas que están adelantando este proyecto cumplan con lo que establece la ley, que los bienes de uso público son de la nación.
¿Sierra Laguna solicitó permiso para construir los edificios?
Solicitaron permiso para construir los edificios sobre la base de que no quedaban dentro de una jurisdicción de la Dimar.
¿Es decir que Sierra Laguna está en una zona que es playa, según la Dimar?
En un principio hemos determinado que eso es así, pero la última palabra se dirá cuando terminen los estudios técnicos.
¿La Dimar podría pedirles a las autoridades de Santa Marta que hagan derribar esos edificios?
Es una situación extrema. No creemos necesario llegar hasta esos límites. Es necesario simplemente que se cumpla con lo que establece la ley.
¿De aplicar esa norma tendrían que desaparecer los hoteles y todo el complejo turístico que queda en esa zona?
Todo proceso tiene un período de investigación y las decisiones corresponderán a ello.
¿No sólo con Sierra Laguna?
Con todo lo que esté violando la ley.
¿Por qué hasta ahora la Dimar está actuando?
Siempre se ha hecho cumplir la ley. Eso no es de ahora.
La versión del alcalde de Santa Marta
El alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados, salió en defensa de las actuaciones jurídicas del Distrito Turístico frente al caso de Sierra Laguna. “La Dimar está manejando una teoría del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas que la autoridad local no acepta, porque estamos ceñidos a nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
Respetamos la decisión de la Dirección General Marítima, pero no la compartimos, porque está afectando a los inversionistas, a los de Sierra Laguna y a otros que tienen proyectos similares. El decreto 8384 establece que 50 metros después de la línea de bajamar son de competencia de la Dimar y lo demás, del Distrito. Sierra Laguna alcanzó a tener el permiso de la Dimar. Hoy, más de un año después, no se puede decir que es inviable. Las obras se realizan hace más de un año y no han sido detenidas porque no hay razón para hacerlo”.
La posición de los constructores
Eduardo Sarabia, gerente de la Sociedad Sierra Laguna, constructora del polémico proyecto planteó a El Espectador sus inquietudes respecto a la edificación y las decisiones tomadas frente al megaproyecto.
¿La obra tiene licencia?
Sí hay una licencia de construcción expedida por la Curaduría 1 de Santa Marta, que se encuentra vigente. Los trámites se iniciaron en 2006 y la licencia de construcción se expidió a principios del 2007.
¿Por qué la Dimar dice que ustedes no tienen esos permisos e incluso ordenó paralizar las obras?
En una forma errónea está pretendiendo modificar la línea de jurisdicción de playa en todo el área de Santa Marta mediante la modificación de un decreto que todavía no ha sido expedido. La Dimar pretende declarar terrenos de bajamar el sector del Dulcino, donde está construido el edificio.
¿Cómo interpreta que en el 2006 la Dimar, a través de un decreto haya dicho que el terreno era apto para la construcción y un año después cambie la decisión?
No entiendo cómo la Dimar dice una cosa primero y después dice otra totalmente diferente. Es más, cuando se desarrolló el POT de Santa Marta, la Dimar participó en conjunto con la Alcaldía, y delimitó su área de jurisdicción, que está claramente definida en unos planos. A partir de la definición de esa línea, la ciudad y la Oficina de Planeación estableció su ordenamiento territorial como la ley se lo exigía y generó las normas mediante las cuales se están haciendo los diferentes proyectos en la ciudad.