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El próximo martes 27 de mayo, a las 10 de la mañana, en un juzgado de Chiquinquirá, al desmovilizado del Eln Fredy Lamus Pérez le imputarán los delitos de falsedad y fraude procesal. Igual ocurrirá, en una fecha por definirse aún y en un juzgado de Bogotá, con el exparamilitar Alexánder Chamorro. La misma suerte la corrieron ya, el pasado 28 de marzo en un juzgado de Cúcuta, los exintegrantes de las Auc Albeiro Valderrama, José Mauricio Moncada y Orlando Bocanegra. La razón por la que la Unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía los puso en su radar es porque considera que los cinco hombres, todos postulados a los beneficios de Justicia y Paz, han mentido. Con otro factor común: sus posibles mentiras pusieron al coronel (r) de la Policía William Alberto Montezuma tras las rejas.
Montezuma está en líos penales desde octubre de 2011. El 16 de ese mes, dos días antes de que tuviera que presentarse a una evaluación para que se definiera si era llamado a curso de general, se conoció que estaba siendo investigado por la desaparición de un subalterno suyo, el subintendente Luis Antonio Mora Chaustre, a quien su familia vio por última vez el 11 de marzo de 2006. Tres días más tarde, un fiscal de la Unidad contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado ordenó su privación de la libertad mientras las indagaciones continuaban. En septiembre de ese mismo año, además, había empezado a ser investigado también por el asesinato de tres personas, ocurrido en Cúcuta entre el 22 y el 23 de julio de 2003. Todo, con base en las declaraciones de desmovilizados ante fiscales de Justicia y Paz.
El 28 de febrero del año pasado Luis Miguel Castro, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cúcuta, dejó sin piso la decisión que en mayo de 2012 otro fiscal había emitido en favor del coronel (r) Montezuma, al precluir la investigación en su contra por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. En la providencia del fiscal Castro se lee que los testimonios de los exparamilitares Albeiro Valderrama (alias Piedrasblancas), José Mauricio Moncada (alias Mocoseco) y Orlando Bocanegra (alias Viejo Boca), los mismos a quienes hoy la Fiscalía tilda de ser falsos testigos, fueron prueba esencial para pensar que Montezuma era culpable.
“Específicamente los testigos señalan al coronel William Montezuma López, de forma inequívoca e incontrovertible, como la persona que solicitó los homicidios de la familia Contreras Granados”, dice uno de los apartes de la providencia con que el fiscal Castro dejó nuevamente en pie el expediente del coronel (r). Los tres desmovilizados señalaron que Montezuma, cuando era jefe de la Sijín de Cúcuta, había tenido una fugaz reunión con un jefe paramilitar de Cúcuta, Carlos Enrique Mora o El Gato, a quien —aseguraron ellos— le entregó un papel con el nombre de tres personas para ejecutarlas: María Ruth Granados, José Antonio Granados y su madre, Virginia Contreras. La primera era la compañera de un guerrillero capturado del Eln, José Guzmán Santiago o El Puma.
En ese caso no se ha decidido si Montezuma va a juicio o no, mientras que por la desaparición del subintendente Luis Antonio Mora Chaustre ya fue acusado. Así lo confirmó el fiscal Wilson Burbano, de la Unidad de Derechos Humanos, el 27 de enero de este año. En el marco de ese expediente, uno de los testigos estrella es Alexánder Chamorro, a quien en unas semanas le imputarán cargos por falso testigo. Chamorro aseveró ante la justicia que el subintendente Mora era un “riesgo potencial” tanto para Montezuma como para el paramilitar Juan Carlos Rojas, alias Jorge porque Mora, supuestamente vinculado a actividades de narcotráfico con los ‘paras’, sabía “demasiado”. Así las cosas, Chamorro relató que entre el coronel (r) Montezuma y alias Jorge se había fraguado el plan para asesinar al uniformado.
En la providencia, que confirmó la investigación contra el coronel (r) Montezuma por el asesinato de tres personas, se lee que el exjefe del frente Fronteras (y líder de los exparamilitares hoy señalados de mentirosos), Jorge Iván Laverde Zapata o El Iguano, fue escuchado así como fue escuchada Magaly Moreno, asistente de la directora seccional de Fiscalías de Cúcuta para la época en que Montezuma llegó a esa región: Ana María Flórez, más conocida como la Batichica. Flórez, ya condenada por la Corte Suprema por sus nexos con los paramilitares, está prófuga y fue llamada a juicio el año pasado por delitos de lesa humanidad y Magaly Moreno era su ‘ficha’ para enlazar a las autodefensas con la Fiscalía, el DAS y demás autoridades. El fiscal del caso desestimó sus palabras.
No obstante, la Unidad de Falsos Testigos hizo lo contrario. Además de empezar a detectar inconsistencias en los testimonios, escuchó con atención a, por ejemplo, a Magaly Moreno, quien siempre estuvo en contacto con el jefe ‘para’ Carlos Enrique Rojas (alias El Gato, a quien supuestamente Montezuma le entregó los nombres de las tres personas que las Auc debían matar). Moreno le dijo a la Fiscalía que “Montezuma fue declarado objetivo militar por las autodefensas comandadas por El Gato” y que éste, en varias ocasiones, le pidió que abordara al entonces comandante de la Sijín de Cúcuta, “situación que fue imposible porque Montezuma era inabordable (...) siempre operó y accionó en contra de las autodefensas”.
Laverde Zapata, alias El Iguano, ha declarado en no menos de cuatro oportunidades sobre el tema Montezuma desde 2012. Explicó que lo había mencionado en sus primeras versiones porque así se lo habían indicado antiguos subalternos, pero que él, que era quien directamente pagaba la ‘nómina’ de miembros de la Fuerza Pública aliados del paramilitarismo, nunca le había dado dinero ni había hablado con él. Reconoció que Montezuma le había dado varios golpes a las AUC y que el oficial —contrario a lo que uno de los desmovilizados dijo— jamás habría podido venderles armas a los ‘paras’ porque en Norte de Santander era él quien directamente se encargaba del tema y lo hacía a través de Venezuela. Contó también que había estado indagando por la desaparición del subintendente Mora —a quien admitió conocer personalmente— y que éste, según le habían informado, había sido asesinado por robarse un cargamento de droga.
Una cosa más llamó poderosamente la atención en la Unidad de Falsos Testigos: tanto El Iguano como otro desmovilizado que inicialmente declaró contra el coronel (r) por la desaparición del subintendente, llamado Élmer Darío Atencia, advirtieron un posible soborno: “Me llegó la razón de un abogado, que manifestó venir de parte de un grupo de ‘amigos’ que lo habían abordado y le habían sugerido venir donde mí por una razón: que me ofrecían $100 millones para que declarara contra el coronel y que había otros dineros para que declarara contra otras personas”, relató El Iguano. Atencia, por su parte, contó que un abogado había ido a hablar con él y con Alexánder Chamorro (hoy investigado por falso testigo), un hombre de 1,70 metros de estatura, de acento bogotano, que prometió beneficios jurídicos a cambio de sus declaraciones.
Cuando la Fiscalía llamó a juicio a Montezuma por desaparición, la defensa del oficial advirtió que Alexánder Chamorro mentía, pero el fiscal reprochó el argumento “por cuanto no se atreve a revelar quién direcciona el testigo”. La verdad es que la Unidad de Falsos Testigos también considera a Chamorro un mentiroso, tanto como los otros imputados, pero tampoco sabe quién podría estar detrás del plan para enlodar a Montezuma. El abogado del coronel (r), Élmer Montaña —de la Fundación Defensa de Inocentes, fundada por el exdiputado Sigifredo López—, va a pedir que sean los propios fiscales de la Unidad de Falsos Testigos los que expliquen en juicio por qué se concluyó que estos hombres mintieron. De encontrarse que todos esos desmovilizados faltaron a la verdad, paradójicamente, sería la misma Fiscalía la que estaría desbaratando sus propios procesos.
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