“He venido a contar todo”. Con esa actitud resuelta, reiterando que lo hizo para que la Fiscalía le reconociera el principio de oportunidad, el pasado 19 de diciembre en el consulado de Colombia en Miami, Miguel Nule Velilla se despachó de frente. “Nos exigieron dinero Inocencio Meléndez y Liliana Pardo”. Ambos fueron altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de ellos aseguró que les pidieron $4.500 millones en el caso de que les adjudicaran la licitación de la calle 26, que amenazaba con declararse desierta.
En sus primeros acercamientos a la Fiscalía, Miguel Nule no ahorró palabras para señalar a la ex directora del IDU Liliana Pardo y el ex director técnico legal de la misma entidad Inocencio Meléndez Julio. Pero aclaró que del dinero exigido, sólo alcanzó a pagar a Meléndez $200 millones en efectivo; un apartamento por valor de $700 millones, ubicado en la Avenida Circunvalar con calle 82 en Bogotá, que quedó escriturado a nombre de un tercero; y una camioneta Toyota Prado, que estaba en leasing y que le fue cedida de manera informal.
Sin embargo, Nule aclaró que cuando se precipitó la liquidación del contrato y les quitaron la obra de la calle 26, Inocencio Meléndez devolvió primero el vehículo y después el apartamento, pero no el dinero. Según el declarante, “no sé cuánto le correspondería a Liliana Pardo, pero sé que ella era la que mandaba”. De todos modos insistió en que si no hubiera mediado la pretensión de los $4.500 millones, con toda seguridad hubieran perdido la licitación, porque la directora del IDU quería hacer el negocio con otras personas.
El fiscal que lo interrogó sabía de qué hablaba Nule, porque le detuvo el relato con una pregunta: “¿Quién es Carlos Arturo Gómez? El confeso, quebrado y fugitivo ingeniero contestó: “Un amigo de la infancia, le dicen El Chon y también es amigo de Inocencio”. Trabajaba con los Nule en el departamento comercial y por el contrato de la calle 26 se ganó una comisión de $500 millones, de los cuales le entregó un apartamento. En la casa de Gómez, Miguel Nule hizo la primera grabación —aún desconocida— con la voz de Inocencio.
Según Nule, grabó a Inocencio Meléndez cuando el IDU empezó el proceso de quitarle la obra de la calle 26 por incumplimiento y lo hizo para demostrar que “el grupo IGK realmente fue quebrado por motivaciones extorsivas de parte de servidores públicos, desde Liliana Pardo hasta Samuel Moreno, Iván Moreno y Miguel Ángel Moralesrussi”. En dicha conversación, supuestamente Meléndez explica que del anticipo de la obra se podía legalizar el 100%, pero que de todas maneras se impuso la caducidad y les tocó ceder el contrato.
Miguel Nule cambió de frente en su declaración y arremetió contra el abogado Álvaro Dávila, de quien dijo les cobró US$30.000 por ir acercándolos a la administración Moreno y la adjudicación de la Fase III de Transmilenio, entre otros aspectos, porque, según él, era asesor de este sistema de transporte, lo cual podría constituir un conflicto de intereses. Y se fue lanza en ristre contra el abogado: “Dávila no hace nada, era un lobbista encargado de manejar la intermediación con los Moreno y controlar a través de sus relaciones la presión de los medios de comunicación”.
Al abogado Dávila también lo grabó clandestinamente Miguel Nule. Y lo hizo porque, según él, fue el responsable del montaje mediático para que les quitaran el contrato de la 26 y se lo entregaran a unos españoles amigos suyos, de apellidos Ortiz y Solarte. La grabación, cuyo contenido tampoco se conoce, supuestamente demuestra que Dávila hacía exigencias de dinero y que no quiso recibir un vehículo BMW. Miguel Nule insistió en que a Dávila le pagaron para manejar a los periodistas.
Pero después lo acusa de utilizar los medios para desacreditar a su grupo empresarial. Lo cierto es que hubo cesión de la obra de la 26 y Miguel Nule tiene su propia versión: “De la firma Conalvías quiero decir que ya tenía negociado este contrato con Liliana Pardo para que nos lo quitaran a nosotros”. En su criterio, esta empresa no cumplía los requisitos para la cesión y los balances que entregó eran inexistentes. Y acusó a esta firma de haber sido beneficiaria de un regalo, configurándose un peculado, porque tenía que amortizar el anticipo y no lo hizo.
Y regresó al abogado Dávila para reiterar, como lo ha dicho en otras declaraciones a la justicia, que era la persona de confianza del senador Iván Moreno y que garantizaba los porcentajes de los contratos: “El 2% del contralor distrital y el 6% de Iván Moreno”. Con una explicación que, en palabras de Nule, explica qué pasó con el contralor Morales: “Los socios Julio Gómez y Emilio Tapia no le pagaron y dijeron que nosotros los habíamos tumbado”. Una definición adicional ratifica su concepto: “El contralor no es más que una persona dedicada a sus intereses económicos”.
Entonces Nule contó la historia de cómo y por qué grabaron al congresista Germán Olano. Según el declarante, a Olano se le debían $1.750 millones y él presumía de ser la persona que podía tener controlado al contralor. Lo grabaron, según Nule, para probar que la cesión del contrato de la calle 26 obedeció a una presión indebida de servidores públicos que pretendían el pago de una suma de dinero para no perseguirlos. Querían hacer justicia y demostrar cómo habían caído en las garras de la corrupción.
“Lo de nosotros es una quiebra empresarial producto del desorden administrativo, la ambición por parte nuestra y la corrupción plena en el Distrito Capital, así como en buena parte de las instituciones colombianas”, agregó Miguel Nule para cerrar el capítulo Olano. Pero paradójicamente, tres días antes de esta declaración, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en Panamá, había aportado una ambigua declaración donde aún no es claro si le tiró el salvavidas a Olano o lo hundió del todo.
“Olano no hizo tráfico de influencias ni cometió en mi concepto algún acto deshonesto”, declaró Nule, y después dijo que sólo fue una víctima más de “la voracidad y la capacidad de daño de Moralesrussi”, y sólo quería quitarlos de sus garras. Pero después sostiene que debido a que no se le habían pagado $1.750 millones, estaba presionando para que el contralor los maltratara. Por eso lo grabaron.
Si alguien conoce de estas vueltas es Mauricio Galofre Amín, mano derecha de Miguel Nule y, por estos días, también en búsqueda de principio de oportunidad. Acompañado de su abogado Daniel Largacha Torres —el mismo de Nule—, el 23 de diciembre compareció ante un fiscal delegado para admitir que si se autoincriminó lo hizo para dejar constancia de que su conducta fue producto de las presiones. Entró al Grupo Nule en 2002 y un año después ya era subgerente comercial de Aguas Kapital, al lado de Miguel Nule.
Su versión no dista mucho de la de su exjefe. Afirmó que el contrato de la 26 fue posible gracias al acercamiento con Inocencio Meléndez. Con él se hicieron varias modificaciones que le permitieron participar, en especial por el cupo de crédito. Pero no fue gratis. Según Galofre, “con el señor Inocencio se cuadró una cifra de $4.000 millones por los cambios y la ayuda durante todo el proceso. Siempre Inocencio dijo que eso también era para la directora del IDU, Liliana Pardo. Ahí conoció a Germán Olano y al contratista Julio Gómez.
Según Galofre, ambos llegaron diciendo que la única manera de ganar el contrato era a través de un acuerdo económico, que iba a llegar a manos de Liliana Pardo. Por eso solicitaron $4.500 millones. A Olano se le dieron $600 millones, que en su mayoría se los llevaron a su casa; y a Julio Gómez se le giraron alrededor de $1.750 millones. El dinero para Gómez salió del anticipo de la calle 26. En cuanto a los del IDU, Galofre ratificó que a Inocencio Meléndez se le alcanzó a entregar un apartamento, $200 millones y una Toyota.
Pero meses después se precipitó la cesión del contrato. Galofre recalcó que fue en ese momento, al sentirse extorsionados por la gente del Distrito, que se decidió grabar al congresista Germán Olano en su propio apartamento. Allí quedó consignado que él ofrecía interceder por el Grupo Nule con el contralor si ellos accedían a la plata que había quedado pendiente del contrato de la 26. Según Galofre, ya para la época se habían acordado los porcentajes por los contratos: el 6% para los Moreno y el 2% para que el contralor blindara el proceso de las obras.
En términos generales, Galofre, también en busca del principio de oportunidad, convalida la versión del Grupo Nule, pero en algunos momentos toma distancia de sus exjefes. Dijo, por ejemplo, que en las licitaciones de la obra de la 26 se falsificó el cupo de crédito y los Nule lo sabían. Además, aseguró que funcionaba una oficina paralela del IDU en un hotel cercano al organismo, donde se cuadraba la adjudicación de la malla vial. Y agregó que era tal la confianza con Liliana Pardo, que el contratista Julio Gómez llegó a llamarla “mamá”.
Las declaraciones de Miguel Nule a la Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría, en Miami y Panamá, así como el testimonio de su segundo, Galofre, ante un fiscal delegado, pretenden beneficios judiciales y dejan advertir nuevos nombres en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Un expediente que crece significativamente en varios frentes y ya tiene audiencia de cargos en la Procuraduría.
Los ventiladores están encendidos y la hora de las decisiones está próxima. Los Nule siguen en el exterior saldando con señalamientos su dolosa quiebra.
El papel de intermediación de una empresa
Uno de los interrogantes que han surgido en el escándalo del Grupo Nule es el papel cumplido por la empresa Prodecol. El propio Miguel Nule, en su declaración en Miami, dio una sucinta explicación: “Fue la empresa con la cual se suscribieron $1.750 millones, exigidos por Germán Olano y Julio Gómez, de los cuales la parte de Julio Gómez era para Liliana Pardo y la de Prodecol para Germán Olano”.
En otras palabras, lo explica Nule, Prodecol es el subcontratista que pone Olano. “Se le pagan $500 millones y, desde ese momento, se queda una deuda de $1.750 millones que con el tiempo generaría la controversia que se dio en la caducidad o cesión de la calle 26”. Después Olano empezó a hablar mal de los Nule con el contralor Moralesrussi, precisamente para presionar el pago del dinero que se le adeudaba. En un momento dado, como lo admitió Nule en Panamá, la salida fue que se le pagaran $1.000 millones como aporte para su campaña y el resto para el contralor.