Hace cuatro años, luego de una fiesta de Halloween que tuvo lugar en la discoteca Penthouse, ubicada en la exclusiva Zona T de Bogotá, comenzó la historia judicial más divulgada de los últimos tiempos en Colombia: la muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de ingeniería industrial y economía de la Universidad de los Andes. Un caso de excesiva exposición mediática que, sin embargo, no ha logrado dilucidar el interrogante de fondo: si el joven de 20 años murió asesinado o si perdió la vida en un inexplicable accidente. (Lea: El forense que asegura que a Colmenares no lo mataron)
La Fiscalía insiste en que fue un homicidio agravado y que Colmenares fue golpeado con violencia antes de ser arrojado al caño del parque El Virrey, donde no pudo reaccionar. La Procuraduría dice que ninguno de los peritos en medicina forense que conoció el caso pudo aseverar con absoluta certeza que se tratara de un crimen. Un juez penal de Bogotá concluyó que las pruebas científicas, técnicas y testimoniales no demuestran el asesinato. El Tribunal Superior de Bogotá aseveró que Colmenares murió después de una violenta golpiza.
Lo único cierto es que tres peritazgos forenses practicados al cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares llegaron a la misma conclusión: el estudiante murió por “un edema pulmonar como consecuencia de asfixia por sumersión en medio líquido”. Es decir que, en estado de inconsciencia, murió ahogado. El oxígeno de sus pulmones fue reemplazo por agua y científicamente se evidenció en el llamado “hongo de espuma externo” que afloró en su boca y orificios nasales, dejando certeza del ahogamiento por broncoaspiración.
En otras palabras, desde el punto de vista forense, la muerte por homicidio sólo es una posibilidad. Sin embargo, como lo recalcó el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia del pasado 7 de octubre, es poco creíble que las ocho fracturas, siete heridas, cinco escoriaciones y abrasión del mentón que quedaron como señales en el rostro de Luis Andrés Colmenares fueran producto de la caída al caño desde una altura de 1,93 metros. Su tesis es que esas lesiones se produjeron antes de que el estudiante se ahogara en el caño del parque El Virrey.
En otras palabras, como insiste la Fiscalía, que Colmenares, con grado tres de alcoholemia, indefenso y sin alternativa de reacción, “fue agredido de forma violenta y brutal por terceros”, pero estaba vivo cuando fue abandonado en el canal del parque. Embriagado e inconsciente por las lesiones recibidas, falleció por asfixia. Hacia las siete de la mañana del 31 de octubre de 2010, cuando un bombero encontró el cuerpo sin vida del estudiante en el costado oriental del caño, ya habían transcurrido casi cuatro horas desde su desaparición.
A partir de ese momento empezaron los bandazos del ente investigador. Sin mayor evaluación de los testigos y basado en las conclusiones de la necropsia, el primer fiscal del caso, Édgar Saavedra, no se interesó por la tesis de que se hubiera tratado de un homicidio. La familia Colmenares no se resignó a este diagnóstico y logró la exhumación del cadáver en el cementerio de Villanueva (La Guajira). Entonces el médico forense Máximo Duque aportó la primera duda: las lesiones en el rostro no eran compatibles con una caída de altura.
El caso fue reabierto y entró en escena el segundo fiscal del caso, Antonio Luis González, a quien se le reconoce el interés por esclarecer las verdaderas razones de la muerte de Luis Andrés Colmenares, pero también se le atribuyen los crasos errores que convirtieron el expediente en un espectáculo mediático. Sin nombrarlo, en reciente fallo el Tribunal de Bogotá concluyó que no elaboró una estrategia basada en las alternativas que la ley ofrece, actuó sin objetividad y con apasionamiento insano, asumiendo además posturas autoritarias.
Durante el tiempo que estuvo a cargo del expediente, González se empecinó en demostrar que después de la fiesta de Halloween de 2010, en estado de embriaguez Luis Andrés Colmenares había sido agredido por un grupo de personas, encabezado por el estudiante Carlos Cárdenas; y que después habían subido el cuerpo a la parte trasera de un vehículo para dejarlo luego en el caño del parque El Virrey. Según el fiscal, Carlos Cárdenas lo hizo porque Colmenares estaba saliendo con Laura Moreno, quien había sido su novia meses antes.
También, el fiscal González extendió sus pesquisas a dos estudiantes más: la citada Laura Moreno y la joven Jessy Quintero. A la primera ordenó procesarla por homicidio agravado en coautoría impropia y a la segunda por falso testimonio y encubrimiento. Las dos habían testificado que al terminar la fiesta acompañaron a Colmenares porque quería comerse un perro caliente, cuando se precipitó el desenlace. Mientras Jessy esperaba en el carro de Laura, esta siguió con su amigo hasta que salió corriendo y saltó súbitamente al caño.
En octubre de 2011, las dos jóvenes fueron detenidas. En criterio de la Fiscalía, Laura Moreno mintió a la justicia, pues sabía de la golpiza a la que fue sometido Colmenares y, de acuerdo con Cárdenas, no dio aviso a las autoridades y organismos de socorro del estado en que se encontraba la víctima. Por eso se produjo su muerte en el caño. A su vez, la estudiante Jessy Quintero, en criterio de la Fiscalía, también había mentido para encubrir a sus amigos y darle validez a la versión del salto voluntario de Colmenares al caño del parque El Virrey.
En ese momento, el caso Colmenares ya era un show mediático. El 6 de junio de 2012, Carlos Cárdenas fue capturado por el presunto delito de homicidio agravado y enviado a la cárcel La Modelo. Aunque no duró mucho tiempo en prisión, lo mismo que las jóvenes Laura y Jessy en casa por cárcel, la obsesión del fiscal González provocó otras situaciones polémicas. De manera ilegal ordenó grabar conversaciones de la madre del sindicado Cárdenas, María del Pilar Gómez, y su abogada Aydeé Acevedo, y luego ordenó su detención.
Un juez admitió después que González desconoció la prohibición de interceptar comunicaciones de la defensa con su cliente y violó su derecho a la intimidad. Pero el fiscal estaba jugado y elevó los niveles de sintonía del caso cuando aportó tres supuestos testigos de la golpiza a la que había sido sometido Colmenares con el protagonismo de Carlos Cárdenas. Los testigos resultaron falsos, tiempo después confesaron su conducta ilícita y hoy están presos. Sus nombres: JonathanMartínez, José Wílber Ayola y Jesús Alberto Martínez.
Uno de los testigos falsos precisó que el fiscal Antonio González, un investigador judicial y el padre de Luis Andrés Colmenares le habían ofrecido dinero y prebendas a cambio de declarar contra Carlos Cárdenas y Laura Moreno. El auxiliar judicial Napoleón Botache, quien laboraba en el despacho del fiscal González, admitió ante la justicia que su jefe estaba obsesionado con el caso y esa fue la razón por la que consiguió los testigos, que hoy purgan condenas entre seis y ocho años de prisión. Ya para entonces, el caso judicial acaparaba noticieros.
Hubo más. Los principales abogados del caso fueron arrestados en distintos momentos por hablar a los medios. Primero Jaime Lombana, abogado del padre de Colmenares, y luego Jaime Granados, defensor de Laura Moreno. En otra ocasión, el protagonista fue el abogado Mario Iguarán, defensor de Carlos Cárdenas, enfrentado con Luis Colmenares. También se dijo que el padre de Laura Moreno había sido sorprendido ofreciendo dinero por teléfono para frenar la investigación. Todos estos incidentes, casi en vivo y en directo.
Cuando el fiscal González renunció y el caso lo tomó la entonces delegada ante la Corte, Martha Lucia Zamora, el proceso ya estaba contaminado. No pasaba un día sin que los noticieros aportaran algún dato. Un libro periodístico y una novela se sumaron al sainete. En las salas de redacción proliferaron las piezas procesales, las redes sociales rompieron tendencia. Hasta un medio digital se creó para “documentar” el caso. El primer polo a tierra en la realidad procesal sobrevino en junio de 2014, cuando un juez penal absolvió a Cárdenas.
Por apelación, el expediente llegó al Tribunal Superior de Bogotá. Con cuarta fiscal en el caso, María Victoria Parra, el ente investigador siguió insistiendo en la responsabilidad de Carlos Cárdenas, basado en que sí tenía motivos para agredir a Colmenares, pues estaba saliendo con su exnovia Laura Moreno, y porque además, en interceptaciones telefónicas legales, se le oyeron frases de grueso calibre o despectivas contra el fiscal que ordenó procesarle o contra los padres del joven estudiante fallecido en la madrugada del 31 de octubre de 2010.
Hace apenas tres semanas, el Tribunal ratificó la absolución de Carlos Cárdenas por duda razonable. Sin embargo, dejó sesudas observaciones sobre la posibilidad del homicidio. De paso resaltó la razón por la cual la Fiscalía ha fracasado en el tema: confundió el escenario en el que debía librarse el debate. “No era con despliegues ante los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación como se debía actuar, sino con objetividad y con prudencia, y ante los jueces y los tribunales”. Nada distinto a lo que sucede en otros casos.
Si bien es cierto que el sistema acusatorio acentúa los contenidos democráticos de los procesos penales, estos “no son espectáculos televisivos cuyas incidencias se determinan según los niveles de la audiencia. Lejos de ello, son escenarios en los que, a partir del respeto de unas reglas de civilidad mínimas concebidas como derechos fundamentales, se procura una razonable aproximación a la verdad para, sobre esa base, administrar justicia”, sentenció el tribunal. Nadie apeló en el caso Cárdenas. El próximo capítulo es el juicio a Laura Moreno y Jessy Quintero.
Las cámaras el día de los hechos
Como en su primera etapa, la Fiscalía no tuvo en cuenta la hipótesis de que la muerte de Luis Andrés Colmenares fuera un homicidio, no se pensó en buscar registros audiovisuales de la zona circundante al parque El Virrey. Hoy está claro que al menos hasta noviembre de 2011 ningún organismo de investigación se interesó por buscar esos archivos.
La propia Fiscalía admitió que sólo un año después de los hechos la Policía Judicial solicitó a una docena de establecimientos públicos aledaños al parque El Virrey los videos de sus cámaras de seguridad. La respuesta fue que ninguno conservaba algo de esa época. No existe una norma que lo obligue. Por eso no hay imágenes del 30 y 31 de octubre de 2010.
Unas versiones contradictorias
“No es razonable asumir que una persona que por su estado de embriaguez solicitó que le ayudaran a bajar unas escaleras y que estaba embriagada y caprichosa, sólo momentos más tarde aparezca corriendo, saltando una baranda y haciendo una especie de salto olímpico para arrojarse a un canal, tal como se les dijo a varios de los testigos que acudieron al juicio”.
Con estas palabras el Tribunal Superior de Bogotá formuló algunos reparos en torno a las versiones de Laura Moreno sobre lo sucedido con Luis Andrés Colmenares. Del otro lado del proceso se cuestiona que nadie haya visto moviendo un cuerpo hasta el caño, como dice la Fiscalía, sobre todo en un día de fiesta en el que circulaban decenas de personas.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo